Una nueva demanda ha llegado a los despachos del Tribunal Constitucional de Rusia: 19 personas y la oenegé Ekozashita (Ecodefense) han denunciado al Estado ruso por no hacer lo suficiente para reducir las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, vulnerando así sus derechos a la vida, la salud y un medio ambiente sano, protegidos por el texto constitucional.
Esta denuncia no es espontánea, los activistas climáticos ya habían solicitado a otra instancia, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa, la evaluación de la política climática de Moscú el 11 de septiembre de 2022, obteniendo la negativa. Tal como recoge el portal Climate Case Chart, los demandantes sostuvieron que las medidas insuficientes de Rusia sobre el cambio climático "violan la Constitución rusa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)".
La cuestión se saldó con la retirada del país de la CEDH cinco días después. La corte denegó la demanda el 21 de septiembre y posteriormente se presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque Rusia ya no es miembro del Consejo de Europa y rechaza la jurisdicción del tribunal de Estrasburgo, el caso es admisible ya que se presentó en el país antes de la fecha de terminación. Además, se refiere a posibles violaciones con efectos negativos que continúan en la actualidad.
En la actual denuncia, las instancias judiciales del Tribunal Constitucional no han tenido más remedio que aceptar la reclamación. No es la primera vez que un tribunal ruso da luz verde a un caso medioambiental: resolvió la responsabilidad del Estado por la catástrofe nuclear de Chernóbil, pero aún no se ha ocupado de la degradación del clima.
"Los objetivos de reducción de emisiones fijados por Rusia están extremadamente lejos de los niveles exigidos por el Acuerdo de París —reducir las emisiones nacionales en al menos un 40% para 2030 con respecto a los niveles de 1990—, lo que significa que el Estado se desentiende de proteger a los ciudadanos del cambio climático", expresó el pasado 9 de mayo Grigory Vaypan, abogado de los demandantes. Y condensó en una frase la petición: "Queremos que el Tribunal Constitucional obligue a las autoridades a restablecer el orden climático".
Los peticionarios ponen en tela de juicio la constitucionalidad de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fijados por el Decreto Presidencial nº 666 de 4 de noviembre de 2020 sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También los del anexo de la Estrategia para el desarrollo socioeconómico de la Federación Rusa con bajas emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2050.
De escéptico a convencido
Los activistas exigen la anulación de esos decretos y el establecimiento en su lugar de objetivos más ambiciosos. Rusia, a diferencia de otros países que se adhieren a los estándares convenidos internacionalmente, ha expresado firmemente, y en más de una ocasión, que seguirá su propia hoja de ruta. Sobre todo, afirma el país, en lo que respecta a aquellas medidas que amenacen sus exportaciones de gas y petróleo —ocupa el segundo puesto a nivel mundial, solo por detrás de Arabia Saudí—.
La perspectiva del presidente Vladímir Putin sobre la crisis climática ha virado del escepticismo a una aparente convicción de que es un problema de la humanidad. Al principio de su mandato, en 2003, bromeó diciendo que un calentamiento de 2 a 3 °C podría ser bueno para el país, ya que sus ciudadanos "gastarían menos en abrigos de piel".
Poco antes de que el mundo aprobase definitivamente el Acuerdo de París, en abril de 2016, para tomar medidas urgentes para atajar el calentamiento global, Putin anunció que Rusia reduciría sus emisiones para 2030. Y lo haría en un 25-30% por debajo de los niveles de 1990. También advirtió de que el calentamiento planetario era un "problema que afectará al futuro de toda la humanidad".
Un objetivo que ampliaría al 30% en 2020, en virtud de las pautas de revisión dictada por el tratado. Este es un objetivo manifiesto: su nivel de emisiones ya está en torno a un 30% por debajo de los niveles de 1990 si no se incluyen los sumideros forestales, y en torno a un 50% si se incluyen los bosques.
Un activista, un violinista y un indígena
"Insistimos en este caso en que la actual política climática de Rusia es demasiado débil y no puede protegernos contra las consecuencias más catastróficas del cambio climático", declaró Vladímir Slivyak, de Ekozashita, en conversación con The Guardian. Slivyak es uno de los ambientalistas más reconocidos en el país. En 2021 fue uno de los laureados por el Right Livelihood Award, ampliamente conocido como el premio Nobel Alternativo, "por su defensa del medio ambiente y por ayudar a encender la oposición popular a las industrias del carbón y nuclear en Rusia".
Por su parte, otro de los demandantes, Arshak Makichyan, exorganizador del Fridays for Future en Rusia, quien se vio obligado a abandonar el país por la persecución que sufría, dijo que "para preservar un clima favorable en el planeta, es necesario actuar ahora. De lo contrario, las generaciones futuras tendrán que vivir en condiciones insoportables, y para los pueblos indígenas esto significa literalmente desaparecer, ya que el cambio climático destruye los recursos vitales necesarios para su supervivencia".
Makichyan referencia así el caso de los indígenas, cuya forma de vida está amenazada directamente por el calentamiento global. Andrei Danilov, indígena kildin sami de Olenegorsk (península de Kola) y director de la Fundación Patrimonio y Desarrollo Sami, expresó en declaraciones a The Guardian que los tiempos de caza y pesca ya estaban cambiando."Con la desaparición de los ciervos, los peces y la caza, nuestra vida cambia", dijo. "No es sólo un modo de vida. Nuestra lengua, nuestra cultura, dependen directamente de ello".
Danilov ganó un caso en el Tribunal Constitucional que defendía el derecho de los pueblos indígenas a cazar para mantener un estilo de vida tradicional. Pero desde entonces ha abandonado Rusia, donde, según él, a las autoridades "no les gustó mi insistencia en proteger los derechos constitucionales", y busca asilo político en Noruega, otro de los lugares donde habita su etnia.
Objetivos poco ambiciosos
El Acuerdo de París convino que los países deben aumentar la ambición de sus planes climáticos cada cinco años. Consecuentemente, en 2020 Putin elevó el objetivo a una reducción de al menos el 30%. Y en 2021 Rusia aprobó una ley destinada a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, tras haberla vaciado de todas las medidas que habrían dado lugar a reducciones sustanciales. El objetivo es reducir al 70% las emisiones en 2030 con respecto a 1990 y llegar a ser neutro en 2060. Para conseguirlo se plantea reducir petróleo y carbón, al tiempo que se duplica el gas natural.
La estrategia se fundamenta en un axioma controvertido: la capacidad de los árboles para tomar CO₂ y convertirlo en oxígeno. El gobierno parte de la base de que en 2050 los bosques absorberán el doble de carbono que en la actualidad.
Un informe de la consultora Climate Strategy contrastó las ambiciones climáticas rusas con la evidencia científica y concluyó que "su objetivo global es la neutralidad de carbono para 2060, con un aumento significativo (1 Gt) de la absorción de carbono por los bosques para justificar la inacción en los sectores industrial y energético […] es claramente 'imitativo' y no está destinado a aplicarse".
En octubre de 2023, Putin promulgó una nueva doctrina climática —que actualiza a la de 2009— ha eliminado el lenguaje que vincula directamente la quema de combustibles fósiles con las emisiones de gases de efecto invernadero. El documento señala el ritmo "sin precedentes" del calentamiento global en las últimas décadas y sus efectos "significativos, predominantemente adversos" en Rusia, que incluyen olas de calor, sequías, derretimiento del permafrost y aumento de la propagación de enfermedades infecciosas.
Climate Action Tracker (CAT), un proyecto científico independiente que supervisa los objetivos y las políticas climáticas de los gobiernos, calificó de "muy insuficiente" el objetivo de Rusia para 2030, ya que "puede alcanzarse fácilmente con las políticas actuales".
Los activistas que se han plantado contra la política climática de Putin sostienen que para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en Rusia deberían reducirse al 31% de los niveles de 1990, y que para 2050 no deberían superar el 5% de los niveles de 1990. "Solo siguiendo estos objetivos podrá Rusia cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París sobre el clima", afirmaron.
Líder en emisiones de metano
"Rusia es actualmente el cuarto emisor de gases de efecto invernadero, por detrás de China, Estados Unidos e India", recoge Carbon Brief. Y, además, ocupa los primeros puestos en emisiones totales de metano procedentes de las operaciones de petróleo y gas, según un análisis de los expertos del Boletín de los Científicos Atómicos —los mismos que mueven las manecillas del Reloj del Apocalipsis cada año— y los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Esta información parecería inverosímil, Rusia, aunque figure en la lista de los países que más hidrocarburos consumen (y producen), no está a la altura de otros, como China o la Unión Europea. No obstante, según los expertos, "la escasa normativa rusa sobre el metano, los oleoductos con fugas y las operaciones mal gestionadas son en gran parte culpables de las emisiones intensivas de petróleo y gas del país".
La Evaluación Mundial del Metano de las Naciones Unidas estima que alrededor de una cuarta parte de las emisiones de metano procedentes de la actividad humana provienen de la industria mundial del petróleo y el gas. El daño ambiental del metano es incluso mayor que el de otros gases de efecto invernadero. Tiene un potencial de calentamiento global más de 80 veces superior al del dióxido de carbono durante sus primeros 20 años en la atmósfera y unas 30 veces más durante 100 años.
Moscú se abstuvo de unirse al Compromiso Global de Metano en la COP26. No obstante, en 2018 las empresas productoras de petróleo y gas rusas comenzaron a unirse a iniciativas globales de la industria del petróleo y el gas para reducir su huella de metano. Ese año, Gazprom, la empresa estatal productora de gas en el país, se unió a la asociación Methane Guiding Principles, una coalición internacional establecida a finales de 2017 para proporcionar directrices sobre la reducción de las emisiones de metano a lo largo de la cadena de valor del gas natural. Y en octubre de 2020 el productor privado hizo lo propio.
En una cumbre mundial sobre el clima convocada por el presidente estadounidense Joe Biden en abril de 2021, el presidente Putin, presionado por las detecciones por satélite de fugas de metano rusas, se apartó de su postura anterior sobre el cambio climático al llamar la atención sobre el impacto de las emisiones de metano en el calentamiento e instar a la cooperación internacional para su reducción.
La propia idiosincrasia del mercado del gas (proveedores y socios), cada vez más exigente con las condiciones medioambientales, está apretando las tuercas al gobierno ruso para solucionar el problema de las fugas de metano. Los activistas están haciendo lo mismo a golpe de demanda, aunque las expectativas, tal como expresó Makichyan en declaraciones a The Guardian, son bajas pero la demanda puede ser un "un instrumento útil para dar a conocer las políticas climáticas rusas".