El Parlament de Cataluña se ha convertido desde el pasado martes en un campo de batalla reglamentario en el que unos y otros interpretan la normativa de la institución a favor de sus intereses. Después de unos días de divergencias entre las formaciones constitucionalistas, PSC, C’s y PP han acordado a última hora de este lunes hacer un frente común e impugnar la Junta de Portavoces, prevista para esta mañana, en la que se valorarán los recursos presentados a la resolución independentista de Junts Pel Si y la CUP. Si la Junta se celebra igualmente, estos partidos han acordado presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La obsesión por controlar los tiempos ha desembocado en una batalla que amenaza con acabar en el Constitucional. Las fuerzas soberanistas están empeñadas en que la propuesta de resolución de inicio del proceso independentista se vote en un pleno extraordinario antes de la primera sesión de investidura, prevista para el 9 de noviembre. Los partidos constitucionalistas, en cambio, realizan todos los movimientos posibles para que este pleno se celebre cuando más tarde mejor.

En este contexto se enmarca la jugada realizada por el PP, que está apurando al máximo los plazos para constituirse como grupo parlamentario. La Mesa del Parlament debe reunir a la Junta de Portavoces para que escuche su postura sobre los recursos presentados por C’s y PSC contra la tramitación de la resolución independentista. La formación conservadora tiene de margen hasta el día 6 de noviembre (viernes) para constituirse como grupo y quiere esperar hasta el final para impedir que se reúna la Junta de Portavoces antes del 9 de noviembre (lunes).

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha respondido al PP convocando la Junta de Portavoces para esta mañana y emplazando a los populares a designar a un representante que acuda a la reunión.

La Mesa del Parlament tiene mayoría independentista y rechazará las peticiones de reconsideración. El PP no tiene representación en la Mesa pero puede asistir en calidad de invitado. Los portavoces de C’s y PSC asistirán a la Junta para escenificar su rechazo a la convocatoria.

La decisión de Forcadell ha conseguido que las fuerzas constitucionalistas aúnen posiciones y presenten una estrategia común. C’s, PP y PSC han presentado escritos pidiendo que no se celebre la Junta de Portavoces.

La vía del amparo al TC

A su vez, después de contactos entre los líderes de las tres formaciones, han acordado presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si finalmente se tira hacia adelante con la convocatoria del pleno extraordinario en el que se votará la moción soberanista.

El argumento legal de las fuerzas constitucionalistas es que se está vulnerando un derecho fundamental de los diputados, ya que el reglamento dice que debe reunirse la Junta de Portavoces antes de tramitar una moción sobre la que se han interpuesto recursos de consideración. “No podemos iniciar la legislatura incumpliendo la legalidad”, ha dicho este lunes el diputado del PP Enric Millo, que ha confirmado que nadie del PP acudirá a la reunión. “La única solución es que se desconvoque”.

La líder de C’s, Inés Arrimadas, ha confirmado que su partido prepara el recurso con juristas “de reconocido prestigio”.

El recurso de amparo es un arma en manos de los diputados catalanes constitucionalistas si argumentan la existencia de una vulneración del artículo 23 de la Constitución, que garantiza el ejercicio de los cargos públicos. La demanda podría ser, además, una cauce para reclamar al TC la suspensión cautelar de la tramitación de la resolución soberanista considerando que, de seguir su curso, el amparo perdería su finalidad. No existen, no obstante, precedentes de que a través de un recurso de amparo se haya paralizado un proceso parlamentario.

El argumento de los soberanistas, según explica una fuente de JxS, es una “colisión de plazos”. Según esta fuente, de la misma manera que las propuestas de reconsideración deben pasar por la Junta de Portavoces, también se fija un plazo de cuatro días para que la Mesa se pronuncie sobre éstas. “Era vulnerar una cosa o la otra”, explica esta fuente del grupo parlamentario.

Otro argumento que han planteado los servicios jurídicos soberanistas es la “doctrina de los actos propios”. Según esta interpretación, el hecho de que el PP se sumara el pasado miércoles a una petición de reconsideración de C’s y PSC implica un reconocimiento implícito de la existencia del grupo.