Así ha 'jugado' el Gobierno del PP con la factura eléctrica

Durante cuatro años, el Gobierno ha jugado con las tarifas eléctricas como si fuera un prestidigitador. Auguraba bajadas y éstas bajaban. Pero casi siempre había truco y, acto seguido, y de manera silenciosa, volvían a subir. Otras veces, prometía descensos que nunca llegaban a materializarse.

Hace ahora un año, el Gobierno disfrutó de la fase de precios a la baja. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, presumía de dos años consecutivos de retrocesos en el precio de la luz, que atribuía al éxito de su reforma eléctrica (aprobada a mediados de 2013), con la que buscaba dar racionalidad a un sistema que provoca, desde hace años, dolores de cabeza a los consumidores.

El problema fue que el ministro miró a corto plazo y se olvidó de dar perspectiva a su análisis. Los precios bajaron en 2014, pero fue un descenso tan leve que enseguida cambió de signo. De los 0,235 euros por kilovatio hora (kWh) que pagaron los pequeños consumidores en 2012 se pasó a los 0,231 euros a finales de 2013 y a los 0,230 euros a cierre de 2014, según los datos publicados por la Comisión Nacional de Competencia (CNMC). A partir de ahí, subió.

Si el ministro hubiera mirado la foto completa de lo que llevaba de legislatura, no hubiera podido hablar de rebaja en la factura eléctrica de los hogares españoles. Todo lo contrario. Porque desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa en 2011 hasta el año pasado, los precios se encarecieron un 5%.

Un final de año al alza

El último año ha sido aún más severo con los consumidores domésticos. A cierre de los nueve primeros meses de 2015, el repunte de la luz respecto a 2011 es ya del 10%. O incluso más, según asume la propia patronal eléctrica. “En España, los precios de la luz han subido un 11% pero, en el conjunto de la Unión Europea, lo han hecho un 13%”, justifica, como comparación, el director de regulación de la patronal eléctrica, Unesa, Pedro González, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Y eso que este año han seguido las promesas. “Ante la mejora de las condiciones de demanda y el ahorro de costes que se está produciendo, se va a reducir la parte regulada del recibo eléctrico”, dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 10 de julio. “Será del 2,2% para los consumidores domésticos”, apuntó. Una rebaja que los consumidores íbamos a notar en noviembre.

Pero que no la hemos notado. “Sólo en el mes de noviembre, la subida ha sido del 3,5% y, de enero a noviembre, el alza ha llegado al 5,8%”, según explica Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua. Vista esta evolución alcista, será difícil de cumplir la nueva promesa del Ejecutivo de bajar la luz entre un 0,5% y un 1% para el próximo mes de enero a través de la reducción de los llamados peajes, uno de los conceptos que forma parte del complejo recibo de la luz.

El complicado recibo de la luz

Una de las razones que hace tan difícil bajar la factura eléctrica es que el precio de la energía es, en la práctica, la parte menos relevante de lo que pagamos los consumidores a final de mes. Un apartado que, además, cada vez pesa menos.

El recibo eléctrico es un puzzle. Los consumidores no sólo pagamos lo que cuesta la producción eléctrica. Hay más. Bastante más. Hay impuestos y, sobre todo, hay "peajes". Bajo este último concepto se esconde un cajón de sastre que incluye desde los costes de la distribución, lo que cuesta el uso de la red, pasando por la compensaciones a los sistemas no peninsulares (lo que cuesta llevar la electricidad a las Islas Canarias y a Baleares). O la interrumpibilidad. Otro concepto propio del mundo eléctrico y que se traduce en compensaciones que reciben grandes consumidores de electricidad (principalmente, grandes grupos industriales) a cambio de que dejen de consumir electricidad en fuertes picos de demanda para evitar que se caiga todo el sistema.

Todos esos conceptos, los peajes, cada vez pesan más en el recibo. Han pasado de suponer el 40,3% de la factura en 2011 a ser, actualmente, el 43,17%. Los peajes pesan más y la luz, menos. Hace cuatro años, el coste de la energía suponía el 40,27% del recibo mensual. A día de hoy, sólo es el 35,4%, es decir, poco más de un tercio del total, según la CNMC.

Queda la tercera gran pieza del puzzle: los impuestos, que sí han subido su peso en la factura durante el Gobierno de Rajoy. Si al inicio de la legislatura suponían el 19,38%, en la recta final son el 21,37% del recibo eléctrico. Hay que tener en cuenta que, por el camino, ha habido una subida del IVA y que sobre la energía eléctrica pesa un impuesto específico del 5%. “Tenemos más impuestos que los bienes de lujo”, se queja el director de regulación de la patronal eléctrica.

El problema de la ‘mochila’

Con este rompecabezas sobre la mesa, “el margen de intervención del Gobierno es muy pequeño”, admite el representante de Facua. En su opinión, el problema es la estructura del sistema en sí misma, las piezas que componen el puzzle eléctrico. Para solucionarlo, aboga por cortar por lo sano. “La solución es que el Gobierno fije la tarifa al 100%, que se evite la especulación”, afirma. “En 30 años, el precio de la luz se ha triplicado”, argumenta. “Hablemos claro, no hay competencia ninguna. Esto es un oligopolio”, recalca Sánchez.

¿Qué opinan las compañías? Las grandes eléctricas remiten a su patronal, a Unesa. Ninguna quiere valorar la evolución del precio de la electricidad para los consumidores en esta legislatura. La asociación sectorial, sí. Unesa asegura que, en estos años, “el coste de producir electricidad y llevarla a las redes se ha mantenido estable. Lo que ha subido son los costes del sistema”, asegura el director de regulación de Unesa. De nuevo, los peajes.

“Son una mochila que supone la mitad del recibo. Y no puedes hacer nada para quitártela. Da igual que consumas menos. Siempre está ahí”, explica Pedro González. También aboga, aunque pueda sorprender, por cortar por lo sano. “Con un precio adecuado, los consumidores podrán tomar decisiones más razonables. Hay dos millones y medio de consumidores que quieren cambiar de tarifa y, en este sector, tiene que suceder lo mismo que con la telefonía: que puedas elegir”, apunta.

Eliminar esa mochila “podría suponer una bajada de precios del 50% en la tarifa doméstica”, afirma, pero sin explicar cómo se estructurarían los precios en ese escenario. “Estamos en contra de los precios regulados”, matiza el directivo de la patronal.

Consumidores y empresas sí coinciden en que, en estos cuatro años, ha caído el consumo eléctrico. Un descenso del 4,6% entre el último año del Gobierno de Rodríguez Zapatero y finales de 2014, en el que la crisis ha tenido mucho que ver. “La demanda ha caído, así que la mochila de los costes tiene que repartirse entre menos”, reconoce Pedro González.

¿El final del déficit de tarifa?

Junto a la bajada de precios, la otra gran obsesión del Gobierno en materia eléctrica ha sido la eliminación del déficit de tarifa: la diferencia entre el precio de la luz y lo que cuesta producirla. Una deuda con las eléctricas que, en la práctica, hemos tenido que ir pagando los consumidores. Sin embargo, ahora el sistema es estable, según el Ministerio de Industria. No genera déficit, sino, incluso, superávit.

De hecho, el cálculo del Ejecutivo es que, este año, los ingresos superarán a los gastos en 550 millones de euros. En 2011, según calculó entonces la desaparecida Comisión Nacional de Energía (hoy dentro de la CNMC), ocurrió lo contrario y se generó un déficit de 3.784 millones de euros.

El Gobierno asegura que, gracias a esos 550 millones, la factura eléctrica irá descendiendo progresivamente a medida que se vaya amortizando la deuda del pasado. Ya se ha equilibrado el sistema pero aún quedan por pagar 26.000 millones de euros. El anhelado equilibrio se produce casi dos años después de que se aprobara la reforma eléctrica. Con ella, el Ejecutivo puso fin a una serie de parches con los que fue saliendo al paso, por ejemplo, de la polémica subasta eléctrica para fijar los precios de la luz a finales de 2012 y que ha derivado en una multa de 25 millones de euros a Iberdrola por manipular precios.

Se ha llegado al equilibrio porque, de un plumazo, se pegó un corte de 4.500 millones al déficit de tarifa con la citada reforma. De ellos, 900 millones de euros procedieron de los presupuestos generales del Estado; otros 900 de la subida de precios que se aplicó a los consumidores y 2.700 millones de las cuentas de la propias eléctricas, a las que se les redujo la cifra que recibían a través de los peajes.

Además, la reforma de 2013 será recordada por poner fin al sistema de primas a las renovables. En lugar de subvencionar su uso, se pasó a garantizar un retorno a la inversión del 7,5%. Fue el final de muchos proyectos de energía verde en España. El cambio fue, además, retroactivo, lo que ha abierto la puerta a una batalla judicial.

De vuelta a los consumidores, el otro gran cambio eléctrico del Gobierno Rajoy tiene que ver con cómo se mide el consumo de los hogares españoles. En 2014 llegaron los contadores digitales. “Tener un contador nuevo es un 50% más caro que antes. Las eléctricas los van a cobrar durante un número determinado de años, es decir, los seguirán cobrando cuando ya los hayan amortizado. Será, directamente, un beneficio para ellas”, asegura el portavoz de Facua.

Con el contador eléctrico ha llegado la posibilidad para pagar en función de las horas a las que se consuma. Los beneficiados, los consumidores domésticos con Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), el nuevo nombre de la Tarifa Regulada (cambió el nombre una vez desaparecieron las subastas).

Las propuestas electorales

Ahora, de cara a las elecciones, los cuatro partidos políticos con opciones de gobierno hacen un guiño a los consumidores. El PP promete que “congelará la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno”. No habla de bajadas de precios salvo si hay superávit entre ingresos y gastos, que se “destinará a reducir la factura del consumidor”. El PSOE, siete años después del inicio de la crisis, propone crear un “marco de cobertura social” que permita el suministro de ”energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo”.

Podemos también habla de no cortar la electricidad cuando el impago de una factura sea por “motivos ajenos a la voluntad” del consumidor y busca recuperar la electricidad como “servicio público”. Esta medida pasaría por la “creación, por parte de cada comunidad autónoma, de una empresa comercializadora de electricidad de titularidad pública”.

Mientras, Ciudadanos propone modificar el sistema de formación de precios para disminuir los costes de pequeñas y medianas empresas y familias, aunque no detalla cómo lo llevará a cabo. Dice que quiere impedir que las empresas de generación, distribución y comercialización continúen formando parte del mismo grupo empresarial. Habrá que ver, cuándo lleguen al Gobierno, cómo se traducen las promesas de cada partido en propuestas concretas.