La guerra de Putin ha acelerado lo que ya se venía gestando desde hace años en países como el nuestro, como es la necesidad creciente de minerales estratégicos para, entre otras cosas, cumplir con los objetivos climáticos de la Unión Europea. Y en un momento de urgencia, las minas vuelven al centro de todas las miradas. También en el hemiciclo.

La propuesta de reforma legislativa presentada este martes en el Congreso de los Diputados no ha conseguido salir adelante. La iniciativa, impulsada por Unidas Podemos, pretendía endurecer algunas de las medidas relativas a la extracción en zonas protegidas de la Red Natura 2000 y establecer un gravamen mayor a las empresas extractivas.

La actual ley de minas se aprobó en tardofranquismo, en el año 1973, cuando en España se vivía una etapa de desarrollismo que apostaba por la industria minera y el crecimiento económico. El problema es que por aquel entonces no se tenían en cuenta los impactos medioambientales de este sector. Al menos, no al nivel actual.

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En este sentido, el texto normativo pretendía alinear la normativa vigente con los principios comunitarios de protección ambiental. Entre otros, los principios de cautela prevención, corrección de los atentados al medio ambiente y con otros compromisos internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por España en 2015.

En este último objetivo climático se aboga por asegurar la conservación de los ecosistemas, la gestión forestal sostenible, su restauración ecológica y actuaciones dirigidas a revertir la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, las demandas de minerales estratégicos van a más, sobre todo en España, país al que la UE reconoce como una “isla energética”, por su enorme potencial para producir energía renovable.

Al albur de este boom de proyectos, subyace una industria minera que, como recoge la estadística nacional, ha experimentado una leve caída en nuestro país en términos de producción en los últimos tres años. Sobre todo, como consecuencia del cierre definitivo de minas de carbón en el 2018.

En una entrevista con este periódico, Ana María Alonso, directora del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), señalaba que España es uno de los países que más potencial extractivo tenía, pero recordaba la necesidad de explotar esos recursos de una manera “racional” y “sostenible”.

Hay que recordar que, en 1998, nuestro país vivió el mayor desastre ecológico de toda Europa. La balsa minera de Aznalcóllar se rompió y vertió unos 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y unos dos millones de aguas ácidas con metales pesados a los ríos Agrio y Guadiamar.

Aún hoy perviven los daños ecológicos de aquella catástrofe medioambiental. Los estudios científicos realizados sobre el terreno reconocen que aunque los suelos están estables y no encierran peligro, las concentraciones totales de metales tóxicos siguen siendo altas.

Cristóbal López, responsable de minas en Ecologistas, explica que en España las fianzas para las empresas extractivas “son muy bajas” y “la pagan, pero después dejan un desastre de millones de euros”. Por este motivo, critica que se tiene que exigir una cantidad mayor acorde a la contaminación que se cause, algo que sí recogía la propuesta legislativa minera. Insiste en que la cuestión “no es dejar de extraer, es no contaminar”.

Los daños medioambientales acaban dando paso a una restauración inevitable y costosa. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) acordó este año el reparto a las comunidades autónomas de 90 millones de euros para la recuperación de zonas afectadas por la minería, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta cuantía se une a los 698 millones ya transferidos en 2021 en el marco de la Componente 4 del PRTR, que cuenta con una dotación de 1.642 millones. Una partida destinada a alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante la restauración ecológica.

De la extracción a la 'minería urbana'

Como recoge en un informe el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), y como se está comprobando ahora con la guerra de Ucrania, la alta dependencia de terceros países plantea una crisis de vulnerabilidad que amenaza el desarrollo económico y la seguridad. Por este motivo, la UE ya incluye en su plan de acción la necesidad de diversificar el suministro de minerales críticos.

Hasta ahora, los países comunitarios dependen enormemente de la importación de minerales estratégicos como el cobalto, el litio o las tierras raras. Materiales que son imprescindibles para cubrir la demanda creciente de vehículos eléctricos, placas solares o aerogeneradores.

Un estudio de la universidad belga KU Leaven publicado recientemente recogía lo que la UE también recuerda en esa lista de metales críticos, como es que ni siquiera las existencias actuales de minerales pueden cubrir la demanda mundial. Es más, sentencia que “Europa podría enfrentar problemas alrededor de 2030 debido a la escasez mundial de suministro de cinco metales, especialmente: litio, cobalto, níquel, tierras raras y cobre”.

En este punto, destaca una idea que aún está por desarrollar en nuestro país, como es la minería urbana. Es decir, se trata de obtener recursos estratégicos y minerales escasos de los residuos electrónicos que desechamos. Como recoge un artículo publicado en este periódico, se cambian al mes unos 10 millones de teléfonos inteligentes. De cada uno de ellos, se pueden extraer recursos estratégicos como wolframio, oro o coltán, entre otros.

Esta no es una opción sustitutiva de la industria minera extractiva, pero sí puede ser un complemento en un momento de urgencia y necesidad creado por la transición energética. Además, esta alternativa ayuda a rebajar la contaminación que produce la acumulación de estos residuos en vertederos y se alinea con los objetivos marcados por la UE en su plan de acción. Sobre todo con los que tienen que ver con la reutilización, la reparación y el reciclado de los productos.