Hoy es un día de satisfacción para Ayuda en Acción, al igual que para el resto de personas que trabajamos en el sector de la cooperación internacional. Ya saben, esa política poco visible que es la base de la solidaridad de los estados con aquellos países que más lo necesitan, y es que, este 9 de febrero se ha aprobado definitivamente en el Congreso la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global con el apoyo de la gran mayoría de todos los grupos políticos.

Un nuevo texto que pasa a sustituir al de 1998 y que será la piedra angular de un nuevo sistema de cooperación internacional al que ya se le viene esperando desde hace demasiado tiempo.

Esta actualización legislativa era algo que se venía demandando desde hacía años. Sin embargo, la voluntad política en unos casos o la volatilidad de nuestra vida política en otros, había ido retrasando esta reforma que era solicitada por la inmensa mayoría de los profesionales del sector, tanto de las distintas Administraciones, como de la academia, las empresas, los sindicatos o las ONG.

El año pasado fue, pues, un periodo de trabajo intenso que ha devenido finalmente en este nuevo texto que ha sido fruto de un consenso tanto en el propio sector, como entre los grupos políticos. Hecho que hay especialmente que subrayar y hacer visible en un panorama de polarización política que alcanza algunos días niveles tóxicos.

Este proceso de elaboración de la nueva ley demuestra que alcanzar acuerdos de Estado es todavía posible y hace honor a una política con mayúsculas que es, sobre todo, acordar con tus oponentes en busca del bien común. Una política que es, me atrevo a decir, la que la mayoría de la ciudadanía demanda.

Este texto será básico para enfrentar los diversos desarrollos legislativos y políticos necesarios para tener cuanto antes una cooperación moderna más eficaz y eficiente, que sume con el resto de la cooperación internacional de otros Estados para responder a los retos globales que enfrentamos de crisis concatenadas y galopantes –económicas, de alimentos, climática, sociales, conflictos…– que están afectando directamente a las vidas de millones de personas en el planeta y, cuyos efectos, se dejan sentir cada vez más de una forma global.

La nueva ley acoge una de las peticiones más demandadas por el sector, la inclusión en su texto del objetivo del alcanzar, de manera progresiva, el 0,7% de la renta nacional bruta en 2030 para dedicarlo a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En 2022 nos quedamos cerca del 0,3%, todavía lejos de la media europea que se sitúa en el 0,5%. Pero que aparezca el 0,7 en el texto caracteriza este, hasta ahora, mero compromiso político en un compromiso de fuerza legal.

También se fija el compromiso específico para la acción humanitaria, que deberá alcanzar el 10% del total de la AOD. Este incremento paulatino de la AOD se indica que se reflejará también en los instrumentos de planificación plurianuales como son los Planes Directores de la Cooperación.

Se pueden hacer leyes sin presupuesto, pero no políticas, y esta ley es un paso decidido para pasar de la buena voluntad de dotar presupuestariamente a la cooperación internacional a la exigencia legal.

Otros aspectos muy positivos del texto es que incluye la visión feminista, ecologista, de derechos humanos y de infancia, focos necesarios para alcanzar de verdad a los colectivos más vulnerables que más necesitan de nuestra cooperación. Como no podía ser otro modo, la ley se alinea con la Agenda 2030, un compromiso asumido por la totalidad de la comunidad internacional. Una agenda que, por más que quieran sus pocos y solitarios detractores, no hace otra cosa que fijar objetivos y metas para afrontar retos globales de manera colectiva que a todos nos deben preocupar y, sobre todo, ocupar.

Como mencionaba anteriormente, la ley será la base de un nuevo sistema y por eso se señala en la misma la necesidad de afrontar una serie de reformas que abarcan instituciones, como la actual Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) o el nuevo Consejo Superior de Cooperación, que sustituirá al actual Consejo de Cooperación que ha sido una pieza importante a la hora de alcanzar consensos en el propio texto. Se apunta también a la reforma del estatuto del cooperante o de instrumentos específicos como son el real decreto de subvenciones o la cooperación financiera.

Esta nueva ley es un momento para felicitarnos, el trabajo ha sido arduo y llegar a consensos no es sencillo, tenemos razones para que el sector se sienta orgulloso de este momento, pero 2023 será un año clave para poner en marcha lo que la ley marca.

La ley es el pistoletazo de salida para tener todo el desarrollo reglamentario cuanto antes, para abordar las nuevas políticas, como será el inminente VI Plan Director de la Cooperación Española y que esté en línea con el nuevo texto, y lograr unos nuevos presupuestos para 2024 que pongan rumbo firme a lograr ese 0,7. Todo ello serán los mimbres con los que mejorar nuestra solidaridad como país; una solidaridad que se refleja en el apoyo de nuestra ciudadanía a la cooperación y la labor humanitaria.

Confiamos en que los consensos que se han alcanzado ahora se puedan mantener en 2023, en un año electoral en lo autonómico, municipal y estatal. Esperamos que nuestra clase política siga manteniendo la visión de Estado que ha hecho que podamos tener esta nueva ley.

***Alberto Casado Valera es director de Advocacy de Ayuda en Acción y vocal de Incidencia de la Coordinadora de ONG de Desarrollo en España.