El Salvador sufre una de las peores crisis hídricas de la región centroamericana. La escasez de agua, las explotaciones de los acuíferos locales por parte de multinacionales extranjeras a través de los denominados 'proyectos de muerte' y la falta de respuesta política del ejecutivo de Nayib Bukele, han agravado una crisis humanitaria sin precedentes. La mala gestión del agua durante décadas y el cambio climático han provocado que el 80% del terreno salvadoreño se encuentre en una situación de "estrés hídrico". No hay agua suficiente para todo el mundo.

Regiones como la ciudad de Soyapango, que durante 22 días de pandemia no tuvo servicio de agua, y cuyo 70% de la población (más de 280.000 personas) no tiene recursos para el mantenimiento de sus hogares, dan buena cuenta de la situación dramática que viven algunas regiones de El Salvador. En cientos de comunidades, especialmente las regionales, los recursos hídricos no sólo escasean para el aseo personal o la limpieza, sino para cuestiones esenciales como el regadío de los cultivos de autoconsumo o el mero hecho de hidratarse con agua limpia.

El ejecutivo del populista Nayib Bukele, el conocido como 'presidentetuitero', propuso contrarrestar esta situación crítica con una Ley General de Aguas que fue aprobada el pasado diciembre en Asamblea Legislativa. Sin embargo, a pesar de que partía como una normativa para dar acceso universal al agua limpia y saneada (ODS 13) a toda la población salvadoreña, no ha convencido a los grupos ecologistas ni a las comunidades regionales, con las que no se ha contado para la medida, y que hoy la critican por ser insuficiente e incluso lesiva e injusta.

Contra los "proyectos de muerte"

Karen Ramírez es gerente de la Asociación de Ayuda Humanitaria Pro Vida, una ONG que nació en las zonas de conflicto armado durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992). Ella y su equipo buscan llevar servicios esenciales como el agua a la población que no tiene capacidad de acceder a elementos básicos. Su objetivo es suministrar ayuda humanitaria a la población desfavorecida y trabajar en territorios rurales y fronterizos, así como denunciar la falta de acceso a recursos hídricos y las explotación de los acuíferos.

"En diciembre fue aprobada la Ley General del Agua, aunque más bien es una ley de recursos hídricos, que no es lo mismo", señala Ramírez. "Nuestro enfoque, desde la sociedad civil, era delimitar una ley que respetara el principio de universalidad de agua, que fuese un bien público y que no experimentara ningún tipo de sometimiento a los procesos de mercantilización ni estuviera sujeta al mercado".

"Lo que no existe es una gestión equitativa", denuncia la activista Karen Ramírez de la Asociación de Ayuda Humanitaria Pro Vida

Tanto el Foro del Agua, la organización que vela por el acceso al agua en las comunidades más empobrecidas, como el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, Pedro Arrojo, han observado con inquietud esta nueva ley. "No se crea la figura del permiso de abastecimiento de poblaciones rurales y urbanas, por lo que las juntas locales están obligadas al pago de impuestos, generando un posible incremento en las tarifas de los usuarios", denunció Foro del Agua.

"Esta nueva ley plantea que se otorguen permisos o concesiones a las empresas privadas durante 15 años, mientras que a los comunitarios tan sólo por 5. Eso demuestra que el poco agua que tenemos lo estamos priorizando para un uso comercial o para generar ganancias de unos pocos", critica. "Además, en El Salvador tenemos áreas totalmente protegidas que se están liberando para ser urbanizadas. Va a haber más demanda de consumidores y se va a impermeabilizar una parte del territorio. Luego está la demanda de la industria cañera o las empresas de explotación de agua como Coca-Cola". 

En este totum revolutum de injusticia social y falta de acceso al agua limpia y saneada, Karen Ramírez sostiene que en El Salvador hay recursos suficientes, pero "lo que no existe es una gestión equitativa" y señala que "se están generando casos de injusticia hídrica" de lo más flagrantes, lo que choca contra los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas. 

El caso de Coca-Cola

Uno de estos "proyectos de la muerte", como los denominan los lugareños, lo protagonizó Coca-Cola hace unos años. La multinacional planteó, a través de sus empresas subsidiarias, ampliar su negocio de embotellamiento de agua perforando un nuevo pozo cerca del municipio de Nejapa, de 30.000 habitantes, lo que puso en peligro la subsistencia hídrica de sus ciudadanos.

"Para nosotros fue algo injusto: no es posible que Coca-Cola llegue a El Salvador para exportar bebidas gaseosas y energizantes, cervezas y agua envasada a toda la región centroamericana pero que las comunidades originarias de esa zona explotada no tuvieran acceso siquiera a agua potable", denuncia Ramírez, y señala que parte de la hipocresía de los países y las empresas occidentales reside en su doble vara de medir en materia de derechos humanos y transición ecológica cuando se trata de expandir sus negocios en regiones en desarrollo.

"Coca-Cola dijo que, a cambio de explotar este acuífero, iba a duplicar el nivel de agua de otros acuíferos en todo el mundo, es decir, que iba a retornar al medio ambiente el doble del agua que había extraído. Pero no es coherente promulgar un principio que permita tomar los bienes naturales de una región más pobre o en desarrollo y venir a hacer las acciones de remediación a Europa o a Estados Unidos", sostiene.

"Si las riquezas se están generando para un país europeo, debería darse al menos el cumplimiento de todos los principios de derechos humanos que requieren las empresas en sus países de origen". El problema, señala la activista, es que cada día es más complicado saber cuáles son esas empresas porque generalmente utilizan subsidiarias". Gracias al esfuerzo de organizaciones como Pro Vida y de Alianza por la Solidaridad, se recogieron 32.000 firmas que impidieron, al menos de forma temporal, la ampliación de Coca-Cola.

Sin embargo, no es la única compañía. Las represas de Fénix S.A., que ha destruido en parte el santuario arqueológico Tacushcalco y contaminado su biodiversidad local, en un claro ataque contra la población indígena local, o la inmobiliaria Dueñas, cuyas licencias de construcción fueron aprobadas por el ministro de medioambiente de Bukele, y cuyo plan urbanístico afectará al suministro hídrico de los lugareños del Valle del Ángel, "son empresas con nombres salvadoreños". El problema, señala Karen Ramírez, es que "no sabemos los capitales que mueven estas empresas, sólo que han puesto en grave situación" algunas regiones del país.

Algunos informes señalan que hasta el 68% de los recursos hídricos del pais están contaminados

Además, no sólo hay empresas que llegan a El Salvador a hacer sus negocios aprovechando los recursos locales para exportar sus productos en el resto del mundo. Siguiendo las lógicas excluyentes de la brecha social, hay personas que se mueren de sed mientras se riegan campos de golf, se urbanizan grandes extensiones de tierra, se suministran cultivos intensivos de caña de azúcar y se utilizan de forma indiscriminada agrotóxicos y químicos contaminantes que acaban vertidos en las pocas aguas sanas que quedan en el país.

La guerra por el agua en El Salvador es crítica. Algunos informes señalan que el 68% de los recursos hídricos del país están contaminados, que el 80% del país sufre un estrés hídrico y que, de seguir la situación sin adoptar medidas urgentes por parte de las instituciones gubernamentales, especialmente tras el recrudecimiento del calentamiento global, gran parte del país podría llegar a ser inhabitable en el próximo siglo.