No ha pasado ni medio año desde que la justicia europea condenó a España por la contaminación del aire que afectaba a dos de sus ciudades: Madrid y Barcelona. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló que no se habían tomado las medidas de control suficientes entre 2010 y 2018.
Hoy se conoce que las dos comunidades de las que estas dos ciudades forman parte se han posicionado en contra de la directiva de calidad del aire que pretende aprobarse en el seno de la Unión Europea. Esta nueva normativa pretendía ajustarse al endurecimiento aplicado en 2021 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a los límites máximos de contaminantes recomendables.
En un documento al que ha tenido acceso El País, varias zonas europeas proponen así una nueva legislación que contemple excepciones a su cumplimiento "para regiones específicas".
Así, bajo la Iniciativa de Calidad del Aire de las Regiones (AIR, por sus siglas en inglés), la Comunidad de Madrid y de Cataluña han unido fuerzas junto con otras seis regiones que incluyen provincias holandesas, Steiermark (Austria) y varias regiones del norte de Italia (Emilia Romagna, Piamonte, Lombardía y Véneto). Juntas pretenden formar un frente común frente a lo que se está barajando en la Comisión.
Una de las cuestiones que subraya el documento es que todas esas zonas "están densamente pobladas e industrializadas" y, además, "pertenecen a las regiones económicamente más competitivas de la Unión Europea". No obstante, como recoge el diario en base al documento, sí que reconocen que las concentraciones de contaminantes en estas zonas "están muy por encima de las últimas recomendaciones de la OMS".
La noticia no ha sentado nada bien. Empezando por el propio Gobierno de España, que, como recoge el diario español, el Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que se trata de una propuesta "indecente" porque no se deben relajar estas medidas. Es, de hecho, justo a lo contrario a las prioridades que está defendiendo el Ejecutivo de cara a la presidencia que asumirá España en la UE durante el próximo semestre.
Las consecuencias para la salud de unos límites de calidad del aire elevados y superiores a lo recomendable por la OMS ya se conocen. Según reveló un estudio publicado recientemente en la revista científica Environmental Research, por investigadores del Instituto de Salud Carlos III, solo los hospitales madrileños reciben cada año un total de 8.246 ingresos por causa natural atribuibles al dióxido de nitrógeno (NO2), uno de los principales contaminantes presentes en las ciudades.
No obstante, en total, en el período de análisis entre 2013 y 2018, los ingresados por causas naturales atribuibles a la contaminación -en la que se incluye solo la de NO2 y la acústica- ascienden a en torno 83.000 personas, con un coste hospitalario de unos 1.200 millones de euros en seis años. Unas cifras nada despreciables.
Entre los principales responsables de la contaminación del aire en las ciudades está el tráfico rodado. Sin embargo, en el documento se reitera en que la Comisión se centre en acciones como la contaminación transfronteriza, las condiciones meteorológicas, la biomasa o incluso las emisiones de amoníaco de los procesos agrícolas, entre otras.
Como recoge el documento publicado por El País, la AIR pide a la Comisión que ofrezcan a las autoridades locales y regionales tiempo suficiente para aplicar las medidas adicionales. Y reiteran en que "también deben tenerse en cuenta las condiciones geográficas y meteorológicas adversas" y, por tanto, recomiendan "que la opción de excepción para regiones específicas forme parte de la revisión de las actuales directivas sobre calidad del aire ambiente”.