Los padres de Andrea: "Se ha ido en paz y sin sufrir"

Andrea Lago, la niña de 12 años para quien sus padres reclamaban un fin digno tras meses de agonía ha fallecido hoy en el hospital clínico de Santiago. La muerte se ha producido cuatro días después de que el equipo de pediatría consintiese finalmente en retirar la alimentación artificial y sedar a la menor, nacida con una enfermedad neurodegenerativa irreversible. El abogado de los padres, Sergio Campos, ha indicado que los padres agradecen el trato recibido por la ciudadanía y su deseo de celebrar un acto íntimo, sin liturgia ni duelo.

"Se ha ido en paz y con tranquilidad, sin sufrir, como ella misma hubiese querido", han manifestado los padres, que también han subrayado que el recuerdo de Andrea "vivirá para siempre".

Los padres de la menor, tras comprobar en junio que una complicación sanguínea iba a llevar irremisiblemente a su fallecimiento, pidieron al equipo médico del centro, dependiente de Servizo Galego de Saúde (Sergas), que le suministrase una sedación que hiciese menos penosos sus últimos días. No lo hicieron por capricho, el caso había llegado a manos del Juzgado de Instrucción número 6 de Santiago, que pidió seguir las recomendaciones del Comité de Ética Asistencial, en cuanto este emitiera su informe, que llegó en septiembre: los expertos determinaron que seguir alimentando artificialmente a la niña no tenía ya mucho sentido terapéutico.

Los pediatras siguieron manteniendo su criterio, sin embargo, amparándose en que el informe no es vinculante, pero soslayando la petición previa del juez. Los padres acudieron en ese punto a los medios de comunicación, una decisión con un impacto tal que forzó al hospital a trasladar de nuevo el caso al juzgado. No fue la única consecuencia. Para entonces la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ya había respaldado a los pediatras y justificado que no se les podía pedir “la eutanasia activa”.

Lo hizo en el Parlamento gallego un miércoles por la tarde. El domingo ya no era conselleira, después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la incluyese en una remodelación del Gobierno. Mosquera acumulaba años de polémica por su gestión del sector, la última por la puesta en marcha del nuevo hospital de Vigo, un caos que sacó 200.000 personas a la calle a principios de septiembre y que tiene en el calendario una huelga total del centro para la semana que viene. El caso de Andrea fue la puntilla para Feijóo, que mantuvo un tono más aséptico que su subordinada, aun respaldando la actuación médica.

El mismo lunes, y después de que el juez volviese a pedir informes al Instituto de Medicina Legal (Imelga), al comité de ética del hospital y al jefe de pediatría, así como el historial clínico de la niña, el hospital anunció a los padres que en la situación se habían producido “cambios clínicos” y que autorizaba el tratamiento paliativo de sedación, combinada con una hidratación mínima para permitir la absorción de los fármacos. El fallecimiento era ya cuestión de días. “Pueden ser dos, cuatro, ocho o 38”, dijo el abogado el abogado de la familia la salida del centro tras conocer el cambio de criterio.. Finalmente el desenlace se ha consumado en menos de una semana.

El caso de Andrea ha vuelto a situar el foco en la regulación de los cuidados paliativos en España, que precisamente en Galicia es reciente, con una ley sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales en vigor desde agosto. Su articulado contempla específicamente el rechazo de la alimentación artificial u otros tratamientos “cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y/o sufrimiento desmesurados”, y es en la interpretación de lo que constituye esa desmesura donde pivota la cuestión.

La luz pública dada al caso también ha dado pie a las recurrentes reclamaciones políticas sobre la necesidad de regular la muerte digna. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, planteó “abrir el debate” en la próxima legislatura, a lo que Feijóo replicó negándose a debatir en una situación “dramática”. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, admitió una carencia de unidades paliativas enfocadas específicamente a niños. “Son escasas”, dijo en una entrevista en TVE en la que por el contrario defendió que la ley estatal de autonomía del paciente “ya contiene suficientes garantías”.

En el desarrollo y resolución del caso también ha planeado la sospecha, negada tanto por el servicio de pediatría como por la Xunta, de que en las reticencias a modificar el tratamiento de Andrea influyesen factores religiosos. De la abrumadora mayoría de asociaciones sanitarias que respaldaron la medida paliativa se descartó, en ese sentido, la Asociación Española de Abogados Cristianos, que incluso proclamó que denunciaría por homicidio a los padres de la niña. También el Arzobispado de Santiago y la Sociedad de Pediatría de Galicia avalaron el proceder del equipo médico.

Enfrente, la Organización Médica Colegial, la Asociación Derecho a Morir Dignamente o la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, con su rama gallega a la cabeza, así como los padres de Andrea. “Esto es un acto de amor, dejarla ir en paz y sin sufrir”, manifestó por su parte Estela, la madre, en una entrevista en La Sexta el mismo lunes en la que relató la dura vida que ha llevado la niña desde su nacimiento por sus problemas de salud, que incluso le impedían hablar.