Es uno de los contratos más jugosos con las grandes empresas del Ibex 35. También puede ser uno de los más polémicos en caso de que surja algún tipo de escándalo contable. Se trata de la auditoría o revisión de cuentas. Algunas grandes firmas del selectivo ya han dado los primeros pasos para elegir a su nuevo auditor y adaptarse, así, a la ley que se pondrá en marcha a partir del próximo año.
Dos de las grandes que ya han hecho el primer movimiento son Iberdrola y Bankinter, según señalan diversas fuentes del sector auditor. Se suman a Santander que anunció cambio de firma antes del verano. Y puede que no sean las únicas que pongan en marcha un concurso para elegir nuevo revisor de cuentas antes de que concluya 2015.
Dos concursos en marcha
La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán lleva nueve años siendo revisada por EY (antes denominada Ernst & Young). Un contrato por el que la big four cobró, el pasado año, 15,5 millones de euros (en esta suma incluye también otros servicios profesionales). Por su parte, la retribución que abona la entidad financiera encabezada por María Dolores Dancausa es sustancialmente menor, de 1,37 millones de euros en 2014. También lleva nueve años con el mismo auditor, pero, en su caso, con otra de las cuatro grandes, Deloitte.
Lo más probable es que ambas empresas resuelvan el concurso antes de que acabe 2015. El vencedor no se hará cargo de la nueva tarea de supervisión hasta 2017. Estará así un año en blanco debido a una obligación que impone la nueva ley: para buscar más independencia, el auditor de una empresa tiene que estar los 12 meses anteriores sin realizar ningún trabajo para la firma que va a revisar. Por ejemplo, no le puede hacer nada de consultoría o de asesoría legal y fiscal.
Telefónica, el gran contrato en el aire
La más esperada es Telefónica. La empresa liderada por César Alierta lleva ya diez años con EY. Como la ley no entra en vigor hasta junio de 2016 (es una fecha impuesta desde Bruselas porque la nueva regulación es una iniciativa Comunitaria), su auditor debe cambiar, obligatoriamente, de cara al siguiente ejercicio fiscal. Es decir, Telefónica deberá estrenar contrato en 2017.
Exterior de la sede de Telefónica en Madrid
La compañía telefónica no confirma que su concurso ya esté en marcha. Sí reconoce que de cara a 2017 tendrá que cambiar de auditor o elegir a otra firma que coaudite con EY durante un plazo máximo de cuatro años.
Su contrato es el más jugoso de las empresas no financieras del Ibex: alcanza los 21,3 millones de euros anuales, según su última memoria. Es la tercera del selectivo que mejor retribuye a su auditor, por detrás de BBVA y Banco Santander. Esta última, sólo por trabajos de auditoría, abonó a Deloitte 44,2 millones de euros durante el pasado año.
De hecho, Santander fue la primera en adelantarse a la nueva ley. En julio, anunció que a partir del próximo año, esta labor pasará a manos de PwC, que revisará a la entidad financiera de Ana Botín durante, al menos, tres ejercicios, hasta 2018.
Rotación obligatoria
Santander, Iberdrola y Bankinter han acelerado sus pasos por la inminente puesta en marcha de la nueva ley de auditoría que, dentro del sector, ha generado más polémica que satisfacción. La norma viene desde Bruselas que, en 2014, quiso poner en marcha una regulación comunitaria más homogénea, aunque luego abrió la mano a los Estados miembros para que adaptaran el texto a sus preferencias y, al final, cada país irá por su propio camino.
Se trata de una regulación compleja que entrará en vigor en junio de 2016 para los ejercicios fiscales que empiecen a partir de ese mes. Con ella, el Ministerio encabezado por Luis de Guindos buscaba dar más competencia e independencia al sector, sobre todo, tras escándalos como el de Bankia y, a menor escala, de la tecnológica Gowex. Sin embargo, las firmas de auditoría la han criticado por ser excesivamente farragosa, compleja y de difícil cumplimiento por las incompatibilidades que les impone: desde limitar las relaciones familiares entre auditor y auditada, hasta prohibir a los auditores realizar otros servicios profesionales (como la consultoría) a las firmas que revisan.
Uno de los temas que más polémica ha causado es la rotación obligatoria. Los auditores ya no podrán revisar los estados financieros de una compañía de forma indefinida, sino que tendrán un tope máximo de diez años. Pasada esa década, están obligadas a ceder el testigo a una competidora.
Sin embargo, hay una puerta abierta a su permanencia durante más años. Se trata de la mencionada coauditoría: dos firmas revisando una sola empresa. Esta opción permite a los auditores prorrogar su contrato hasta cuatro años más (hasta 14 en total). Una opción que hasta ahora no existía en España. En otros países europeos, como Francia, sí es habitual ya que se percibe como un mecanismos para restar peso a las cuatro big four (Deloitte, PwC, KPMG y EY) y dar cabida en el mercado a empresas de menor tamaño.
Otro problema pasa por los plazos que se establecen con los contratos que ahora están en vigor. Lo más lógico sería que las empresas que llevan más años auditando roten antes. Pero no es así. Las primeras en rotar, como Iberdrola o Bankinter, son las que llevan diez años (o menos) con un mismo auditor. Las que llevan más de veinte años (como Gas Natural o Banco Popular) tendrán que cambiar en 2020. Y las que llevan entre 10 y 20 años con el mismo inspector de cuentas (como FCC o Sacyr) tendrán tres años más de margen, hasta 2023.