En diciembre de 2019, el hijo de Luz Estella Romero perdió, como dice ella, su futuro. Seis efectivos de la policía colombiana se presentaron en una fiesta familiar a la que el joven de 17 años acudía con un amigo. "Hubo secuestro e intento de desaparición forzada”, explica esta abogada ecofeminista colombiana y fundadora y socia del Colectivo Mujeres Al Derecho (COLEMAD).
“La policía se lo intenta llevar, y la comunidad responde alarmada porque haya tantos agentes buscando a un niño. Pero eso es Colombia. No necesitas ser un actor ilegal, el mismo Estado hace actos ilegales y ataca no solamente a quienes trabajamos por defender derechos, sino a nuestros hijos", asegura.
Esto, advierte, es "un ataque muy dirigido a las mujeres defensoras de derechos humanos", como ella. Porque, indica, "desde COLEMAD hemos documentado el ataque que hacen sobre nuestros hijos y la amenaza de violencia sexual sobre niñas que son hijas de defensoras”. A su hijo, cuenta, le salva su inteligencia –porque, al darse cuenta de la situación, grita el número de teléfono de su padre– y toda la red que ella y su organización de mujeres llevan tejiendo desde principios de los 2000.
Plano detalle de las manos de Romero mientras habla del secuestro de su hijo.
En aquel momento, Romero vivía a una hora de la ciudad y lo único que pudo pensar cuando la llamaron para advertirle de la situación fue un “no llego a salvar a mi hijo, he salvado a tantos hijos e hijas, pero no voy a ser capaz de salvar al mío”, cuenta con la voz quebrada.
La historia de su hijo es, cuenta esta defensora de los derechos humanos, un "testimonio muy desgarrador de dos jóvenes". Y asegura que el joven, aun a fecha de hoy, se niega a hablar en profundidad de lo que ocurrió aquella noche. Para él, “no ha sido un proceso fácil, ha vivido siempre en desesperanza, como todos los hijos de defensores", matiza. Eso, asegura, "también es una deuda emocional que tiene el Estado colombiano con nuestros hijos, con nuestras hijas y con la paz de los jóvenes en Colombia".
Porque, insiste, a su hijo le “arrebataron el futuro” a los 17 años, y eso que se salvó del peor de los desenlaces. Él se salvó porque, con mucha rapidez, denunciaron y "se movió toda una red social alrededor". Sin embargo, no fue la única vez que fueron a buscarlo.
Pregunta: Hubo otros intentos de secuestro.
Respuesta: Poco después, efectivos policiales acudieron a casa de su padre. Empiezan así una serie de acciones dirigidas a esa casa, una vigilancia permanente… Hasta que llegó la Covid-19, permitió a mi hijo ‘escapar’ de la casa a medianoche para viajar conmigo a Bogotá, donde me encontraba en un espacio seguro.
Hay una frase que el joven le dice a su madre y que Romero confiesa ser incapaz de olvidar: "Yo soy el que tengo que estar preso y los que me atacan tienen libertad". Eso, confiesa la defensora, es lo que pasa en Colombia.
Y añade: "Esa es la constante que vivimos; los delincuentes están libres y las víctimas están o encerradas o huyendo, incluso en un ejercicio de apresamiento, como lo hizo la Fiscalía, con todos los chicos que salieron a protestar precisamente por reclamar la dignidad, la libertad y la equidad en Colombia [se refiere a las protestas que tuvieron lugar entre 2019 y 2021 en el país latinoamericano]".
Cuando el hijo de Romero llega a Bogotá, empieza su labor de denuncia también ante el sistema de Naciones Unidas que les respalda. Todo mientras se está persiguiendo a la organización que ella representa. "La policía intenta allanar nuestras oficinas y hay toda una red de la inteligencia militar atacando nuestras fuentes de información", cuenta.
La situación es cada vez más peligrosa, especialmente porque a raíz de la Covid, el Gobierno otorga más competencias a la policía y a los militares. "En Colombia, no puedes confiar en quienes se supone que te protegen", admite. Así que decidió salir del país con la ayuda de Amnistía Internacional.
Ahora, cuenta, su hijo vive en libertad, "en un Estado [España] que le brinda esa posibilidad". Aunque, reconoce, aún no se ha adaptado a vivir de esa manera. Y es que, asegura Romero, al final todo forma parte de las secuelas de una lucha por los derechos más básicos de las personas. Y recuerda: "Saben que la manera de callar a las personas, especialmente a una mujer, es atacando a sus hijos". Pero, recuerda, con ella y su colectivo no lo han logrado.
P.: Luz, está en situación de protección internacional temporal por su trabajo, su labor: es abogada, defensora de los derechos humanos, y se define como ecofeminista.
R.: Más bien como eco-ecofeminista, porque aúna la economía, la ecología y el feminismo.
P.: La suya es, en todos los sentidos, una profesión de riesgo, especialmente en Latinoamérica.
R.: Y en el país más riesgoso, además.
Detrás de los intentos de secuestro del hijo de Romero hay décadas de lucha por los derechos de las mujeres en Colombia. Algo que ha llevado a que su organización, el Colectivo Mujeres al Derecho, lleve desde 2012 sufriendo un “proceso de persecución, de seguimiento, de acoso estatal por el hecho de defender los derechos humanos de las mujeres”.
Abogadas feministas que se rebelan contra “el poder”
La organización que lidera Romero surge de una “inquietud” como estudiantes universitarias: “En principio éramos abogadas, pero ahora es un grupo más interdisciplinario, precisamente porque un caso no lo defiende solamente abogadas, eso es una falacia”, admite.
La colombiana reconoce que desde el principio, allá a inicios de siglo, se centraron en el desplazamiento forzado y “todo lo que hay alrededor de las mujeres que se desplazan, que salen de diferentes zonas rurales del Caribe colombiano por incursiones paramilitares que ocasionaron masacres en donde asesinaron a cientos de personas –sus familias– en un ataque directo también a los hombres de las comunidades”.
Sin embargo, el grueso de su trabajo pivota sobre los avances en Colombia al acceso a la tierra de las mujeres a partir de la convención Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). “Veníamos trabajando en el Departamento del Atlántico, su capital es Barranquilla, precisamente con mujeres rurales, y estas mujeres habían accedido por política pública a tierra, pero el mismo Estado, en menos de cinco años de entregarles la tierra, se la estaba intentando quitar por deudas públicas”, explica. Así empezaron a generar toda una estrategia jurídica, antes incluso de graduarse.
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P.: ¿Qué les interesaba cuando pusieron en marcha este, podríamos llamarlo, movimiento?
R.: Tenía claro que a mí me interesaba el poder. Pero el poder para transformar, poder que no era solo para mí. Y eso nos llevó a unirnos a varias que teníamos la misma inquietud. Pero es que nacimos en el seno de una crisis humanitaria, millones de personas desplazándose de zonas rurales, miles en el Caribe colombiano, que empezaban a insertarse en los barrios, en los municipios en donde ya veníamos nosotras trabajando con mujeres, haciendo pedagogía jurídica.
Desplazamiento forzado de población
Romero cuenta que las mujeres rurales desplazadas, expulsadas por las guerrillas y el paramilitarismo, se iban insertando en los “cordones de miseria de barrios informales”. Lo que ocurría, puntualiza la activista, era “una estrategia de guerra” en toda regla: “El paramilitarismo ha sido una estrategia de guerra y el desplazamiento forzado y el despojo también”, recalca. Y explica que “las mujeres que venían desplazadas no tenían ni idea, algunas no sabían que tenían propiedades ni que eran dueñas de tierra, siempre referían que el propietario era su esposo”.
Y es que las mujeres rurales, “como en todos los países del mundo”, especifica, son las más marginadas, “y más en el continente americano”. Pronto, dice, vieron puntos en común con todas las mujeres que les pedían ayuda: “Empezamos a ligar que todo el narcotráfico, el paramilitarismo, los poderes políticos, congresistas del mismo gobierno –de tres gobiernos seguidos–, y también relacionado con actores internacionales multinacionales, estaban presentes en esos casos que nosotras representamos”.
Romero durante la entrevista con ENCLAVE ODS.
Romero asegura que todos esos casos, que suman 300 y estuvieron más de 15 años preparando, se presentaron a la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada tras el acuerdo de paz del Gobierno colombiano y las Farc. En el informe que los engloba, denuncian el "desplazamiento forzado con fines de despojo de tierras y territorio donde se instrumentaliza a las mujeres y donde ha participado toda este concierto para delinquir entre poderes económicos, políticos, militares…". Ese, reconoce Romero, fue el inicio de su persecución personal.
El salto internacional
P.: De pronto, tienen el foco puesto en ustedes, porque están haciendo mucho ruido.
R.: Efectivamente, aunque lo tenemos puesto desde el principio, porque nosotras rápidamente damos un salto cualitativo, hay –afortunadamente– una comunidad internacional que nos apoya, logramos empezar a estar ahí, presentes. Ya entre el 2002 y el 2012 estábamos construyendo un movimiento y dando un salto internacional.
Romero cuenta que durante todo ese proceso, ella, personalmente, empezó a participar "en muchos espacios". Eso, explica, hizo que ACNUR, que estaba realizando trabajos sobre desplazamientos forzados, la contactó para "acompañar como consultora a las organizaciones poblacionales desplazadas, que eran mixtas, con mayor liderazgo de hombres". Eso, asegura, le permitió conocer a fondo el "movimiento organizado de las personas desplazadas".
P.: Ahí las mujeres estaban infrarrepresentadas, ¿no?
R.: Es que a la hora que nosotras reconstruimos los casos, vemos que las mujeres desplazadas no hablan de crisis humanitaria; lo único en lo que pensaban era en cómo alimentar a sus hijos, como alimentos y cómo iban a resolver el día a día. Porque eran personas que tenían cultivos y la seguridad alimentaria resuelta y de pronto se veían sin ese sustento. Nosotras teníamos que proteger el futuro, lo teníamos claro.
Asegurar el futuro de estas mujeres, explica Romero, era clave. Especialmente allá a finales de los 90 hasta el 2005, cuando el Estado y la sociedad aún "niegan" la magnitud del conflicto armando colombiano. Porque, confiesa, sabían que tarde o temprano habría un proceso de paz, y estas mujeres tenían que asegurar sus propiedades y sus derechos antes.
P.: ¿Por qué decidieron dar el salto internacional? ¿Por qué en 2012 van más allá de los litigios locales y presentan un informe sombra –esos que realiza la sociedad civil en materia de DDHH– ante Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
R.: Cuando apenas estamos construyendo los casos y litigando a nivel local, empezamos a darnos cuenta de que había una oportunidad para sacar fuera los casos. Además, ya empezamos a sentir el temor de que nos iban a asesinar en algún momento, porque lo que estábamos haciendo era más fuerte de la capacidad que teníamos nosotras. Y la justicia aquí estaba involucrada también.
Una lucha constante
P.: El problema estaba dentro del propio país y de sus instituciones.
R.: Claro, empezamos a denunciar jueces, ministros… todos nuestros casos son contra el Estado y funcionarios que están acompañados del poder. Y nosotras nos dimos cuenta de que si no nos robustecíamos y empezábamos a ir a las audiencias internacionales de la Comisión Interamericana a denunciar lo que estaba pasando más allá de la violencia sexual, no tendríamos futuro. Porque reivindicábamos que hay otra forma de despojo y hablábamos de la tierra como cuerpo de mujeres. Empezamos a acuñar lemas como 'las mujeres hilamos la paz', 'tejemos derechos'…
P.: ¿Qué consecuencias trajo todas estas denuncias para su organización?
R.: Empezaron a buscar quién estaba detrás de nosotras y empiezan a estigmatizar, a decir que si nosotras pertenecíamos o estábamos muy ligadas a organizaciones cercanas a la insurgencia… Nos descalifican y empieza un proceso de persecución.
P.: ¿Cómo fue esa persecución?
R.: Nuestra oficina era chiquitita, siempre habíamos pasado desapercibidas, y de golpe, en el edificio nos empezaron a decir que habían estado personas del ejército preguntando por nosotras. Día sí y día también. Y eso nos hizo que no tuviéramos que mudar de oficina.
P.: ¿Cuándo sucede esto?
R.: Todo esto sucede como consecuencia de las primeras audiencias en la Comisión Interamericana.
P.: ¿Qué pasó cuando se cambiaron de oficina?
R.: Luego nos cambiamos de oficina y teníamos una vigilancia permanente de la policía. Hacían turnos y contabilizamos tres turnos. Y empezamos nosotras a documentar los hechos de riesgo que no estaban pasando. En los territorios, los señores del poder nos empezaban a llamar, y había frases como 'le compro a la viuda', porque evidentemente habían asesinado los hombres y pensaban que a las mujeres era más fácil de pagar. Pues no, salió nuestro poder y al día de hoy no lo pudieron hacer. Y tenemos sentencia favorable de protección de las tierras del Departamento del Atlántico.
Persecución policial
P.: A primera vista, parece que no salió tan mal.
R.: Se reconoce el despojo de tierra, se reconoce la condonación de la deuda… es maravilloso. Pero cada logro ha traído consecuencias en los territorios. Hemos tenido que sacar mujeres de las zonas, hubo un caso de unas chicas jóvenes que su madre fue asesinada y ellas tuvieron que apartarse del caso porque incluso tuvieron una amenaza de bomba en su casa. Nosotras salimos siendo otra vez nuevamente perseguidas.
P.: ¿Quién les persigue a ustedes?
R.: Nosotras somos perseguidas por efectivos de la policía desde esa época. El mismo Estado nos acosa. Hemos tenido amenazas del ejército anti-restitución, hubo un momento de crisis en el 2014 en donde incluso el mismo ejército anti-restitución amenaza con que iba a entrar a nuestra sede a por los expedientes. En ese momento teníamos otra sede, y tenemos que estar cambiando de oficina cada poco. Nuestro mayor riesgo está en una posible judicialización hacia nosotras y en que entren y se lleven los expedientes. Ha habido ataques cibernéticos….
"Cada logro afortunado para el proceso que hacemos es una retaliación hacia el trabajo que hacemos y hacia las mujeres", asegura Romero. Por eso, admite, tuvieron que fortalecer su "sistema de autoprotección". Aunque, explica, en ese momento consiguen que internamente se les reconozca como una "organización en riesgo extremo".
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En 2019, cuenta Romero, fue el siguiente gran boom del colectivo Mujeres al Derecho. Porque "los casos en la justicia penal ya estaban reconociendo a los actores, es decir, a los jefes paramilitares, y toda la participación en los despojos de tierra". Ese año, además, Naciones Unidas les otorga estatus consultivo por ese trabajo permanente que han tenido en derechos económicos, sociales y culturales.
Esto coincide con las primeras protestas masivas en Colombia. "Todo el país entra en crisis porque la ciudadanía empieza a salir, los movimientos juveniles, los indígenas se van a las principales capitales a reclamar porque ya se está volviendo a un estado de facto con, desafortunadamente, un presidente que no entiende que se necesita un sistema de protección de derechos humanos, porque ha firmado todos los tratados", recuerda Romero.
Y añade: "La sociedad no puede más, hay un estallido social, y nosotras, sin embargo, como sabemos el peligro que ya corremos, decidimos no ir a las protestas". En ese momento, explica Romero, la policía llega a las zonas rurales para "militarizarlas nuevamente" y complementar a la marina y al ejército.
Romero aclara, para que desde España consigamos entender la situación de su colectivo –y la suya propia– que ellas han formado parte de todos los procesos de paz, y estaban presentes en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Nosotras tenemos comunicación directa con las mujeres y con la vocera del ELN", aclara. Porque solo así, explica, se puede conseguir que "se saque a la comunidad, y especialmente a las mujeres, de los escenarios de disputa".
Ahora, Romero reconoce que se muestra esperanzada con el cambio de Gobierno en su país el pasado año. Quizás, dice, pueda volver a casa más pronto que tarde.