Las claves de la Ley de Bienestar Animal, la polémica norma que ha estado a punto de estrellarse

“¿Nos dejarán seguir teniendo perros y gatos? ¿Cuáles se salvarán de la criba de Belarra?”, “¿Adiós a las mascotas?”, “Ni periquitos ni hámsteres ni tortugas”. Estos son algunos de los comentarios que han inundado las redes sociales en los últimos meses hasta enterrar el nuevo proyecto de Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales en una nebulosa de bulos, confusión y polémica. Un debate que aún sigue dando mucho que hablar, a pesar de su aprobación en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de febrero.

Como ocurre con todo asunto que despierta polémica, llega un punto en el que las verdades comienzan a disfrazarse. El objetivo de impulsar una ley para proteger los derechos de los animales y protegerlos del maltrato ha derivado en infinidad de bulos. Falsedades como que las personas sin hogar que conviven con un animal en la calle iban a ser multados, o la previsión de penas de cárcel por eliminar una plaga de ratones en un domicilio particular.

En el primer caso, lo que establece el artículo 25 de la nueva ley es que queda prohibido “utilizarlos de forma ambulante como reclamo o ejercer la mendicidad valiéndose de ellos”. Asimismo, en lo referido a los ratones, el texto legal no considera a estos roedores como animal silvestre o doméstico en cautividad, sino como fauna urbana, por lo que este supuesto no estaría incluido. Es más, el control de plagas se prevé ya como una excepción en el propio Código Penal. Es decir, no es maltrato animal.

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Este miércoles, las distintas formaciones políticas han mantenido el último debate sobre la normativa en el pleno de la Cámara Alta. Según informó Europa Press, varios partidos de la oposición -entre los que se incluyen PP y Vox- han avisado al Gobierno de que la Ley del Bienestar Animal y la reforma del Código Penal en el delito de maltrato a los animales llevan el camino "desastroso" y de "chapuza" de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del Solo sí es sí.

Durante el debate de ambos proyectos en la Cámara Alta, tanto grupos de izquierda como de derecha calificaron de "desastre", "chapuza", "decepción" ambos proyectos normativos. Además, advirtieron al Ejecutivo de que, por ejemplo, con la reforma del Código Penal en lo relativo al maltrato animal puede producirse una situación similar a lo ocurrido con el delito de agresión sexual, ya que elimina la tipificación del abuso a animales si el daño no requiere de tratamiento veterinario.

Tanto el proyecto de ley como la reforma paralela del Código Penal han contado con una firme oposición, traducidas en 450 enmiendas parciales y cuatro vetos -presentados por PP, PNV, Vox y UPN- pendientes de debate y votación en el Senado durante el pasado miércoles.

Estos vetos se quedaron a un solo voto -de un senador de Ciudadanos- de conseguir la mayoría absoluta. Es el mismo que ha salvado la ley impulsada por el PSOE y de la que se excluye a los perros de caza. No obstante, los cambios introducidos por alguna de las enmiendas parciales presentadas devuelven ahora la norma al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.

Lo más importante de la ley

Entre el ruido y las proclamas lanzadas en el Congreso y el Senado, las novedades de la reciente ley de bienestar animal orbitan en torno a tres claves principales: el maltrato, el abandono y el sacrificio. O, más bien, a su eliminación. Un texto que responde “a la creciente sensibilización de la ciudadanía ante la necesidad de garantizar la protección de los animales”, según dispone el documento aprobado.

Sobre todo, en un país como España donde, de acuerdo con el mismo texto, uno de cada tres hogares convive con al menos un animal de compañía. Así, según la información resultante de los registros de animales de compañía de las comunidades autónomas, en la actualidad hay más de 13 millones registrados e identificados. El problema, señala la ley, es que, por ejemplo, de los perros y gatos que llegan a centros de acogida, tan solo el 27,7% y el 4,3%, respectivamente, están identificados con microchip. 

“Esto implica que la mayoría de animales de compañía se encuentran fuera del control oficial, al no estar identificados legalmente, con el riesgo que ello supone, tanto para su adecuada protección como para la propia seguridad y salud pública y la conservación de la biodiversidad”, apunta.

En este sentido, el artículo 26 exige “identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad”. No obstante, en caso de no querer castrar a la mascota, se deberá inscribir en un Registro de Criadores de Animales de Compañía. De lo contrario, se pueden enfrentar a sanciones por valor de entre 500 y 10.000 euros.

Además, también habrá multas de entre 10.001 y 50.000 euros por no recoger al animal de las residencias u otros establecimientos similares y por su abandono en condiciones de riesgo. Sobre todo, cuando en España se abandonan unos 700 animales al día, según las últimas cifras estimadas por la Fundación Affinity, que sigue de cerca la situación de los animales de compañía en la sociedad.

Varios perros viven en las instalaciones adecuadas en el albergue San Francisco de Asis de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid (SPAP). Jesús Hellín Europa Press

La polémica ley también incluye obligaciones a los propietarios, como, por ejemplo, que deben “contar con espacios adecuados en tamaño, naturalización y enriquecimiento ambiental para su tenencia”. Esto implica que no se podrá dejar solos a los animales en el interior de vehículos cerrados en condiciones que puedan poner su vida en peligro, como tampoco abandonarlo durante más de 24 horas, en el caso de los perros; o más de tres días consecutivos para el resto de mascotas.

Asimismo, las personas que quieran tener una mascota “deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros con una validez indefinida”, tal y como expone el artículo 30. Dicho curso será gratuito y se realizará un test “para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social”.

La persona titular deberá, además, contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados.

Otra novedad que incluye la reciente ley es que tampoco se permitirá la venta de perros, gatos y hurones en las tiendas de animales, una prohibición de la que aún se quedan fuera los peces, los roedores o los pájaros de criadores registrados. Tampoco se permitirá la tenencia de aves fringílidas capturadas del medio natural y sí, se podrá seguir teniendo hámsteres y periquitos.

Esto último se puede comprobar en el listado positivo de animales de compañía que introduce la ley. Este texto incluye aquellos permitidos para “su tenencia, venta y comercialización, priorizando criterios de seguridad para las personas, salud pública y medioambientales para limitar las especies que pueden ser consideradas animales de compañía”.

Los puntos más polémicos

Entre las partes que han despertado mayor controversia están lo relativo al cuidado de las colonias felinas y el debate en torno a los perros de caza. Esta última ha suscitado especial resquemor. Pero después de una moción del PSOE para sacarles de la norma –con el apoyo de la Real Federación Española de Caza y de partidos de la derecha–, estos canes no gozarán de la protección que brinda la ley.

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Por otro lado, del artículo 46 en adelante, se regula “el control poblacional de todos los gatos comunitarios, con el fin de reducir paulatinamente su población manteniendo su protección como animales de compañía”. Entre otras cosas, se propone llevar a cabo este seguimiento mediante la implantación de microchips a las colonias felinas por parte de los ayuntamientos.

Sea como fuere, la norma no entrará en vigor hasta el verano. Como recoge Efe, una vez que sea finalmente ratificada la ley en el Congreso, su aplicación se ha fijado una vez transcurridos seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).