100 municipios cercados con nuevas minas en Colombia sin acceso para el desminado humanitario

Tierra segura, pasos seguros, hogar seguro. Estos tres conceptos son los que Naciones Unidas ha decidido utilizar este año para bautizar al 4 de abril, el Día Internacional de Concienciación contra las Minas. Tierra segura, porque, como pide el secretario general de la ONU, António Guterres, es necesario “sustituir los campos de minas por zonas de juego”.

Pocos conocen, como explican desde Naciones Unidas, “la inquietud y agonía” que sufren aquellas personas que “se mueven sin saber si detonarán un explosivo que podría mutilarlos o matarlos en cualquier momento”.

El último informe del Monitor de Minas Terrestres, la iniciativa de la sociedad civil que monitorea la campaña internacional para la prohibición de minas, publicado en noviembre de 2021, aseguraba que en el último año los heridos por este tipo de explosivo estaba incrementando respecto a años anteriores.

En 2020 –último año del que se tienen datos oficiales–, el Monitor de Minas Terrestres registró 2.492 muertes y 4.561 heridos. Estos datos, en palabras de la directora editorial de la iniciativa, Marion Loddo, suponen un “desafío persistente para implementar el Tratado de Otawa”. Y es que la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales se propuso, allá en 1997, cuando se creó, eliminar por completo este tipo de explosivo.

Para Loddo, la única manera de conseguir ese ambicioso objetivo de vivir en un mundo sin minas antipersona requiere que “los países redoblen sus esfuerzos para acelerar los programas de desminado”. Sólo así se podrán crear esos “hogares seguros” de los que habla el eslogan de este año de la ONU.

Uno de los países que ha hecho un mayor esfuerzo en este sentido es Colombia. Con un total de 12.152 víctimas registradas a 31 de enero de 2022, es el segundo lugar del mundo donde más personas han sufrido los estragos de las minas antipersona. Sólo le precede Afganistán, donde, según el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), desde la guerra de 1989, alrededor de 40.850 civiles han perdido la vida por este tipo de munición.

"Minas improvisadas" en Colombia

“La situación colombiana ha sido siempre bastante compleja”, explica Pablo Parra, director de Programas de UNMAS en Colombia. Cuenta que, incluso, llegó a haber picos de 1.200 víctimas anuales en los momentos más intensos del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, desde las negociaciones de los acuerdos de paz, que terminaron en 2016, “el número empezó a disminuir”.

El contexto del país latinoamericano, y su conflicto, hacen que, como asegura Parra, no haya “grandes campos minados”; aunque no por ello la situación es sencilla: “Las minas en Colombia son de manera improvisada, es decir, están fabricadas con productos que encuentras en la casa o la basura”, cuenta.

Tradicionalmente, se han colocado para prevenir el acceso de las fuerzas de seguridad del Estado en un territorio controlado, hasta ahora, por las FARC, para proteger plantaciones de coca o para desplazar y controlar a la población civil de determinada zona. “No son muchas, pero hacen un daño enorme”, confiesa Parra.

Pese a todo, el camino que ha realizado este país ha sido ingente. De los 1.122 municipios que existen en Colombia, hace una década al menos 720 contaban con minas antipersona en su territorio. “Ahora, sólo quedan 300 con problemas de contaminación [por minas]”, asegura Parra.

Nuevas minas en Colombia

Desde que se llegara al acuerdo de paz con las FARC hasta hoy, a pesar de que parecía que la situación se estabilizaba en el país, “ha habido muchos problemas”, confiesa Parra. Y es que, cuando los guerrilleros dejaron de sembrar los campos con minas, aparecieron nuevos –o, más bien, viejos conocidos– que tomaron el relevo.

En 2022, Parra reconoce que hay un centenar de municipios, al los que el desminado humanitario no tiene acceso, donde tienen “evidencia de nueva presencia de minas”. No en balde el año pasado este tipo de explosivo se cobró la vida de 150 civiles. “En lo que llevamos de año, ya hay cerca de 50 víctimas; las ganancias se están reduciendo”, advierte el experto.

Y es que, confiesa, la “dinámica de conflicto” se está incrementando. Los responsables de esta nueva utilización de minas antipersona en Colombia son, como recuerda Parra, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que nunca llegó a firmar el acuerdo de paz, dos grupos independientes de “disidencias de FARC”, y el Clan del Golfo, una organización dedicada principalmente al tráfico de droga.

El motivo de este repunte de la violencia se debe, según Parra, a que “los disidentes de FARC se fueron desencantando con los acuerdos, y poco a poco han ido creciendo y aprendido a fabricar minas”. De ahí que hayan adoptado tácticas, como el minado de poblaciones, similares a las utilizadas en el conflicto anterior.

Reincorporar a excombatientes

Desde que se firmase la paz con las FARC, UNMAS ha apostado por la “reincorporación” de excombatientes en unas comunidades y una sociedad rotas por décadas de conflicto. Para ello, en 2017 se creó, como resultado de los acuerdos, una organización civil de desminado humanitario, Humanicemos DH.

Ahora, aunque, como recuerda Parra, llegue con retraso, acaba de ponerse en marcha un proyecto piloto con excombatientes llevado a cabo por el conocido como Mecanismo Tripartito, que forman la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) del Gobierno de Colombia, el componente Partido Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR Comunes), las Naciones Unidas por medio de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y UNMAS.

Este ayudará a las autoridades y a la ONU a recabar información sobre la localización de minas antipersona en el país. Por el momento, son 13.000 los excombatientes desmilitarizados que van a ayudar en esta iniciativa que, como recuerda Parra, busca “la reconciliación con las comunidades con las que trabajan”.