En 2019, el asesinato de Nancy Zepahua (19 años) a manos de su pareja conmocionó al municipio de Zongolica (estado de Veracruz, México). Fue uno de los 1.006 feminicidios que aventaron México durante ese año. Su caso empieza con un evento familiar: una noche de agosto, Fabián, su pareja desde los 15 años y con quien tenía una hija, fue a verla para pedir una reconciliación. 

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De madrugada, la madre de la joven abrió la puerta y ahí se encontraba él. "Le dijo que quería hablar con ella, la hija salió y no volvió a aparecer", cuenta Mariana Ugarte, responsable de proyectos de Manos Unidas en México y Perú, recordando el testimonio de Irma Zepahua, la madre de Nancy. A la mañana siguiente un familiar encontró el cuerpo en un barranco cubierto de basura y con una sudadera atada al cuello. 

Esta oenegé conoce de primera mano el caso. Su colaboración con la asociación Kalli Luz Marina, enmarcada dentro de su línea de trabajo de violencia de género, le ha permitido canalizar sus esfuerzos económicos y técnicos para mejorar el acceso a la justicia de aquellas mujeres de zonas rurales que han sido víctimas de violencia de género (feminicidios, abusos sexuales o psicológicos y violencia patrimonial). "Se busca que la atención y el acompañamiento brindado sea de manera integral, es decir, desde las áreas jurídica, psicológica y social", señala Ugarte. 

Los datos más recientes sobre violencia contra las mujeres en México arrojan cifras escalofriantes. Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022 se produjeron 3.754 muertes de mujeres, de las cuales solo el 33,7% se investigaron como "presuntos" feminicidios —asesinatos por razón de género—. El resto de ellos se consideran homicidios dolosos. 

La prevalencia de esta clase de violencia es tan notable que, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el 70,1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia por razón del género. Sus formas más comunes en la sociedad mexicana son la emocional (51,6%), la sexual (49,7%), la física (34,7) y la económica, patrimonial o laboral (27,4%). 

"Ella [su madre] cada noche sigue escuchando que su hija la llama porque a Nancy la mató el feminicida detrás de su casa", añade Ugarte. Esa es la culpa con la que carga. Porque, tal como explica Ugarte, la reparación no consiste solamente en haber conseguido demostrar su culpabilidad y la subsecuente condena a 55 años de prisión —tres años después de que sucediera—. No solo es eso. "No es una cuestión punitivista o revanchista, es importante lo que viene después", explica Ugarte.

Irma Zepahua encontró un refugio para todas esas secuelas psicológicas en la organización que le había ayudado a llevar el caso de su hija. Después del doloroso proceso judicial vivido pasó de ser víctima a activista. Se hizo promotora voluntaria de la Red de promotoras por los Derechos de las Mujeres Indígenas (REPRODMI) de Kalli y ahora apoya a otras mujeres nahuas que como ella han sufrido o sufren las diferentes formas de violencia machista. 

"No se atreven a denunciar"

"El problema es que muchas mujeres, por pena o porque no se enteren los demás, no quieren denunciar", señala Hilda Torres García (47 años), del municipio de La Paz (estado de Veracruz). Ella, una de las portavoces de las 60 promotoras bilingües de la REPRODMI, conoce de primera mano los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres monolingües de zonas rurales como la Sierra de Zongolica.

Torres explica que aunque los casos más comunes son los de mujeres que se están separando o divorciando de sus parejas, la violencia también toca a la infancia. Los casos se vuelven incluso más complejos porque suceden dentro del ámbito familiar. 

"Es sabido que hay casos de niñas a la que sus papás las dejan solas y son los mismos hermanos o los tíos los que abusan sexualmente de ellas", señala. Son situaciones que son difíciles de demostrar porque no existen pruebas fehacientes. "Se siente impotencia al ver que eso sigue sucediendo", añade. 

En el caso de las mujeres mayores de edad, la disuasión, el amedrentamiento, o el miedo a lo que puedan pensar los vecinos frena cualquier pretensión de denuncia. "Hablan con nosotras y nos cuentan situaciones muy difíciles, pero a veces no se animan a ir a más. Se conforman con el tratamiento psicológico", señala Torres. Esto, tal como afirma, condena a las víctimas a que "el círculo de violencia no se acabe".

El sistema impide que aquellas mujeres que, con valentía, deciden desafiar a sus comunidades, sorteando las represalias que experimentan durante todo el proceso denunciando una situación de violencia contra ellas o sus allegadas, puedan conseguir que se haga justicia. 

En México, la tasa de impunidad en los casos de feminicidios supera el 95%. Según el centro de pensamiento México Evalúa, los delitos que presentan un mayor índice de impunidad son, en este orden: violencia familiar (98,6%), desaparición (96,5%), extorsión (96,4%) y abuso sexual (96,1%). En todas estas tipificaciones delictivas la vulnerabilidad de las mujeres es elevada.

Corrupción e impunidad, de la mano

"Los procesos son largos y tediosos", señala María López de la Rica, coordinadora Kalli Luz Marina. "El número de casos superan a la Fiscalía General del Estado y por eso cuando llegan las mujeres con la intención de interponer denuncia por violencia de género, la fiscal les escucha y les disuade diciéndole 'si pones una denuncia, tu marido va a la cárcel'", añade.

Cuando van solas, cuenta, se les revictimiza, y se les hace responsables de su propia situación. Lo que perpetúa este tipo de situaciones, explica López de la Rica, es que "no existe ningún enfoque de género, de derechos humanos, y aún menos de interculturalidad". 

López de la Rica pone otro ejemplo estremecedor que evidencia la poca diligencia con la que actúan algunos funcionarios, en este caso, los peritos, que "a veces no hacen bien su trabajo, o tardan en hacerlo".

La responsable de Kalli Luz Marina relata el caso de una compañera embarazada a la cual su pareja le pegó y como consecuencia de la paliza perdió a su bebé y se vio obligada a abortar. "El perito escribió en el informe que fue un aborto natural", cuenta. Acudieron a la fiscalía, pero no se pudo hacer nada y el caso quedó sin resolución. 

Lo cierto es que en ocasiones la violencia continúa propagándose incluso cuando se ha juzgado a los agresores. "Las víctimas de estos delitos sufren mucha presión, e incluso estigmatización dentro de sus comunidades", señala Ugarte. Esto se achaca a los altos niveles de corrupción e impunidad que existen. "Ellas no pueden confiar ni en la propia policía", añade. "La impunidad y la corrupción van de la mano", sentencia López de la Rica.

Una red de defensa y acompañamiento

"Yo viví la violencia en el caso de mi mamá", recuerda Torres. "Fue una de las que nunca se atrevió a más". Al observar la violencia estructural que sucedía a su alrededor, muchas veces invisibilizada u oculta detrás de la cortina del ámbito doméstico, decidió dar un paso al frente y dedicar su tiempo libre a ayudar a las mujeres de su comunidad. En la REPRODMI, alrededor del 80% de las mujeres promotoras han sufrido violencia y han decidido pasar de víctimas a activistas. 

Además de coordinar las actividades y representar a su zona en los comités anuales de Kalli, es la encargada de la iniciativa de las gallinas ponedoras —dan fe de ello los sonidos de cacareo durante la conversación telefónica con ENCLAVE ODS—. "Hay otras que se encargan de las actividades culturales, del huerto o de talleres", explica Torres. Estas son actividades diseñadas en consonancia con las necesidades de las comunidades que se ofertan a todas las mujeres. 

La puerta de Torres permanece siempre abierta a quienquiera contar su situación. "Simplemente quieren platicar con alguien, y cuando ya es un caso más serio se deriva a los profesionales de Kalli", destaca. La acción de las mujeres promotoras no es solamente una expresión más de voluntariado. El riesgo al que se enfrentan es ser objeto de acoso y amenazas de los que quieren proteger al agresor. 

Kalli Luz Marina está renovando continuamente su plan de seguridad para proteger a las mujeres promotoras. En este sentido, López de la Rica cuenta un caso reciente que puso en guardia a la organización: "Una de las promotoras de la red apoyó a la abogada dándole pistas de en qué lugar y a qué hora se encontraría al supuesto agresor y a la tía de la víctima se le ocurrió contárselo a una vecina. Los vecinos se lo contaron a la familia del acusado y decidieron tomar medidas: le mataron el perro, le rompieron la el foco de luz de la calle y le tiraron piedras al tejado, entre otras cosas". 

"Cuando se trata de la violencia de género, muchas veces solo se ve a las mujeres como víctimas, por eso es importante conocer el otro lado", explica Ugarte. "No son mujeres pobres. Sí son mujeres indígenas, que han sido violentadas, pero vienen con propuestas para cuidar a otras mujeres", añade. Se trata de gente que "tiene mucha fuerza, se puede organizar y tiene un nivel de solidaridad entre ellas dentro de su pobreza".