Erika Torregrosa en la sede la Organización de las Naciones Unidas. Cedida.
Erika Torregrossa, experta en DDHH: "Colombia es una democracia sólida, pero aún queda mucho por hacer"
La jurista española de origen colombiano comparte su amplia experiencia en materia de defensa de los activistas de DDHH y justicia transicional.
1 noviembre, 2023 01:36"Mi vida siempre ha transcurrido en la defensa de las personas". Así describe Erika Torregrossa Acuña (Bogotá, Colombia, 1973) su trayectoria profesional. Y lo defiende con una espada en la mano y una balanza en la otra. Nieta e hija de abogados, desde que tiene uso de memoria sabía que quería dedicarse a la defensa de los derechos humanos.
Hoy, asesora a la Secretaría de Estado de Cooperación del MAEUEC y copreside el Observatorio de Derechos de las Personas del Ilustre Colegio de la Abogacía Barcelona (ICAB) y el órgano paralelo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Anteriormente, fue secretaria general del Barreau Penal International - International Criminal Bar, una entidad adscrita a la Corte Penal Internacional (CPI) y asesora de Gabinete del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su profesión (y pasión) han llevado a Torregrossa a estar destinada en numerosas pasar capitales —Bogotá, Bruselas, París...—. Ahora vive a caballo entre Madrid y Barcelona.
Con una agenda muy apretada, ha podido sentarse con ENCLAVE ODS para compartir la trayectoria, la experticia en procedimientos jurídicos y su visión sobre el futuro de la defensa de los derechos y libertades de aquellas personas que hacen valer los intereses de los más vulnerables.
El pasado mes de septiembre, con su sombrero de copresidenta de los órganos del ICAM e ICAB, encabezó una misión jurídica estas dos corporaciones profesionales en Colombia. El país iberoamericano atraviesa un período de paz que llega tras una etapa muy convulsa caracterizada por una situación de violencia generalizada perpetrada por múltiples actores.
Torregrossa y otros especialistas fueron ponentes de un seminario universitario sobre la paz y el impacto de la violencia en distintos espacios sociales. Y después se organizó un congreso que incluía encuentros con miembros del gobierno colombiano.
"El gobierno colombiano, a través del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, nos encargó a mí y al señor Jesús Sánchez, decano del ICAB, la tarea de organizar un foro sobre cómo erradicar los diferentes tipos de violencia en un país aparentemente seguro", explica Torregrossa.
La violencia en Colombia, explica Torregrossa, atraviesa todas las esferas. "Es una violencia que penetra en las diferentes áreas del espacio: en las escuelas, en el hogar y hasta en las redes, extendiéndose más allá de las fronteras". Pero es optimista, y compara la situación en Colombia con otros lugares que han experimentado un proceso de justicia transicional: "Hemos evolucionado de un conflicto armado a un proceso de paz y una justicia transicional seria, reconocida y ejemplar", señala.
"Queda mucho camino por recorrer, pero creo que la sociedad colombiana de dentro y fuera del país puede confiar en sus instituciones y en que es una democracia sólida", indica la experta en DDHH.
Pero se mantiene cauta: "No está todo hecho", afirma. El pasado mes de marzo, por ejemplo, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos registró 116 asesinatos de activistas en Colombia el año pasado y advirtió que la mayoría respondían a una violencia cometida por grupos armados no estatales.
¿Existen mecanismos jurídicos suficientes para defender y proteger a estas personas?
La violencia hacia defensores y activistas de los derechos humanos y los derechos en América Latina son, por desgracia, la norma. Y Colombia no se salva, a pesar de ser una democracia sólida.
Cuando hablamos de protección de derechos humanos hacia personas defensoras de los DDHH nos referimos al apoyo de la comunidad internacional, de la sociedad de origen y de la del exterior. Ya existen tratados internacionales y una legislación, empezando por la Carta Universal de los Derechos Humanos, que precisamente cumple 75 años, a los cuales prácticamente todos los países del mundo están suscritos. Lo que falla es el momento de desarrollar estos tratados y convenidos.
¿Y por qué fallan? ¿Qué responsabilidad puede atribuirse a los Estados?
Lo primero que hay que saber es que estas violaciones de DDHH no necesariamente se producen en Estados débiles. Incluso en las democracias fuertes, existen fuerzas paramilitares o parapoliciales que atentan contra ellos. Normalmente, los asesinatos de activistas suelen ser obra de fuerzas externas al Estado.
Esto significa que normalmente el Estado puede respetar el régimen internacional de los DDHH...
No hay ningún estado en el mundo que se proponga incumplir la Carta Universal de los Derechos Humanos. Su compromiso se puede ver cuando deciden firmarla. No obstante, puede haber Estados a los que les falten medidas de protección a sus propios activistas. Eso es lo que falla, y no la voluntad.
¿Qué clase de medidas de protección?
Como jurista, le puedo hablar de medidas como facilitar el acceso a la justicia. Es tan importante prevenir esos delitos como perseguirlos. Es decir, establecer mecanismos de protección, prevención y sanción.
Lo que más preocupa no es que exista legislación que los proteja, sino mecanismos de acceso a la justicia y mecanismos de impartir justicia a los perpetradores. Estos mecanismos de justicia se engloban el ODS 16: Paz, Seguridad e Instituciones Sólidas. Hay que trabajar para que fortalecer las instituciones.
Esta es una línea transversal del trabajo que realiza a través del ICAB. ¿Qué otros ODS está tratando de impulsar?
El seminario internacional de Colombia es la primera de una serie de citas para fortalecer este ODS. El segundo foro se celebrará en Marruecos bajo la temática de las mujeres migrantes y sus derechos. Así, complementariamente se incidirá en el Objetivo 5.
No puede existir justicia sin que haya seguridad y no puede existir seguridad sin que la mujer pueda migrar y desarrollarse en libertad. Este colectivo es víctima de ataques, violencia e infamias que tenemos que evitar. También tenemos programado un tercer seminario internacional que se celebrará en México sobre gobernanza, donde se tratarán temas como los feminicidios o la corrupción.
¿En qué otras áreas estáis trabajando desde el Observatorio de Derechos de las Personas del ICAB?
El segundo pilar de trabajo consiste en sentar sobre una mesa a los representantes de las instituciones y expertos sobre diferentes temas. Esto es lo que denominamos diálogos itinerantes. Por ejemplo, ahora estamos explorando cuestiones como la preservación de la democracia, un coloquio al que asistió Manuela Carmena, o la escasez de agua.
La idea es acercar problemas que son globales desde lo local y conectarlo con lo institucional.
¿Es más fácil defender derechos de primera generación, como la libertad de expresión, que derechos de tercera generación, como el derecho a un medioambiente limpio y seguro?
La defensa de los activistas es directamente proporcional a los mecanismos de los cuales se goza y a la voluntad de quienes deben ejercer la defensa, como los entes públicos.
Donde más delitos contra defensores se cometen falla a algo más que la legislación o la seguridad. La situación es directamente promocional a la falta de instrumentos y de mecanismos serios para defenderlos. En el caso de la libertad de expresión, se trata de un derecho que tenemos muy arraigado en nuestra personalidad. Y al pensar en derechos emergentes o de segunda generación, como el que mencionas, a pesar de que nos afecta de igual manera, está menos incorporado.
Por eso debemos seguir trabajando en una cultura social de la defensa de derechos que nos afectan y de los que no somos conscientes.
¿Y cómo se puede promover esa cultura?
Cada uno lo puede hacer desde el sector o pequeña parcela desde la que trabaja: en la escuela, en el trabajo, en los medios de comunicación... España es uno de los pañises más avanzados en este sentido. Ha estado detrás de iniciativas como ONU Mujeres y somos líderes en gestión de agua y saneamiento. Hay que educar al ciudadano para que sepa esto.
A mí me toca hacerlo desde las instituciones, desde la justicia y desde el propio activismo por los derechos humanos. Existen canales para poder fomentar, promover y actuar esa cultura.
