La UE y EEUU presentan batalla al 'greenwashing': mirarán con lupa los planes sostenibles de las empresas

Las empresas con sede en la Unión Europea o en Estados Unidos ya no podrán hacer 'greenwashing'. Al menos, deberán ir con más cuidado si lo pretenden hacer. Según un informe de Bank of America, se están endureciendo el control y la regulación sobre los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

La alerta saltó desde el sector financiero que necesitaban asegurarse que sus productos y sus inversiones en proyectos ESG no se arriesgaban por el incumplimientos o por acusaciones de lavado verde (greenwashing).

Entre esas medidas, la normativa establece que habrá una intervención regulatoria en función de lo que divulgue la compañía. La información que ahora requieren los fondos podría ser un terreno fértil para los reguladores que buscan inconsistencias entre las afirmaciones y las prácticas, como se ha visto en varios incidentes de 'greenwashing' que encendieron todas las alarmas.

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BofA también advierte de que se tenga cuidado al cambiar la estrategia de inversión, y que no basta con integrar las ESG, deberán ser vinculantes (y, por lo tanto, tangibles) en la estrategia.

De esta manera, los inversores podrán realizar la debida diligencia con los proveedores de calificaciones ESG para asegurarse de que son aptos para ese propósito. 

Sostenibles y rentables

Inversores y entidades financieras tienen claro que el futuro es apostar por proyectos sostenibles, aunque sin olvidar la rentabilidad. Por eso, en el caso de Europa, se ha empujado a que Bruselas establezca una normativa acorde con sus necesidades. 

Se trata del Reglamento de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR) en el que la UE clasifica los productos financieros, mientras que en EEUU, la SEC (la autoridad financiera del país) ha propuesto la integración, el enfoque y el impacto de ESG.

Según BofA, los fondos podrían caer inadvertidamente en una de estas categorías simplemente haciendo referencia a ESG, por lo que la gestión del riesgo de lavado verde se aplica a todos.

Y es que la gestión del riesgo de 'greenwashing' será la nueva norma. Los umbrales para que considerarse inversiones sostenibles en Europa es que se debe invertir exclusivamente en sostenibilidad. En EEUU, se ha propuesto extender la política de inversión al 80% a fondos cuyo nombre sugiera un enfoque de inversión "ESG".

No hay un enfoque de gobernanza único para todos: según el SFDR, existe una orientación limitada (alrededor de cuatro áreas) y, por lo tanto, flexibilidad para evaluar la buena gobernanza.

Transparencia y honestidad

"No hable por hablar a menos que pueda seguir el camino", dice el informe. Los administradores de fondos deben estar seguros de las clasificaciones y divulgaciones de los fondos, para que puedan ponerlos en práctica y divulgar de manera continua cómo se están cumpliendo esos objetivos.

Respecto a qué hacer (o no) al comercializar productos en la UE, hay que tener en cuenta los equipos de inversión, ESG, la legalidad y la posibilidad de cumplimiento deben estar alineados, especialmente en las características vinculantes.

Además, la clasificación de productos no debe utilizarse como herramienta de marketing, el nombre del producto no debe ser engañoso, y debe señalar una intención de mejorar la clasificación para evitar mensajes engañosos.

La COP27 y el 'greenwashing'

Precisamente en estos momentos, Naciones Unidas, aprovechando el marco de la COP27 (Cumbre del Clima), ha trazado una línea roja para evitar el blanqueo ecológico de los compromisos de emisiones netas cero.

El Grupo de Expertos de Alto Nivel de Naciones Unidas (NNUU) sobre los compromisos de emisiones netas cero de entidades no estatales (empresas, instituciones financieras, ciudades y regiones) ha presentado su informe ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

El informe aborda directamente el 'greenwashing' y cuestiona aquellas promesas de emisiones netas cero carentes de solidez. Promesas que amenazan con desvirtuar los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el objetivo del 1,5ºC.

El informe facilita una hoja de ruta crucial para la integridad de los compromisos de neutralidad de carbono por parte de las entidades no estatales y en apoyo de una transición global y equitativa hacia un futuro sostenible.

Es el resultado de un intenso esfuerzo y de múltiples consultas realizadas a lo largo de siete meses, por los 17 expertos nombrados por el secretario general de NNUU y recoge diez recomendaciones prácticas para aportar integridad, transparencia y responsabilidad a los compromisos adquiridos sobre la neutralidad de carbono mediante la disposición de unas normas y criterios claros.

Para evitar el falseamiento (o la manipulación) en la contabilidad climática y otras acciones diseñadas para eludir la necesidad de reducir las emisiones reales de forma rotunda, las entidades no estatales deben publicar el progreso realizado cada año.

Tanto los planes de transición como el informe anual de progreso debe ser verificado por un experto independiente y evitar:

● Declararse "cero neto" mientras siguen construyendo o invirtiendo en combustibles fósiles. Del mismo modo, la deforestación y otras actividades destructivas para el medioambiente se consideran inadmisibles.

● Comprar créditos baratos, que a menudo carecen de integridad, en lugar de reducir directamente sus propias emisiones en toda su cadena de valor. Los créditos de alta calidad solo deberían utilizarse para equilibrar las emisiones residuales una vez que una entidad no estatal cumpla sus objetivos a corto y medio plazo.

● Centrarse en la reducción de la intensidad de sus emisiones en lugar de sus emisiones absolutas o tratar solo una parte de sus emisiones en lugar de tener en cuenta todas sus emisiones generadas a lo largo de su cadena de valor (alcances 1, 2 y 3).

● Ejercer presión sobre gobiernos y autoridades para desvirtuar sus políticas climáticas o la ambición de las mismas, ya sea directamente o a través de asociaciones de la industria, comerciales u otros organismos. En su lugar, deben alinear sus políticas de lobbying así como sus estrategias de negocio y su gobernanza interna, de acuerdo con los compromisos climáticos adoptados.

Esto requiere, entre otros requisitos, el alineamiento de las inversiones de capital con los objetivos de cero emisiones netas y vincular la compensación de sus ejecutivos con los resultados obtenidos y verificados de su acción climática.