Ni la terminal marítima ondulada de Yokohama (Japón), ni el restaurante Belgo de Londres, con sus características branquias dejando pasar la luz. Ninguna de las obras del arquitecto Alejandro Zaera tiene un uso tan exclusivo como el edificio con forma de 'donut' destinado a reunir las funciones del anatómico forense de Madrid. Sólo lo usan los conejos, hasta que alguien va de vez en cuando a echarlos de allí. El único edificio que se terminó de los proyectados para el Campus de la Justicia de Madrid, no tendrá de momento mejor finalidad. Seguirá deteriorándose en medio del secarral en Valdebebas en el que se levantó.
Los Presupuestos para 2016 de la Comunidad Autónoma, los primeros con Cristina Cifuentes como presidenta, han incluido una partida destinada a dar forma legal y poner en marcha el organismo que iba a albergar dicho edificio, pero no dinero para poner a punto la construcción. La partida para "poner en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal", a la que hacen mención los Presupuestos, son en realidad 349.000 euros, según explicaron fuentes de la Comunidad a EL ESPAÑOL, para crear el órgano técnico que reúna al actual Instituto Anatómico Forense, la Clínica Médica Forense y los médicos pertenecientes al mismo. "Para personal, básicamente", no para arreglar los accesos del edificio, los sistemas de refrigeración y todo lo que sería imprescindible para inaugurar la construcción.
El Campus de la Justicia fue un sueño ideado por Esperanza Aguirre, como presidenta de la Comunidad de Madrid, para reunir todas las sedes judiciales de la región en un mismo complejo. Se planeó una inversión de 500 millones de euros en 12 edificios y se destinaron finalmente 105 millones, de los que 56 millones fueron para la única de las construcciones finalizada, la del citado Instituto de Medicina Legal diseñado por Zaera, así como los túneles que lo rodean. El elenco de arquitectos previsto incluía a Norman Foster, encargado del edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial; el Juzgado de Menores, de Rafael de la Hoz y Jaime Duró; y la Central Térmica, del estudio de Frechilla y López Peláez Arquitecto, entre otros.
El despilfarro
El proyecto del Campus, que es actualmente objeto de investigación por parte de la Comisión de Endeudamiento que se está celebrando en la Asamblea de Madrid, se convertía en foco de las críticas contra el despilfarro de los tiempos de las vacas gordas cuando recientemente compareció ante dicha comisión Javier Rodríguez, ex apoderado de la sociedad pública Campus de la Justicia.
Viajes a Nueva York, Munich, Singapur, Milán o Valencia para presentar el proyecto; un autobús itinerante de dos plantas; camisetas, paragüeros y gorras de merchandising, o folletos de papel satinado, no fueron sino los símbolos externos descritos por el ex apoderado de que alguien disparaba en el Campus con la pólvora del rey. Pero lo más grave fue que en el interior, como en el centro del edificio que ha quedado in memoriam de aquellos años, no había nada.
Rodríguez describió que el problema del Campus fue la falta de un plan estratégico general y un plan riguroso de financiación. Cuando se necesitaba dinero, se ampliaba capital o se vendía algo (normalmente un edificio entregado por la Comunidad) para conseguirlo.
Así se fueron los primeros 500.000 euros de aportación dineraria de la CCAA, cuando se creó la sociedad Campus de la Justicia en 2005, y los 13,5 millones que se obtuvieron de la subasta del edificio de Fernández de la Hoz ese mismo año. Se fueron los 62 millones que se lograron subastando el edificio de Hernani (otra cesión de la comunidad) en 2006, y los 16,5 millones aportados en dinero contante y sonante en 2009, ya con la crisis encima. Se fueron también los 8,28 millones de 2011 y finalmente hubo que recurrir al Plan de Pago a Proveedores del Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro para pagar 20,6 millones de las últimas facturas. En ellos, después de tanto gasto, iban básicamente los pagos a Acciona por la construcción del Instituto de Medicina Legal.
El Campus de la Justicia fue liquidado en julio de 2014 pero pocos meses después Ignacio González relanzaba el proyecto rebautizado como Ciudad de la Justicia, con nuevo concurso incluido. Cristina Cifuentes como presidenta de la comunidad paralizó el proyecto ante el recurso presentado en los tribunales por Corsan Corviam. Así seguirá de momento. Buenas noticias para los conejos.