La comarca toledana de La Sagra se ha convertido en los últimos años en refugio del crimen organizado por la discreción de sus poblaciones, sus magníficas comunicaciones por carretera y la cercanía a Madrid. Pero la Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan con intensidad para poner coto a los delincuentes. Ahora, en una operación conjunta que ha finalizado con 23 detenciones, ambos cuerpos de seguridad han conseguido desarticular una peligrosa organización especializada en el cultivo de marihuana y en el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos mediante el cobro de apuestas deportivas, adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama. 

Entre los arrestados, a los que se atribuyen supuestos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y revelación de secretos, se encuentran los dos líderes de la banda criminal, cinco personas relacionadas con un salón de juego de Illescas (Toledo) y un policía local de un municipio de Madrid al que se le acusa de una supuesta revelación de secretos. 

Las armas  incautadas.

Las armas incautadas.

En los 16 registros domiciliarios que se han llevado a cabo han sido incautados 205 kilogramos de cogollos y 5.000 plantas procedentes de doce cultivos de marihuana, cinco armas cortas de fuego, una escopeta con cañones recortados, numerosas armas blancas, 110.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama, tres inhibidores de frecuencia, un chaleco antibalas, una defensa extensible, un equipo de comunicaciones y distintos elementos destinados al cultivo de marihuana. Además, se han bloqueado las cuentas bancarias de los detenidos y de nueve domicilios por un valor total superior al millón y medio de euros.

Cultivos de marihuana

La organización fue capaz de mover tales cantidades de dinero gracias a la producción de multitud de plantaciones indoor de marihuana en las provincias de Madrid y Toledo, donde contaban con al menos doce cultivos, siete de ellos ubicados en una colonia de viviendas ubicada en el barrio de Villaverde, en Madrid capital, y otras cinco plantaciones en pueblos de la comarca toledana de La Sagra como Illescas, Yeles, Yuncler y Yuncos, en casas que ponían a su propio nombre y otras que alquilaban a nombre de terceros.

En ellas, presuntamente, tras recolectar las cosechas, empaquetaban las sustancias y las guardaban bajo grandes medidas de seguridad, a la espera de realizar su venta y distribución. Una vez obtenían beneficio económico con la actividad ilícita, se encargaban de darle curso legal mediante su blanqueo en diferentes negocios, como salones de masajes, concesionarios y, especialmente, en el salón de juego de Illescas.

Una de las plantaciones demanteladas.

Una de las plantaciones demanteladas.

Según una nota de prensa conjunta remitida por Guardia Civil y Policía Nacional, el inicio de las investigaciones comenzó a raíz de una serie de irregularidades en el cobro de premios de apuestas deportivas en ese establecimiento, donde se pudo confirmar la existencia de al menos once justificantes de premio por valor de 60.000 euros con signos de falsedad, emitidos a nombre de una pareja miembro de la organización y firmados por el responsable del establecimiento.

Los agentes pudieron determinar que el líder de la organización habría podido realizar apuestas por valor de 50.000 euros al día, dando unos beneficios al salón de apuestas de hasta tres millones de euros, facilitando la realización de estas apuestas, emitiendo certificados de premios falsos y ejerciendo en ocasiones de 'guardería' del dinero en efectivo.

Numerosas medidas de seguridad

Este amplio grupo criminal ahora desarticulado contaba con multitud de medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de vigilancia policial, lo que elevaba la peligrosidad de la investigación. Tenían hasta seis armas de fuego, incautadas durante la práctica de los registros, una de ellas con silenciador y otra señalada por la policía alemana por la comisión de un delito violento. Además, utilizaban inhibidores de frecuencia y vehículos lanzadera, realizaban contravigilancias para evitar el control policial e, incluso, contaban con la colaboración de un policía local de un municipio de Madrid.