El pasado 30 de junio, el presidente chino Xi Jinping viajó a Hong Kong para conmemorar el 25 aniversario de la vuelta de la excolonia británica a la soberanía china y acudir a la toma de posesión del nuevo jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee. Tras más de dos años, fue su primer viaje fuera de las fronteras de la China continental tras el estallido de la pandemia de la Covid-19.
No obstante, la celebración no llega en el mejor momento para los hongkoneses. Las libertades y la relativa independencia de la isla están siendo socavadas por las continuas intervenciones del Gobierno en Beijing, que está cercando cada vez más su autonomía.
“Independientemente de cómo se mida la democracia, ha retrocedido desde el traspaso de Hong Kong”, indica Brendan Clift, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Melbourne. Y añade: “Se prometía un avance gradual y ordenado hacia la democracia plena, pero se ha producido todo lo contrario”.
La imposición de la Ley de Seguridad Nacional y la reforma del sistema político sólo han sido las dos últimas expresiones de una trayectoria que podría acabar por conducir a la isla hacia una completa integración con el resto de China.
“Xi supervisa la toma de posesión de un nuevo líder elegido por las autoridades de Beijing en un territorio donde la ley —y su aplicación represiva— recuerda cada vez más a las de la China continental”, señala Erwin van der Borght, director regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
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Un sistema político roto
En 1997, cuando el mundo se acercaba a un nuevo milenio, Hong Kong retornaba a China tras 150 años de dominio británico. Las negociaciones se habían iniciado dos décadas atrás, pero no fue hasta 1984 cuando se firmó la Declaración Conjunta Sino-británica, por la que el Reino Unido devolvería Hong Kong en su totalidad a China.
A cambio, el Gobierno de Beijing se comprometió a otorgarle un régimen político especial dentro del sistema político chino, en el cual le concedían una importante autonomía social y política durante los siguientes 50 años mediante la famosa fórmula conocida como “un país, dos sistemas”.
Así, la isla adoptó la Ley Básica, una especie de constitución por la cual tendría sus propios sistemas legales y judiciales —incluyendo un cuerpo policial propio—, organizaciones de distrito y funcionarios públicos ampliamente basados en el modelo de derecho consuetudinario británico.
“Hasta ahora, Hong Kong ha sido una región ‘excepcional’ dentro de la República Popular de China, donde sus ciudadanos han podido gozar de unos derechos y unas ciertas libertades individuales que no han estado garantizadas en el resto del país”, señala Inés Arco Escriche, investigadora del CIDOB y experta en Asia-Pacífico.
Bajo este marco legal, dos órganos se constituyeron como fundamentales: el poder ejecutivo —liderado por el jefe del Ejecutivo— y un órgano legislativo denominado Consejo Legislativo (LegCo). Estructuralmente, el LegCo se componía inicialmente de 70 miembros, de los cuales 40 eran elegidos por sufragio universal y los 30 restantes por un comité electoral de 1.200 personas —que eligen también al jefe del Ejecutivo—, en los que se incluyen parlamentarios, personalidades eminentes y representantes de los sectores profesionales.
El problema es que, como recuerda Clift, “las restricciones sobre quién puede presentarse a las elecciones significan que el Consejo Legislativo no ha sido tan poco representativo desde principios de la década de 1980, cuando tenía miembros designados en su totalidad; y ahora menos personas que nunca tienen voz sobre quién lidera el Gobierno como jefe Ejecutivo”.
Esto se ha hecho especialmente patente con la reforma del sistema político de 2021 propulsada desde la Asamblea Nacional del Pueblo, principal órgano legislativo de China. A pesar de las promesas realizadas desde Beijing para una mayor democratización del LegCo en 2012, con esta ley, “el número de representantes elegidos por votación directa de los hongkoneses se ha reducido a sólo 20, pese a que se hayan aumentado los escaños de 70 a 90”, indica Arco Escriche.
Además, mediante la misma, Beijing puso límites a las personas que podían presentarse. La reforma estableció un Comité de Investigación para supervisar que los candidatos a cargos públicos no hayan incumplido la Ley de Seguridad Nacional y que se adhieran perfectamente a la definición de patriotismo de Beijing.
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Cerco a las libertades
La Ley de Seguridad Nacional de 2020 supuso un shock para la sociedad hongkonesa y tuvo un impacto directo en las esferas política, social, educativa y judicial. Con ella, se buscaba controlar y castigar a todas aquellas personas que lleven a cabo actividades consideradas subversivas.
“Todas las libertades y las garantías que tenían las personas en Hong Kong que les permitía manifestarse para pedir democracia o derechos humanos han desaparecido bajo el paraguas que se usa habitualmente en la China continental: atentar contra la seguridad del Estado”, cuenta María Baeza, coordinadora del trabajo sobre China de Amnistía España.
Mediante esta ley, varios partidos de las facciones prodemocracia del LegCo no pudieron presentarse a las elecciones de 2021 y muchos de ellos tuvieron que disolverse. Entre ellos, Desmosisto, el partido fundado, entre otros, por Joshua Wong y uno de los máximos representantes del Movimiento de los Paraguas surgido en las masivas protestas de 2014.
La unión de la Ley de Seguridad Nacional y la reforma electoral, según Arco Escriche, “ha hecho virtualmente imposible que el movimiento prodemocracia tenga el veto que había tenido previamente cuando podían llegar a ocupar una gran mayoría de los escaños del LegCo”.
El cerco a las libertades de los ciudadanos hongkoneses venía de lejos. Por ejemplo, la libertad de prensa se ha ido erosionando paulatinamente con el acceso de inversores chinos y el Partido Comunista de China ha ido siendo menos tolerantes con las críticas, como demostró el caso de los libreros disidente que fueron secuestrados por las autoridades chinas o el cierre del tabloide Apple Daily.
“Las señales ya estaban ahí, pero la Ley de Seguridad Nacional ha señalado claramente el principio del fin del libre tránsito de Hong Kong”, señala Clift. Y recuerda que “no hay más que mirar el enjuiciamiento agresivo y el encarcelamiento de políticos, activistas y figuras de los medios a favor de la democracia, y el hecho de que tantos han huido a la relativa seguridad de las democracias occidentales”.
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La problemática, según Baeza, es que las disposiciones que contempla la ley incluye “delitos muy mal definidos y ambiguos”, lo que permite a las autoridades enjuiciar a todos aquellos que se oponen a la nueva realidad.
¿Hacia un país, un sistema?
El futuro pinta poco alentador para la antigua colonia británica. La previsión de Clift es que, en el futuro, “Hong Kong será gobernado mucho más de cerca en alineación con y bajo la supervisión del centro”. Eso sí, seguirán conservando un cierto grado de autonomía en el ámbito económico, pues “necesita seguir siendo un punto de entrada atractivo para la comunidad internacional y el comercio con China”.
Y añade: “Para muchas personas de Hong Kong, eso será mejor que la continentalización total, pero seguirá siendo una píldora amarga de tragar. Sin un cambio de régimen en el continente, que no está en perspectiva, hay poco más que esperar”.
Por otro lado, los límites al autoritarismo desde la sociedad civil organizada están desapareciendo. Según datos de Amnistía Internacional, casi la mitad de los grupos y las plataformas de derechos humanos que había en Hong Kong han cerrado o se han marchado.
Precisamente Amnistía ha sido una de las organizaciones que se han tenido que ir de la isla. “El problema es que llega un momento en el que si no puedes denunciar violaciones de derechos humanos, en el que eres encarcelado por ello, ya no puedes defender una tarea que ya no puedes hacer”, indica Baeza.
El nuevo gobierno no garantiza un nuevo panorama. “Se suele decir que un nuevo gobierno es una nueva oportunidad, pero la persona que acaban de elegir era la que estaba al frente de la policía cuando se implementaron las medidas de la Ley de Seguridad Nacional”, señala Baeza. Y concluye: "El futuro se presenta negro para Hong Kong".