El nombre de Tomás Gómez, exsecretario general del Partido Socialista de Madrid y aglutinador del ala crítica a la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez, figura desde junio en las diligencias de la operación Púnica. Aparece en la parte secreta que refleja la confesión de David Marjaliza, el empresario nuclear de la trama de corrupción que, tras alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, decidió 'tirar de la manta'.
Entre los que han quedado a la intemperie no sólo se encuentran políticos del PP sino también del PSOE. Según Marjaliza, Gómez y otro excargo público socialista, José Antonio Alonso Conesa, se repartieron las comisiones ilegales que pagaron constructores adjudicatarios de cientos de viviendas protegidas en Parla. El soborno se cuantificaba "entre 3.000 y 5.000 euros por vivienda". El exalcalde de Parla y responsable del PSM durante ocho años, hasta su destitución por Pedro Sánchez el pasado febrero, fue implicado por David Marjaliza en una de las actividades de la trama de corrupción más lucrativas: la adjudicación amañada de parcelas municipales para la construcción de viviendas protegidas.
Según Marjaliza, Gómez, que dirigió el Ayuntamiento entre 1999 y 2008, habría recibido comisiones de decenas de miles de euros por el desarrollo del sector Parla Este durante el boom inmobiliario.
"Seguro, seguro"
"José Antonio Alonso venía a las oficinas a por el dinero de Tomás", declaró el empresario que, desde la cárcel, está ayudando a los investigadores a desentrañar las claves de la red corrupta. "¿Pero usted cree que Alonso Conesa compartía las comisiones con Tomás Gómez?", le preguntó el juez. "Seguro, seguro", fue la respuesta de Marjaliza. Exdiputado del PSOE en el Congreso y exalcalde de Cartagena, además de socio de Marjaliza en varios negocios, Alonso Conesa está también imputado en la operación Púnica.
Los investigadores dan credibilidad a las declaraciones del empresario. Los datos que ha facilitado sobre las comisiones que habría pagado la multinacional Cofely por contratos municipales de ahorro enérgético "cuadran", afirman fuentes de la investigación. Las informaciones que ha proporcionado sobre empresas pantalla y cuentas en Suiza "también cuadran", añaden. "No vemos en él animadversión ni motivos espurios. Para él, los políticos, de uno u otro signo, eran simplemente una oportunidad de negocio", señalan las mismas fuentes. Así se explica que Marjaliza y otros personajes de Púnica relacionados con él, como José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro, hicieran negocios lo mismo con políticos populares que socialistas.
Parla está en el ojo de mira del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde que aparecieron indicios del pago de comisiones ilegales por Cofely, que en junio de 2013 logró un contrato de 54,6 millones de euros con el Consistorio que dirigía José María Fraile, sucesor de Gómez y también del PSOE.
Medio millón de comisión
La UCO cree que las comisiones pagadas por Cofely a cambio de ese contrato millonario se camuflaron por la trama Púnica a través de Ruta Energética, vinculada a Marjaliza, fichada como empresa auditora.
En el procedimiento consta un correo electrónico intervenido en el ordenador de Marjaliza en el que su interlocutor en Cofely, Pedro García Pérez, indica un porcentaje o una cantidad numérica junto a los contratos de eficiencia energética firmados con distintos Ayuntamientos. En el caso de Parla, las cifras señaladas “se aproximan a los compromisos de pagos que se han ido constatando a lo largo de las intervenciones telefónicas”, exponía la UCO en un informe del 16 de octubre de 2014, once días antes de la detención de Marjaliza.
Según la UCO, este correo alude a comisiones que habría pagado Cofely.
Fuentes de la investigación señalaron la complejidad de comprobar estas manifestaciones porque todos los movimientos de dinero se hicieron en efectivo “y no dejaron rastro”.
No obstante, Marjaliza se mostró dispuesto a aportar información más detallada cuando tenga a la vista la ingente documentación incautada en sus oficinas.