David tiene 26 años, un trastorno del espectro del autismo (TEA) y la opinión de que las palabras pesan —y mucho— en la vida de los demás. "He escuchado gente utilizar el término 'autista' de forma despectiva para referirse a alguien diferente a ellos", explica. Javier está una generación por encima del chico, pero, como hermano de una persona con discapacidad, aún recuerda cómo de pequeño le impactaba ver que en El jorobado de Notre Dame Quasimodo fuera descrito con adjetivos como "deforme".

Aunque no se conocen, ambos han descolgado sus teléfonos para hablar con este periódico sobre una cuestión que esta semana se ha impuesto en la sociedad en todos sus niveles, empezando por la política. Este jueves, el Congreso previsiblemente aprobará la reforma del artículo 49 de la Constitución, por la que se elimina el término "disminuidos" tras más de cuatro décadas reflejado de esta forma en la Carta Magna. Una modificación histórica con la que se ven dignificadas los más de 4 millones de personas que viven en España con algún tipo de discapacidad, según el INE. 

Lejos de pasar desapercibido, el cambio supone un hito para el asociacionismo de este colectivo, que ha logrado un imposible al reunir en el consenso a las distintas fuerzas con representación parlamentaria. La propuesta, presentada el 29 de diciembre conjuntamente por PP y PSOE, llegará hoy al pleno del Congreso, donde será tomada en consideración y tendrá el apoyo de una mayoría de tres quintos —210 diputados—, el mínimo que exige la ley para modificar la Carta Magna.

[La Reforma del Artículo 49 de la Constitución y la importancia del lenguaje]

Una victoria histórica

La reforma es la tercera en la Constitución desde su redacción en 1978 y la primera que pone el foco en la inclusión social. Se tramitará por vía de urgencia y en lectura única, lo que acorta su recorrido: no pasará por comisión parlamentaria y tras un plazo de 48 horas para presentar enmiendas volverá al pleno este jueves para su ratificación definitiva. 

Con este movimiento, el Congreso responde a lo que las personas con discapacidad vienen reclamando desde hace 20 años: que se deje de hablar de ellas como "disminuidos", ya que consideran la definición discriminatoria. "Es un éxito colectivo de la sociedad", celebró en diciembre el ministro de la Presidencia, Justicia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, recordando que, si bien la inclusión del artículo 49 supuso "un reconocimiento de la obligación del Estado de proteger a las personas con discapacidad", la terminología "ha envejecido" y debe actualizarse.

Pero ¿qué cambia en el texto? Actualmente está redactado así: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos". La nueva redacción fija que "las personas con discapacidad" ejercen los derechos fundamentales "en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas y que se regulará por ley la protección especial que necesiten para hacerlo".

El Congreso no es el único escenario en el que el debate del lenguaje ha conseguido calar. De hecho, este lleva varias décadas sirviendo como colador de términos que hoy nadie querría decir, pero que en su momento también exigieron una revisión de su sensibilidad. Sin ir más lejos, hace 60 años veía la luz la Federación Nacional de Asociaciones Pro Subnormales, un importante hito de innovación social que hoy sigue activo, pero con un nombre completamente distinto.

En el momento de su creación, las familias optaron por denominar a sus hijos e hijas así, pero tiempo después se prefirió el término 'retrasados'. Después pasó a 'deficientes mentales', luego a 'personas con discapacidad mental'… así hasta que, en 2015, la FEAPS cambió definitivamente su nombre por el de Plena Inclusión, precisamente con el objetivo de impulsar la formación y la participación en la sociedad de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España.

Como este hay muchos otros ejemplos del largo camino recorrido por las personas con discapacidad hacia un lenguaje acorde con la diversidad. En 2001, la OMS abandonó los términos 'minusválido' y 'persona con minusvalía' por su connotación peyorativa y con esto se instaba a las administraciones públicas a dejar de utilizarlos. Sin embargo, aún resisten anecdóticamente señales de tráfico que utilizan esa palabra, e incluso en el portal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se habla de "certificados a discapacitados" en su apartado de preguntas frecuentes.

El Prado se adelanta

La última institución en dar un golpe sobre la mesa al respecto ha sido el Museo del Prado. Adelantándose a la aprobación de la reforma del artículo 49, el centro ha actualizado las descripciones de sus cuadros y archivos, y ha eliminado términos considerados hoy ofensivos como "enano", "disminuido" o "deforme". Un trabajo laborioso llevado a cabo por Ana Martín desde el departamento de documentación, por el que se han revisado casi 27.000 fichas de la web y alrededor de 1.800 cartelas de pinturas expuestas.

El Prado elimina así "términos y referencias físicas peyorativas, pero no los títulos de los cuadros porque estaríamos cambiando el ritmo de la historia. Acompasamos la sensibilidad social sin alterar el valor histórico de las piezas ni el descriptivo de los textos", explican a EFE fuentes del museo. Cuadros como El Niño de Vallecas o El bufón el Primo, de Diego Velázquez; El príncipe Felipe y Miguel Soplillo, de Rodrigo de Villadrando; Eugenia Martínez Vallejo, vestida, de Juan Carreño de Miranda, son algunos de los que han visto modificada su descripción.

Por qué importa el lenguaje

Paula Gimeno, coordinadora pedagógica en la asociación Argadini, explica los matices que intervienen en cada definición. "El primer problema está en convertir esos diagnósticos en complementos directos", explica, citando el caso de las ya desterradas "subnormal" y "mongólico", pero también de la que ahora actualiza la Constitución. "Decir que alguien es 'disminuido' implica una disminución de la propia persona y la rebaja al equiparar el diagnóstico a la condición humana", asegura.

A su juicio, es preferible añadir la palabra 'con', lo que implica "convertir las discapacidades en complementos circunstanciales". Aunque tampoco vale todo. "Ahora que el debate está creciendo se habla mucho de capacidades diferentes, pero es un concepto que tampoco es preciso, igual que el de la diversidad funcional". La pedagoga alerta de que, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad se integran en un colectivo "muy vulnerable a la exclusión social", utilizar conceptos tan amplios puede perjudicarles al "no estar considerando adecuadamente sus necesidades y la realidad de su situación".

Ni adjetivos peyorativos ni definiciones abstractas que corran un velo, Gimeno aboga por encontrar un equilibrio. "Deben utilizarse términos con los que ellos puedan sentirse identificados, pero no dañados", asegura, como también lo hace Rebeca Barrón, directora de Argadini. Ambas coinciden en que el lenguaje debe revisarse, hasta el punto de dejar de hablar de él como "inclusivo" y empezar a dejar en el cajón palabras como "integración". 

"Hablar de incluir es como referirse a personas que acaban de aparecer. Las personas con discapacidad han estado siempre y son el reflejo de una sociedad que es rica en su propia diversidad", asegura Barrón. Y añade que, más allá de las palabras, aún "tiene que haber un cambio de mentalidad profundo. Ellas se levantan todos los días teniendo que demostrar que sirven, que son valiosas, que son creíbles…. si nosotros tenemos un mal día en el trabajo y cometemos un fallo, nadie nos cuestiona, pero a ellos sí", lamenta. 

Desde la asociación esperan que "llegue el momento en el que hablemos de participación y no de inclusión" y celebran la reforma aún por llegar de la Constitución de 1978. También lo hace David, quien afirma que el hecho de que se revisen "términos que hieren nuestra sensibilidad" sirve como muestra de la evolución de la sociedad española. "El cambio es necesario y contribuirá sobre todo en las nuevas generaciones; las palabras con las que presentes la discapacidad a un niño condicionan cómo este la percibirá cuando sea mayor", concluye Javier, familiar de una persona de este colectivo, en su conversación con ENCLAVE ODS. 

Además de Argadini, otras entidades que han pedido que se utilice un lenguaje no discriminatorio son la Confederación Social de la Economía Social (CEPES), la Plataforma de Mayores y Pensionistas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ve en la modificación del artículo una oportunidad para anclar "en nuestra Norma fundamental el enfoque de los derechos humanos, el único admisible para abordar la realidad de esta parte de la ciudadanía".