Desde que se conquistaron derechos como la jornada de ocho horas o la prohibición del trabajo infantil, el tiempo de descanso y el ocio han ido cada vez más de la mano del consumo y, por lo tanto, irse de vacaciones depende directamente de la capacidad económica.
Según la última encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 40% —en torno a 18 millones de personas— no puede permitirse ni siquiera una semana de vacaciones al año. Esta cifra ha crecido casi cuatro puntos con respecto al anterior sondeo, realizado en 2019, un año antes de la pandemia.
Además, el documento refleja que el porcentaje de población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza también ha crecido con respecto al año anterior. Y ha aumentado el número de personas en España en riesgo de exclusión social: los mayores de 65 años son el grupo de población entre el que más se ha disparado la pobreza.
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"Los poderes públicos garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados". Es lo que dicta el segundo punto del artículo 40 de la Constitución Española, y nuestra legislación establece un mínimo de 30 días naturales de descanso remunerado para los trabajadores asalariados.
Este derecho no es nuevo, en la Segunda República ya quedaba reconocido el descanso con paga, y también está reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, para muchos trabajadores, como los autónomos o los becarios, las vacaciones siguen siendo una utopía, igual que para aquellos a quienes, por motivos salariales, no les alcanza para disfrutar de unos días libres.
Cuestión de clase y género
Por lo tanto, aunque existe el derecho a descansar, la condición socioeconómica influye directamente en la capacidad de poder disfrutarlo, y la desigualdad también queda patente en un aspecto en el que, a priori, todos los trabajadores son tratados igual.
Además, sobre todo en el caso de las mujeres, aunque tengan días libres y puedan permitirse vacaciones, en muchas ocasiones se enfrentan al trabajo no remunerado. La socióloga y profesora de la Universidad Oberta de Catalunya, Natàlia Cantó asegura que "especialmente las mujeres siguen ocupándose durante el verano de todas aquellas tareas que están invisibilizadas".
Y añade: "No pueden decir a sus hijos que del 1 al 31 de agosto no comerán porque mamá necesita desconectar. Estas cuestiones no nos vienen a la cabeza cuando hablamos del verano, pero son la realidad de mucha gente".
Cantó apunta a otra cuestión que afecta especialmente a los jóvenes: la gestión de las expectativas que se generan en torno a las vacaciones. "Cuando un niño de primaria o secundaria vuelve a la escuela en septiembre, lo primero que le preguntan es qué ha hecho durante las vacaciones. En ese primer día, el niño que se ha quedado en casa puede llegar a mentir o a sentirse mal porque no se lo ha pasado bien por no haber ido a ninguna parte. Esto tiene unas consecuencias sociales muy importantes".
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Se diluye el empleo estable
La dinámica económica actual está ocasionando que, desde hace varios años —en especial tras la crisis de 2008—, en muchos países desarrollados, los empleos estables –con contrato indefinido, vacaciones pagadas, derecho a baja por enfermedad, representación sindical, etc.– estén desapareciendo en favor de fórmulas contractuales precarias.
Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el mundo actual el rol de los trabajadores se parece cada vez más al de "adolescentes echando una mano en una empresa familiar". Y en vez de trabajos estables que garanticen estabilidad y protección, ahora la temporalidad es muy habitual, y en muchos puestos solo “se adquiere algo de experiencia y se gana un poco de dinero” antes de saltar a otro trabajo.
El organismo insiste en que el concepto de trabajo como sinónimo de salario digno y un empleador con obligaciones sobre sus trabajadores se está erosionando, incluso en en países donde estaba muy implantado —principalmente en las socialdemocracias que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial—.
La ONU recuerda que las propias empresas tienen la responsabilidad de respetar el derecho al descanso y al tiempo libre. Esta responsabilidad se aplica a lo largo de toda la cadena de suministro, y significa que una empresa debe considerar si alguna de sus actividades u operaciones conlleva que sus empleados sufran una carga de horas de trabajo.