Atravesamos un momento histórico y excepcional con unos desafíos por delante y unos obstáculos en el camino que comprometen nuestro futuro y también el del planeta. La pandemia que estamos sufriendo ha agravado los desequilibrios y las desigualdades entre personas y territorios, especialmente la brecha que separa los entornos urbanos de los rurales cada vez más despoblados en nuestro país.

Por eso estamos obligados a encarar, todavía con mayor urgencia y determinación, los retos que fijó Naciones Unidas en la Agenda 2030, el ambicioso plan con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se lanzó en 2015 de forma concertada y global y que, gracias a los importantes recursos puestos ahora en marcha para apuntalar la reactivación europea, va a permitir un avance mucho más efectivo de estas metas que, indudablemente, son colectivas.

Y quiero recalcar el carácter colectivo y solidario de estas metas porque tanto la UE como la ONU han puesto el acento en la necesaria alianza que tiene que fraguarse entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, una forma de trabajar en la que la Fundación Cajasol tiene una amplia trayectoria y que hemos reforzado en este contexto de crisis para lograr el máximo impacto de nuestros recursos. De hecho, el Objetivo número 17 habla precisamente de la prioridad de las alianzas para cumplir la totalidad de la agenda global de desarrollo sostenible en su triple vertiente: económica, social y ambiental.

En esta tribuna me voy a atrever a introducir, y a desarrollar en sus grandes líneas, un cuarto aspecto de la sostenibilidad que está implícito en los otros tres que acabo de citar pero que exige, en mi opinión, un análisis propio por los elementos de desigualdad que implica. Me refiero a la sostenibilidad territorial o igualdad de oportunidades de la población independientemente de su lugar de residencia, una asignatura pendiente que castiga el desarrollo de las áreas rurales y que amenaza con agravarse. La actual brecha territorial supone, en consecuencia, un verdadero cuello de botella para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 que hay que saber atajar para que salgan adelante todos los demás.

El compromiso con el desarrollo social y territorial en equilibrio era precisamente la misión esencial de las extintas cajas de ahorros y, por tanto, el compromiso nuclear de las instituciones que recibieron su legado, como es el caso de nuestra entidad. En el marco de las actividades de nuestra acción social, acabamos de incorporar un programa de apoyo a la repoblación y reactivación de los entornos rurales que vamos a desarrollar en colaboración con La Caixa para reforzar nuestra contribución en este campo.

La España vaciada

Existen múltiples aspectos del llamado reto demográfico global, que en el caso de nuestro país se focaliza en el concepto de la 'España vaciada'. Hay un dato que nos ayuda a tomar conciencia de la magnitud de este problema y del verdadero éxodo de personas que ha ido abandonando el campo a lo largo del siglo pasado, sobre todo a partir de los años 60. En estos momentos, el 80% de la población española vive en entornos urbanos, la misma proporción que residía en pueblos a primeros del siglo XX. Y el porcentaje de concentración urbana de la población podría subir hasta el 90% en 2050 si no sabemos ponerle freno.

La sostenibilidad de las áreas rurales tiene que ver con desequilibrios demográficos, desigualdades en el acceso a la movilidad y desigualdades de género

En el caso del sur de España, donde tiene su principal área de actuación la Fundación Cajasol, esta realidad se agudiza, ya que sólo el 17% de la población andaluza reside en áreas calificadas como rurales, que ocupan como contraste hasta el 65% de la superficie del territorio.

Mientras el número de habitantes en los grandes núcleos urbanos amenaza con seguir creciendo, el grueso de los municipios rurales con menos de 5000 habitantes no deja de perder población en España. Este fenómeno pone en riesgo la cohesión social y la vertebración territorial, y trae consigo importantes desigualdades en el acceso a servicios básicos, como la sanidad o la educación. Además de las brechas sociales, también se agravan los problemas medioambientales por el abandono de ecosistemas productivos tradicionales.

Según un reciente estudio académico promovido por Fundación La Caixa, y a modo de resumen, los tres elementos que cuestionan la sostenibilidad de las áreas rurales tienen que ver con desequilibrios demográficos, desigualdades en el acceso a la movilidad y desigualdades de género, situación que se retroalimenta continuamente y que determina la marcha a las ciudades de los jóvenes y las mujeres.

Avanzar en el reequilibrio de los territorios será una forma de asegurar [...] una nueva etapa de prosperidad

Otro análisis de la Universidad San Pablo CEU abunda en estas mismas conclusiones y añade, como contrapunto positivo que comparto, que la crisis sanitaria, económica y social que ha significado el COVID-19 ha posicionado al medio rural como una alternativa de vida más asequible y saludable. Pese a todo, la brecha en el acceso a servicios básicos o al empleo entre lo urbano y lo rural se ensancha cada vez más.

Estos datos deben hacernos reflexionar y entender que la sostenibilidad económica y medioambiental en la que tanto se pone el énfasis no puede en ningún caso ponderarse por encima de la sostenibilidad social y territorial, una jerarquía que es todavía más vital para revertir la despoblación en los entornos rurales. Avanzar en el reequilibrio de los territorios, y en este objetivo queremos ser también agentes activos de la recuperación, será una forma de asegurar que el nuevo modelo de sociedad al que nos encaminados trae de verdad una nueva etapa de prosperidad para todos.

*** Antonio Pulido es presidente de la Fundación Cajasol