2022 ha comenzado con el agua como principal preocupación en el norte de la provincia de Granada. La sequía anuncia restricciones en los regadíos que amenazan a los agricultores, se denuncian más de 500 pozos ilegales en la comarca de Baza y continúa el enquistado conflicto del trasvase del río Castril, que desde 2006 enfrenta a ecologistas y ayuntamientos situados en el nacimiento del afluente con el resto de la comarca. Para resolver estos conflictos –y los que quedan en el futuro– las instituciones locales de la zona han lanzado una fórmula casi inédita en España: el contrato de Río.

Se trata de un modelo de participación en la gestión del agua nacido en Francia en los años 90 que garantiza la convivencia de los regadíos con la conservación de los ecosistemas desde la gestión local y que hasta ahora en España tenía un solo precedente, el del río Matarraña, en Aragón, de 2003.

Estos “contratos de río” son compromisos realizados entre las administraciones locales, como los ayuntamientos o las mancomunidades, con la sociedad civil, que va desde agricultores hasta ecologistas. El objetivo es coordinar medidas de gestión del agua que permitan un uso sostenible de la misma y la conservación de zonas protegidas –en el caso del Altiplano granadino, la cuenca del Río Castril–, así como que el desarrollo económico y social territorial sea compatible con las funciones naturales de los ecosistemas.

Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel y presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Altiplano de Granada, explica a ENCLAVE ODS cómo éste último espacio fue el origen del Contrato de Río del Guadiana Menor cuando se constató que las principales preocupaciones de la mayoría de instituciones y asociaciones de la zona “siempre pasaban por el agua”. Torregrosa recuerda que las decisiones finales “seguirán en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)” pero que su modelo busca “soluciones negociadas y consensuadas por todos los actores” afectados por los usos del agua.

Queremos arreglar los problemas, pero con cohesión territorial y soluciones conjuntas”, indica el alcalde de Benamaruel

El Contrato de Río del Guadiana Menor se constituyó el pasado diciembre en el municipio de Castillejar y su objetivo era sumar a los más de 20 de ayuntamientos de la zona para septiembre de este 2022. Quieren incluir a todas las comunidades de regantes, plataformas y asociaciones ecologistas de la zona ya que, según apunta el primer edil, “cada uno por su cuenta no tiene visión de conjunto”. Aunque entiende que la capacidad de imponer determinadas decisiones de la fórmula es nula, explica que la idea es "alcanzar acuerdos por unanimidad que se respetarían porque surgirían de los mismos afectados y en negociación en común. Queremos arreglar los problemas, pero con cohesión territorial y soluciones conjuntas”.

Entre los promotores del Contrato de Río del Guadiana Menor se encuentran la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores (AGAPRO) o la Plataforma en Defensa del Río Castril, que durante 2019 estuvieron manteniendo numerosas reuniones informativas en las comarcas de Baza y Huéscar. Ese mismo año, desde la GDR se visitó la zona del Matarraña, en Teruel, para conocer la experiencia con la fórmula en Aragón, que implicó hasta 27 ayuntamientos y tres comunidades autónomas para mediar en el conflicto en los usos del agua, entre el regadío y el turismo, en el año 2003.

"Como hemos visto en Doñana, la sobreexplotación tiene graves consecuencias, como el secado de manantiales", señala Leandro del Moral

También se ha contado con la participación de la Fundación Paisaje, la Comunidad de Regantes del Canal de Jabalcón, la Plataforma de Protección de la Ribera del Guadiana Menor y la Asociación de Empresarios de la comarca de Huéscar. El objetivo final será presentar propuestas conjuntas al III Ciclo del Plan Hidrológico del Guadalquivir.

La sobreexplotación de acuíferos

Leandro del Moral, catedrático del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y experto en políticas de gestión de recursos hídricos, ha seguido el proceso del Guadiana Menor desde sus comienzos. Defiende que un contrato de río “tiene la virtud de que es algo que surge en el territorio, que va de abajo arriba, con cierto apoyo institucional pero siempre local: ayuntamientos, cooperativas, comunidades de regantes, asociaciones y plataformas ciudadanas… y eso es lo que le da el valor de entrada”.

Luego recuerda que la operatividad que pueda tener “depende de que las administraciones con capacidad de decisión atiendan a las conclusiones negociadas por ese tejido social”. En el caso del Matarraña, lo fueron por la Confederación Hidrográfica del Ebro. En este nuevo modelo “falta ese paso con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir". Uno de los principales problemas que ve que deberá afrontar, “común a toda Andalucía”, es el de la sobreexplotación de acuíferos subterráneos por parte de regadíos ilegales. “Como hemos visto en Doñana, tiene graves consecuencias como el secado de manantiales, la contaminación de las aguas y la afecciones a los regadíos históricos”.

"Debemos asumir que cada vez tenemos que usar menos agua", señala el catedrático de la Universidad de Sevilla

Miguel Ortiz, portavoz de la Plataforma en Defensa del Río Castril, impulsores del Contrato, son uno de los protagonistas de la polémica recurrente en torno al trasvase del Río Castril, que nace en 2006 tras un Decreto de Sequía establecido por Gobierno central y el cual aprobó una recanalización desde el nacimiento del acuífero hacia la comarca de Baza, más tarde paralizada por el Tribunal Supremo. Ortiz explica que para ellos el Contrato de Río es “una buena solución”.

Entiende que esa coordinación entre partes en el Guadiana Menor “ya se estaba consiguiendo” porque hubo unanimidad en las alegaciones en la anterior fase del Plan Hidrológico. “Como eso estaba funcionando, haciendo fuerza tanto con las comunidades de regantes tradicionales como con los ayuntamientos, entendimos que era la manera de continuar con el trabajo ya existente”, concluye.

Por su parte Leandro del Moral, sobre usos futuros del agua, nos recuerda que “estamos en un proceso en el que tenemos que asumir que tenemos que usar menos agua… porque hay menos. Ya estamos usando más de la que hay, por eso hablamos de sobreexplotación… pero es que además está asumido científicamente, técnicamente y por los planes hidrológicos que en 10-15 años va a haber menos agua. Por tanto tenemos que utilizar menos agua. No es solo eficiencia, es respetar los límites del sistema acuático”.