Desde que saltó a los medios la sanción del químico Rafael Luque por firmar sus trabajos con afiliación a instituciones extranjeras aparentemente violando la incompatibilidad que impone su contrato, el goteo de información al respecto no ha cesado. 

Esta semana, para colofón, varios medios se hacen eco de casos parecidos repartidos por la geografía española. El denominador común está en la 'compra' por parte de universidades y centros de investigación del derecho a aparecer en la afiliación de científicos que están permanentemente contratados en nuestro país. 

Como casi siempre ocurre, los gritos se han escuchado hasta debajo del agua. He leído y sentido todo tipo de descalificaciones, ataques, llamadas a la moralidad, apelación a la corrección y un etcétera tan alargado que me atrevería a calificarlo como infinito. 

Pero, ¿qué realmente ocurre?

Presuntamente, con el ánimo de escalar puestos en los rankings internacionales, varias instituciones extranjeras han desplegado el viejísimo recurso de atraer a aquellas personas que pueden aportarles prestigio. En estas listas se aprecia la cantidad —y también calidad— de las publicaciones científicas cuyos autores manifiesten estar afiliados a la institución. 

La estrategia ha sido: buscar a los que más publican, ofrecerles algún trato en forma de contrato u alguna otra prebenda a cambio de que en sus publicaciones aparezca la correspondiente afiliación y así subir algunos escalones debido al aumento de las publicaciones donde aparece el nombre de la institución en cuestión. 

Para desplegar la caza parece ser que ha existido todo tipo de proposiciones: contratos por unos 70.000 euros al año, viajes en primera para dar conferencias, estancias en hoteles de lujo para asistir a reuniones y financiación de proyectos. 

Es decir, según el baremo de muchas personas: un horror, una claudicación frente al capitalismo y un incumplimiento de la elevada moralidad que debemos tener las personas que nos dedicamos a desvelar los sagrados secretos de la naturaleza. 

Mas, miremos alrededor. 

Los médicos con contrato público en el sistema nacional de salud, una vez que terminan sus labores en hospitales y centros de atención, tienen la posibilidad de ampliar sus ingresos en la sanidad privada. 

Allí, en muchos casos, pueden tener ganancias superiores a las que le proporcionan sus contratos públicos. Por su lado, las instituciones privadas se benefician de tener en sus consultas y quirófanos a especialistas de renombre que atraen a potenciales pacientes. Esto es una práctica aceptada y regulada contra la cual no tengo ni la más mínima objeción.   

Sigamos.

Los deportistas de cierta relevancia pueden prestar su imagen en campañas publicitarias y de esta manera permitirse, aún más, gastos impensables por las personas comunes. Una campaña que logre contratar a un deportista de élite sabe asegurado el éxito y el implicado recibe un sobresueldo sin que ello implique un cuestionamiento moral por quienes siguen sus hazañas deportivas. 

No nos detengamos sigamos con los ejemplos. 

Las personas que han sido integrantes de gobiernos variopintos, aquí no hay derechas ni izquierdas, suelen aceptar con mucho agrado puestos honoríficos muy bien remunerados en consejos de dirección de empresas internacionales. Se dice que su papel en ellas suele ser de representación, lo que se traduce en poca implicación en horas/trabajo a cambio de bastante dinero. 

Esto último, aunque se ha intentado limpiar con algunas leyes, al final sigue siendo una práctica que ya olvidamos si es moral o no. 

Lo mismo ocurre con personalidades de diferentes ámbitos que se incluyen en comités, comisiones y otros consejos de dirección con el mismo funcionamiento que antes explicaba. Algo que no genera mucho más que alguna bromilla de bar dominguero. 

¿Qué ocurre con los científicos?

La carrera científica ya sabemos que es larga, con muchos sinsabores y poquísima remuneración. 

Si nos remitimos al organismo público de investigación más grande de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas —CSIC—, allí un predoctoral recibe unos 20.000 euros anuales y un postdoctoral fellow sobre los 32.000. En el caso de la mayor categoría científica posible, esa que se logra cuando se es un gran especialista —profesor de investigación—, su salario oscila entre los 50.000 y los 80.000 al año, siendo mucho más aquellos cercanos a los 50 que los que llegan a los 80. Siempre te hablo de salario bruto, antes de los impuestos. 

Cuando nos vamos a los institutos de investigación sanitarias, de donde salen muchas soluciones para salvarnos cada día, contar con 40.000 euros brutos al año ya es un lujo al alcance de pocos. 

Pero, hay más. 

Nuestros viajes para asistir a reuniones y congresos son pagados desde aquellos proyectos que hemos ganado en concurrencia competitiva. Me explico, los pagamos con lo obtenido debido a los resultados de la investigación desarrollada. No obstante, están severamente inspeccionados por la intervención. Esto se traduce en que hay que justificarlo hasta la saciedad, usando varias vías de demostración y jamás se podría usar un medio con algo de lujo para transportarnos. 

Una anécdota personal: en una ocasión el billete de tren en business era más barato que en turista para llegar a la ciudad donde tenía que asistir a un congreso. Mi lógica me llevó a pensar que para la inspección sería mejor lo más económico. Error, me gané la clasificación de burgués despreciable y depredador de los fondos públicos por osar ir en una categoría superior a la merecida aun cuando esta era más barata. ¿En qué estaría pensando yo al aplicar la lógica? Por supuesto que el gasto no pudo ser remunerado y el transporte salió de mi bolsillo. 

También es muy común que las colaboraciones, las revisiones de memorias científicas y toda una pléyade de actividades en las que nuestra expertise es necesaria sean completamente gratis. De hecho, se nos tilda de peseteros a aquellos que, ingenuamente, preguntamos: ¿esto se cobra? 

Aquí viene otra anécdota, un amigo científico del CSIC ha tenido que reducir sus complementos salariales, bien ganados, por aceptar ser editor de una revista científica de prestigio que le paga por ese trabajo. Según la ley, es incompatible ganar ese 'sobresueldo' por ser editor. Sin embargo, nadie nos protege de hacer exactamente lo mismo si no lo cobramos. Es decir, el problema no está en el tiempo que dedicamos, la cuestión se suscribe a evitar cualquier atisbo de ganancia. 

Otra cuestión interesante está en la gran cantidad de trabas burocráticas e impedimentos jurídicos que tenemos los investigadores para montar una empresa con actividad científica. Esta es una práctica muy común en otros lares, donde investigadores pueden dar el salto a la innovación sin necesidad de apartarse de la actividad académica. 

Otra vez la incompatibilidad, podrías pensar. Y los médicos que trabajan en el sector público cuando montan una consulta privada, ¿cómo lo llamamos? 

Con todo esto, me pregunto: ¿Es tan deshonroso que los científicos accedan a algún tipo de compensación económica por compartir su afiliación regular con el nombre de otras instituciones? ¿Dónde está la pérdida? Si reguláramos esta posibilidad alejándonos de la prohibición absoluta, quizá podríamos evitar situaciones de dudosa fiabilidad como algunas de las detectadas recientemente. 

Recordemos que ya existe un modelo. En el caso de los clínicos su nombre puede aparecer en varias instituciones, todas se benefician de su producción. E incluso en todas, potencialmente, pueden hacer ensayos clínicos. ¿Por qué miramos el caso de los científicos con otro prisma?

Es momento de remarcar que no es mi intención provocar una resta, todo lo contrario, mi intención es sumar, permitir lo que otros profesionales con la ley en la mano pueden hacer. 

Si se establece un contrato, se pagan los impuestos, se proveen recursos, se imparten conferencias, se asiste a reuniones… ¿dónde está el problema moral? O mejor aún: ¿por qué nos fijamos cuando ocurre con quienes hacen ciencia?  

Las particularidades de cada caso destapado durante las últimas semanas no están claras, pero la sentencia ya está hecha para la generalidad y el futuro. Quizá lo importante, me repito, sería dejar las cosas claras, permitir un desahogo a quienes trabajan obteniendo un salario famélico y no mirar hacia otro lado como si el problema y el descontento no existiese. 

En otra cuerda, las críticas han elevado el tono por el condicionante que tiene aceptar tratos y dinero de instituciones establecidas en países que no cumplen con los estándares de igualdad y derechos humanos. En buen español callejero diríamos: “ese es otro melón” que debimos abrir durante el mundial de fútbol. O, como hizo quien escribe: apagar la televisión durante toda la competición y no hacerse eco de ninguna medalla ganada. 

En la comunidad científica internacional es muy común encontrarnos con científicos de gran producción que tienen más de una afiliación. Un honorable ejemplo es el eminente Jean-Laurent Casanova, Premio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca, cuya afiliación en todos sus artículos es: The Rockefeller University (Nueva York), Howard Hughes Medical Institute (Nueva York), Inserm (París), Imagine Institute (París) y Necker Hospital for Sick Children (París). 

Los acuerdos que tiene con cada una de estas instituciones son transparentes y las ganancias son mutuas, nadie lo duda. 

Quizá sea hora de regularizar estas situaciones, si tenemos grandes científicos cuya producción es atractiva para otras instituciones deberíamos permitirles tener múltiple afiliación. Así, en alguna medida, evitamos descalabros, chanchullos y, lo fundamental, que no decidan marcharse a otras latitudes. Aquí hacen falta.