Naciones Unidas ha lanzado la Agenda 2030, que aglutina los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una estrategia muy ambiciosa, dado que se trata de reclamar a los gobiernos la presentación de sus logros a través de sus propios sistemas de contabilidad.

Esto es una excelente noticia. Las políticas públicas de igualdad, materia global del ODS 5 (igualdad de género) ya no se valorarán solamente a partir de las declaraciones de los distintos gobiernos al examinarse, cada cuatro años, ante los diferentes comités de la estructura de Naciones Unidas.

En sesiones de dichos comités, las autoridades de los estados darán cuenta de sus programas. Por ejemplo, lo referente a los derechos de la infancia se tratará en el Comité de los Derechos del Niño del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

O las cuestiones de igualdad  ante el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El cual contiene una serie de artículos sobre mujeres rurales, discapacitadas, víctimas de violencia o sobre el grado de participación de la sociedad civil en la convalidación de la acción de gobierno, a través de consejos o de oenegés.

Esta exigencia de rendición de cuentas es magnífica. Pero ahora, además de estos exámenes periódicos, la estrategia que acompaña a los ODS va a necesitar datos sobre el grado de igualdad entre mujeres y hombres, como marca el objetivo 5.

Sin embargo, no solo se demanda una aportación numérica, sino que sus conclusiones sirvan para emprender una reflexión por parte de los poderes políticos, en cuanto a su grado de compromiso sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Sabemos que para abordar un buen diagnóstico, primero es preciso conocer la dimensión de cada problema. Para ello, no hay mejor manera que recurrir a fuentes estadísticas o, en su defecto, estas deberán de ser creadas.

La igualdad debe entenderse como una regla de comportamiento en la vida pública y en la privada

En este sentido, los ODS representan una excelente oportunidad para que los gobiernos analicen sus inercias a la hora de interpretar la igualdad. Y entre los retos más importantes se encuentra la necesidad de redefinir los falsos significados que se adhieren a la misma.

Cuando se nombra el empoderamiento de las mujeres, las instituciones de saber, -las universidades especialmente y la educación en su conjunto-, son vías imprescindibles para impulsarlo. A través de la educación se conocen los derechos.

Sin embargo, los estudios de género no cuentan con la definición de disciplina científica en los códigos UNESCO, los únicos capaces de crear áreas de conocimiento. Pero sí contamos con ellos sobre los idiomas oficiales de nuestro país: euskera, catalán y gallego. No ocurre lo mismo en materia de igualdad.

Es mucho más que una anécdota, puesto que esto incide en la falta de oferta de asignaturas en todas las especialidades, sin depender –como ahora sucede– de la voluntad del profesorado para impartir estos temas.

Los costes de la falta de formación también son susceptibles de contabilizarse. Sin una formación previa en las universidades, ¿cómo podemos exigir a los operadores jurídicos, cuerpos y fuerzas de seguridad, personal médico o servicios sociales, que intervienen con las víctimas de la violencia de género?

Los ODS representan una excelente oportunidad para que los gobiernos analicen sus inercias a la hora de interpretar la igualdad

Es evidente que no es su responsabilidad carecer de instrumentos que ayuden a entender el maltrato. Para comprender por qué las mujeres, de cualquier edad, no se ponen a salvo de una relación dañina o se retractan a la hora de interponer una denuncia porque están esperando a que todo cambie.

Siguiendo con el criterio de contabilidad, si pensamos en las amas de casa, o las mujeres con trabajo remunerado, ninguna de ellas valora su generación de bienes y servicios –definición clásica del término trabajo– dedicada a todos los que disfrutan de sus cuidados.

La covid-19 ha desvelado un incremento de la división sexual del trabajo, pero esta vez sin salir del domicilio por las exigencias del confinamiento. Ya contamos con rigurosos estudios sobre hogares con dos adultos, en los cuales, el apoyo en las tareas didácticas se convertía en una responsabilidad no compartida.

Y los servicios públicos para niños de 0-3 años o para personas dependientes, siguen pendientes de la asignación presupuestaria. Es decir, de su grado de prioridad en la agenda política.

El tratamiento de las mujeres como un colectivo con especiales dificultades es una estrategia con una doble ventaja. La primera, asimilar a las mujeres al resto de los colectivos vulnerables, con lo cual, las políticas de igualdad siempre van acompañadas de otras competencias: discapacidad, juventud, familia.

Todo ello, a pesar de que los datos estadísticos desmienten la idea de minoría, dado que en nuestro país las mujeres superan en más de un millón a los hombres, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en junio de 2021.

En segundo lugar, esta falsa definición permite incluir a las mujeres en los programas de diversidad de las empresas, ideados para integrar a colectivos vulnerables. O en el espacio público donde quedan cautivas de unas cuotas, de acciones positivas que no les corresponde al ser realmente la mayoría de la población.

Por ello, existen tantas resistencias para desagregar estadísticas por sexo que resultan clave para superar discriminaciones y deben estar basadas en datos fiables. 

Para interpreter la igualdad es necesario redefinir los falsos significados que se adhieren a la misma

La igualdad no es semejanza, ninguna persona es igual a otra en el sentido de ser idénticas; de lo único que se trata es de vivir igual. Es decir, de gozar de las mismas oportunidades, sin brechas de género, sea cual sea, el campo del que hablemos.

La igualdad debe entenderse como una regla de comportamiento en la vida pública y, por supuesto, en la privada. Mientras siga expuesta a severas contradicciones, como las anteriormente apuntadas, estas afectarán a las políticas públicas y, con ellas, a las conclusiones que reclaman las metas del ODS 5.

***Soledad Murillo de la Vega es exsecretaria general de Políticas de Igualdad, exrelatora de Naciones Unidas como miembro del Comité Antidiscriminación de la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) y profesora de Sociología en la Universidad de Salamanca.