Los millones de las renovables: así le sientan a los pueblos los ingresos de las macrogranjas solares (y no todo es bueno)

España exhibe la bandera de ser la campeona de las renovables en Europa. Se han superado los 12 meses consecutivos generando más del 50% de la energía de fuentes limpias, tanto es así que MITECO ha dado un paso más en Europa y se ha comprometido a que el 81% de la energía será renovable para 2030. Están investigando energías limpias, pero cara de producir, como la geotermia o el hidrógeno, sin embargo, las principales fuentes siguen siendo la solar y la eólica.

La transición energética es imparable. Aunque hay luces y sombras en la gestión, la explosión de grandes proyectos está llevando dinero a los pueblos donde antes había poco más que agricultura y ganadería.

Un buen ejemplo es Torrecilla de la Tiesa, Cáceres, donde se encuentra la planta Francisco Pizarro (553 MW), la más grande de Europa, compartida con el Ayuntamiento de Aldeacentenera. Allí, además, hay dos plantas más de 50 MW y una de 150 MW, que todavía no ha terminado los trámites

Tomás Sánchez, alcalde del pueblo, dice: "Solo la planta Francisco Pizarro nos da unos 500.000 € al año", además de los 12 millones de euros que según fuentes de Iberdrola han pagado en impuestos de construcción y canon urbanístico. 

Con este dinero en las arcas públicas, los ayuntamientos sanean sus cuentas y hacen frente a gastos extraordinarios. En el caso del pueblo extremeño, ya tenían instalaciones como un pabellón deportivo, una casa de la cultura y una residencia de ancianos, que gracias a esos ingresos han podido ampliar y mejorarlas.

Por ejemplo, alcalde cuenta que han terminado la plaza de toros "que llevaba counstruida 30 años, pero sin acabar" o la piscina que ha mejorado la accesibilidad con una rampa. "Con esto podemos terminar cosas que tenían una planificación de cuatro años y ya no tenemos que estar buscando financiación por todos sitios". Dice que antes hacían lo que podían con el presupuesto que tenían: "Ahora seguimos solucionando problemas sin esa angustia de no saber de donde sacamos el dinero". 

Placas en la planta fotovoltaica Francisco Pizarro Cedida

Los beneficios económicos de las plantas son muchos para los municipios; desde el dinero directo de los arrendamientos a los propietarios o el apoyo a un tejido empresarial demandante de energía que puede negociar contratos especiales con las eléctricas.

Para Sánchez, lo mejor de estos proyectos son los ingresos a largo plazo por bienes especiales durante la vida útil de planta. Francisco Pizarro cuenta con contratos de 25 años prorrogables hasta los 40. 

Falta de relevo

Uno de los problemas que el campo reconoce es que falta un relevo generacional. El mismo Sánchez dice que cada vez menos gente se dedica a la agricultura y la ganadería. Él que es un firme defensor de las tradiciones del pueblo lamenta que las actividades rurales se estén perdiendo, y sabe que allí no tienen presión por el terreno.

Hace un cálculo general. De 14.000 hectáreas de extensión que tiene el pueblo, la planta Francisco Pizarro solo ocupa unas 1.000. "Creo que las plantas nos van a dar unos ingresos y no van a perjudicar a quien tiene ganado, porque cada vez hay menos gente que se dedica al campo".

Google Maps de Torrecilla de la Tiesa y la planta Francisco Pizarro

Uno de los beneficios que se menciona a menudo es que la luz debiera salir más barata a las comunidades. Y aunque no es así, porque la energía se vuelca a la red eléctrica, sí facilita la construcción de comunidades eléctricas que sí permite al consumidor convertirse en productor. 

Un último punto que Tomás Sánchez resalta es que realmente cree qué están haciendo su parte para combatir el cambio climático. Según Our World in Data, más de 73% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero viene de la producción de energía

No todo es verde

Aun así, no todo el mundo está a favor de la implantación de las renovables, o más bien del modo que se está haciendo. Muchos lo ven como un expolio del suelo y de los recursos naturales a precio de saldo.

Hay un extenso movimiento en las bases, que protestan ante una transición descontrolada. "Nosotros defendemos el territorio porque lo que está pasando no tiene nada que ver con una transición ecológica", Marisa Casal, portavoz de la asociación Valle Natural Río Grande, agrupación afiliada al colectivo ALIENTE.

Se definen como una alianza ciudadana que ve en que el modelo energético actual, centralizado en grandes eléctricas satura el sistema. Tantos proyectos de renovables a gran escala y líneas de alta tensión resultan devastador para el paisaje y la biodiversidad.

Para ellos, grandes fondos de inversión extranjeros extorsionan a los propietarios que, aunque no firmen, les expropiarán igual amparándose en una ley que data de 1954. Esa ley, cuenta Casal, era de cuando había que llevar la electricidad a los pueblos en una época en la que faltaba energía. 

Para Casal, los únicos cambios que han hecho en la ley han sido para "ponerle la alfombra roja" a esos oligopolios. "Ahora lo mismo da plantar pimientos que placas solares", se queja ella que piensa que están destrozando la forma de vida rural. Ella pide que si de verdad pensaran en una transición energética justa apoyaran más las comunidades energéticas. 

Pone el ejemplo de una compañía austríaca que puede decir que está tomando energía limpia de una planta de Granada, mientras que una comunidad energética no puede ir más allá de los dos kilómetros.

Energía limpia para todos

El conflicto por una transición energética justa está que echa chispas. La Red Española para el Desarrollo Sostenible organizó las jornadas de Renovables con el territorio. De ahí salió una guía de 60 puntos, donde analizaron qué medidas se necesitan, quién sería el responsable aplicarlas y si necesitarían algún cambio legal.

Se debatió sobre las actividades económicas que la llegada de energéticas podían traer y sobre cómo fijar población al territorio. Aunque el montaje de estas instalaciones no genera mucho trabajo directo, sí dinamiza las actividades del territorio.

Por otro lado, hablaron de la democratización de la toma de decisiones, ya que muchos de los proyectos se hicieron de forma opaca, y sin contar con la opinión pública. Esto en parte levantó el enfado de muchas asociaciones, especialmente en pequeñas localidades que veían como grandes empresas extranjeras operaban sin consultarles. 

Y por último redactaron una guía de criterios para las futuras zonas de despliegue. Joan Pons, ambientólogo de la consultora Servicios Jurídicos Ambientales, y participante de las jornadas, se muestra optimista: "Consideramos que sí se implantará la mayoría de las medidas consensuadas en esta hoja de ruta". Aunque reconoce que las medidas a corto plazo son las más difíciles adoptar, han notado un alto interés de las partes.

También aquí se mencionó las comunidades energéticas como una forma de implicar a la ciudadanía en la producción de energía y abaratar el precio. Pons explicaba que muchos promotores han creado entidades jurídicas a través de las cuales se puede aprovechar la energía producida por los parques fotovoltaicos y eólicos. 

ECODES publicó un informe en el que menciona 353 comunidades. Aun así, Pons reconoce que hay dificultades legales a la hora de aprovechar la energía, en un mercado diferenciado en el que el productor, no es el mismo que la transporta ni el que la comercializa. Aunque esta fórmula es compleja, así es cuando el consumidor final tiene control sobre la energía que produce.