La demolición de la macrourbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, tiene los días contados. Después de años de pleitos, el Tribunal Supremo ha ordenado derribar el hotel, las viviendas, el campo de golf y la instalaciones construidas allí. El motivo: se levantaron en una zona con especial protección medioambiental europea.
La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) en la que se que declaró la imposibilidad material parcial de demoler la urbanización Marina Isla de Valdecañas, construida en unos terrenos que forman parte de la Red Natura 2000.
Según ha informado el TSJEX, el Supremo ha estimado el recurso de casación 7128/2020 interpuesto por Ecologistas en Acción-CODA contra el auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en ejecución de las sentencias que declararon nulo el Decreto 55/2007 de la Junta extremeña por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de Valdecañas S.A.
Este auto, de 2020, acordaba la conservación del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento. El Supremo anula este extremo y acuerda que deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución. El contenido íntegro de la sentencia se conocerá en los próximos días.
Una urbanización "ilegal"
El pasado 19 de mayo de 2021 la organización ecologista daba a conocer que el Supremo había admitido su recurso, con el que pretendían "evitar que se utilicen argucias" para no ejecutar sentencias de demolición de obras "nítidamente contrarias" a la legislación urbanística y ambiental.
Ecologistas en Acción recordaba que tres años atrás inició un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, que se diseñó en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.
A su juicio, resulta "difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística como este", con varias sentencias en contra del TSJEX, del Supremo y del Constitucional y con informes del CSIC "que avalaban la necesidad de demoler esta urbanización ilegal".
"Por eso, resultó tan sorprendente el auto del TSJEX de 30 de junio de 2020 en el que se declaraba la imposibilidad material de demoler los edificios ya terminados, limitándose a eliminar los que estaban a medio construir", agregó el colectivo.
Ecologistas en Acción destacó que con aquel auto "se sentaba un peligroso precedente, ya que ante vulneraciones palmarias de la legislación urbanística y ambiental, la política de hechos consumados tiraría por tierra toda la normativa de urbanística y de espacios protegidos, como la Red Natura 2000".
Varios informes del CSIC "avalaban la necesidad de demoler esta urbanización ilegal"
La organización ecologista agregó que los mismos razonamientos del TSJEX serían aplicables a muchas obras ilegales, "declarándose luego imposible su demolición por el impacto socioeconómico que pudiera provocar, dando carta blanca para construir de forma ilegal".
Por eso, la organización ecologista decidió recurrir en casación este auto ante el Tribunal Supremo y consideraba "muy importante" que haya sido admitida en un auto, fechado en 6 de mayo.
"Aborta un peligroso precedente"
Ecologistas en Acción ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que acuerda la demolición total de la Isla de Valdecañas "porque aborta un peligroso precedente como es el uso de argucias para no ejecutar sentencias de demolición de obras nítidamente contrarias a la legislación urbanística y ambiental".
En una nota, el colectivo ha recordado que hace ya 14 años que inició un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, que se diseñó en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.
A su juicio, resulta difícil encontrar un caso tan "rotundo de vulneración" de la legislación ambiental y urbanística, europea, estatal y autonómica como este. En este sentido, ha destacado que existen varias sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), del Supremo y del Constitucional, con informes del CSIC que avalaban la necesidad de demoler esta urbanización ilegal.
"Por eso, resultó tan sorprendente el auto del TSJEx de 30 de junio de 2020 en el que se declaraba la imposibilidad material de demoler los edificios ya terminados, limitándose a eliminar los que estaban a medio construir, en contra de los propios estudios científicos que se habían realizado en el proceso", ha apuntado.
Marina Isla de Valdecañas se diseñó en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable
Ecologistas en Acción ha agregado que con aquel auto se podía instaurar un "peligroso precedente: ante vulneraciones palmarias de la legislación urbanística y ambiental, la política de hechos consumados tiraría por tierra toda la normativa urbanística y de espacios protegidos, como la Red Natura 2000".
De esta forma, ha hecho hincapié en que los mismos razonamientos del TSJEx serían aplicables a muchas obras ilegales, declarándose luego imposible su demolición por el impacto socioeconómico que pudiera provocar, "es decir, carta blanca para construir de forma ilegal permitiendo la transformación urbanística de suelos especialmente protegidos".
"Con tan profusión de sentencias en contra lo único injustificable era la intención del TSJEx a evitar la demolición, aludiendo a su imposibilidad material, algo que corrige ahora el Tribunal Supremo de manera contundente y es que la urbanización debe ser demolida", ha aseverado.
Ecologistas en Acción ha destacado que todo este largo proceso judicial y todos los gastos que va a acarrear "se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012 cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas".
Por otra parte, ha exigido a la Junta de Extremadura "que pida disculpas por su nefasta y cuasi prevaricadora gestión de este asunto" y que "atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización", con las medidas de compensación que se consideren adecuadas.
Por último, Ecologistas en Acción ha señalado que espera que esta sentencia "sea un aviso para navegantes de cara a la proyectada construcción de un complejo de ocio en La Serena, Elysium City, donde también se pretende urbanizar varias zonas protegidas".