El lobo ha vuelto al centro de todos los debates. Los grupos parlamentarios piden diálogo y consenso tras la propuesta del Partido Popular de rectificar la prohibición de cazar al lobo en todo el territorio español. La Proposición de Ley de los populares propone proteger al lobo al sur del Duero. Es decir, vuelve a abrir la puerta a la caza de esta especie en el resto del territorio nacional.
La diputada por el Partido Popular, Milagros Marcos, aseguraba en el pleno celebrado ayer martes 24 de mayo en el Congreso de los Diputados que la decisión del PSOE de "incluir al lobo en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) no es protegerlo, es acabar con la ganadería". A su juicio, la normativa actual no sirve, porque "hay que establecer mecanismos flexibles de control que permitan una convivencia".
Por contra, Juan Antonio López de Uralde, diputado por Unidas Podemos y antiguo director de Greenpeace España, recordaba que el nuevo estatus del lobo lleva en vigor tan sólo ocho meses, por lo que los impactos de su protección en la ganadería no se han podido comprobar aún.
Los datos, afirmó, demuestran que su población está estancada por una alta mortandad no natural. Además, recordó los beneficios que reportan y pidió que se deje de perseguir al lobo.
Un 'problema' histórico
Hasta 1970, el lobo era considerado como una alimaña en España, un animal que atacaba o hacía daño a la caza menor o al ganado. Con la ley estatal aprobada el 4 de abril de aquel año, pasó a clasificarse como especie cinegética. Así, entraron en vigor las primeras reglas para su caza en nuestro país.
Hasta entonces, se mataba indiscriminadamente a sus poblaciones con venenos, cepos o lazos y en cualquier época del año. Las consecuencias de estas matanzas sin orden ni concierto desembocaron en una crisis de biodiversidad.
La población del lobo disminuyó de manera radical en las décadas de los 60 y 70, cuando estuvo cerca de extinguirse. No obstante, la Ley de Caza de 1970 prohibió, entre otras cosas, la utilización de veneno, lo que favoreció una cierta recuperación de la especie.
En España, son cuatro las comunidades que acogen en torno al 95% de la población del lobo ibérico: Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Las últimas estimaciones apuntan a que habría entre 2.000 y 2.500 individuos en todo el territorio, distribuidos en al menos 297 manadas.
El problema es que estos ejemplares, carnívoros, habitan zonas donde existe una intensa y amplia actividad ganadera que denuncia habitualmente ataques de lobos a sus animales.
Qué protección tiene
Uno de los objetivos de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea es proteger las poblaciones de animales silvestres y establecer la necesidad de conservarlos en un estado favorable. Esta normativa comunitaria catalogó al lobo como Especie de Interés Comunitario, una consideración que dejaba en el tejado de cada Estado miembro la protección estricta de la especie en su legislación nacional.
De hecho, puntualizaba que “las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales”.
En España, la transposición de la directiva –a través del título III de la Ley 42/2007– distingue entre las poblaciones de lobos que habitan al sur del Duero, que disfrutan de una “protección estricta”, y las que habitan al norte del río, que pueden ser objeto de “medidas de gestión”.
Junto con la prohibición general de captura o sacrificio que establece la Directiva, su artículo 16 permite excepciones si se dan una serie de condiciones. Entre ellas, “para evitar daños graves a los cultivos, al ganado, a las pesquerías y a las aguas, así como a otras formas de propiedad”.
Con el Real Decreto de 2011, se crearon tanto el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) como el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Ambos han sido modificados posteriormente.
El primero es precisamente la que ha vuelto a encender el debate y a enfrentar posturas en España. La razón es que la última orden ministerial, aprobada en septiembre de 2021, supuso una decisión histórica en España, porque se prohibió la caza del lobo en nuestro país al incluir esta especie en el LESPRE.
Hasta ese momento, antes de verse incluido en el listado, la protección del lobo era parcial: al norte del Duero aún se podía cazar bajo permisos especiales y condiciones particulares. Sobre todo, para proteger la ganadería de la zona.
Por qué proteger al lobo
Con la inclusión del lobo en este listado, la captura de este animal en la totalidad del país sólo se puede producir bajo unas condiciones determinadas y bajo autorización expresa de la comunidad autónoma. No obstante, es necesario que el afectado demuestre que ha aplicado todas las medidas preventivas posibles para proteger a su ganado y que, aun así, no hayan sido efectivas.
La decisión de incluir al lobo en el LESPRE no significa permitir que el animal campe a sus anchas. Y aunque es cierto que su población puede verse aumentada, como advirtieron en su día desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en zonas específicas se evaluaría y certificaría el perjuicio causado por este animal para tomar medidas. Pero sólo de manera excepcional.
Antes de esta decisión, un comité de expertos respaldado por más de 300 científicos aseguró en un informe que el lobo debía ser considerado como “vulnerable” y dejaba constancia de su importancia en los ecosistemas naturales.
El lobo tiene un importante papel de superdepredador. En suma, favorece el equilibrio entre especies, porque complementa la labor que realizan otros animales con los que comparte hábitat, como puede ser el zorro.
Sin embargo, durante décadas ha sido objeto del furtivismo y de matanzas ilegales. Asimismo, se han utilizado en ocasiones como señuelos por ganaderos que cobraban altas indemnizaciones por supuestos ataques de lobo a su ganado o incluso confundían sus agresiones con las de perros salvajes.
Dos posturas enfrentadas
Las cuatro comunidades con más presencia de lobo (Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria) han manifestado su profundo rechazo a la normativa aprobada hace un año. Argumentan que ocasionará un daño al sector ganadero, problemas sociales y dejan a las comunidades sin herramientas para gestionar la situación. Hasta entonces, los planes y programas de lobo permitieron matar a 420 lobos en la temporada de 2019-2020.
Por su parte, los ganaderos llevan años denunciando que los pagos por los ataques de lobo a su ganado no compensan los perjuicios sufridos. En su opinión, están poniendo en serio riesgo a su sector.
En Asturias, por ejemplo, según el análisis recogido en el actual plan de actuaciones de control del lobo 2021-2022, en los dos últimos años fueron casi 6.000 las reses afectadas. En Galicia, el año pasado, se produjeron en Galicia 1.167 avisos por daños de lobo y 2.024 reses fueron objeto de los ataques.
Por su parte, en Cantabria se han contabilizado 506 agresiones de lobo en las diferentes comarcas de la región y un total de 690 reses muertas; y Castilla y León sufre 604 ataques de lobo desde 2018 con 907 cabezas de ganado muertas.
Desde las organizaciones ecologistas, sin embargo, creen posible un equilibrio entre la conservación del lobo y el mantenimiento sostenible de la actividad ganadera. Luis Suárez, delegado de conservación en WWF, asegura que “no se hace nada cazándolos y matándolos, porque no se va a resolver el problema”.
Como comenta el experto, aún no se han puesto en marcha las estrategias de prevención y las de compensación rápida por daños en las distintas comunidades autónomas. “Esto evitaría los sobrecostes de la ganadería”, asegura. Y añade que para ello, el Miteco tiene unos 20 millones de euros disponibles para cofinanciar la aplicación de estas medidas.
No obstante, lamenta que son las propias comunidades las que están bloqueando el desarrollo de una estrategia nacional que puede evitar perjudicar tanto al lobo como al ganadero. “Aún creemos que la coexistencia en España es posible”, sentencia Suárez.