Tras el archivo judicial del caso Aznalcóllar, el Gobierno andaluz y el PSOE acaban de poner a trabajar a sus servicios jurídicos para que a la oposición no le salgan gratis las "difamaciones injustas" y el daño infligido a funcionarios, altos cargos y a la propia institución de la Junta de Andalucía al poner en duda la limpieza en la adjudicación de la explotación de esta mina. Para los socialistas, sin embargo, el nivel de responsabilidad llega más alto, hasta el Gobierno central y la UDEF, a los que pedirán explicaciones y responsabilidades por la "filtración" de un informe que, a su juicio, no fue más que un "montaje" para intentar frenar la investidura de Susana Díaz.
El caso Aznalcóllar tiene su origen en febrero de este año cuando, tras la adjudicación por la Junta de la concesión de esta mina a Minorbis-Grupo, la empresa que perdió el concurso, Emerita Resources España, denunció el procedimiento por sospechas de prevarización, tráfico de influencia e irregularidades. La investigación judicial coincidió en el tiempo con el periodo de negociación de la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta tras las elecciones autonómicas del 22 de marzo.
En plena instrucción, un informe de la UDEF señaló entonces que la adjudicación se había hecho sin "el más mínimo rigor" e incluso que "el supuesto concurso más parece una libre designación". Hubo quince detenciones y fueron imputados por prevaricación la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, y otros seis altos funcionarios.
El lunes se archivó el caso
La jueza instructora del caso acordó este lunes su archivo al estimar que no hay delito de prevaricación, ya que no hubo resoluciones injustas ni acuerdo entre los imputados para favorecer a la firma que se hizo con el concurso y que el procedimiento fue "correcto". Al descartarse ilegalidad alguna, se cierra así la vía penal, aunque se deja la puerta abierta a que la empresa perdedora pueda acudir a la vía contencioso-administrativa.
La oposición, y sobre todo el PP, vio desde el principio un filón en este caso porque era el primer escándalo que afectaba directamente a la gestión de Susana Díaz, ya que los ERE o los fondos de formación son heredados. Por eso, en el PSOE tienen claro que el solapamiento de hechos y fechas no es fortuito y su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, no dudó este martes en mostrar las sospechas sobre el papel que jugaron la Udef y la Delegación del Gobierno en Andalucía en la "filtración" de aquel informe, que llegó a los medios "antes que a las partes".
"El PP preparó toda una estrategia de comunicación, en la que no sabemos quién le ayudó para hacerla posible, para intentar meter miedo e impedir la investidura", acusó Jiménez, que recordó que en este asunto hasta se implicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, también se pronunció sobre el caso "para, desde el Consejo de Ministros, intentar torpedear e impedir la investidura".
El PSOE pedirá explicaciones policiales y gubernamentales, mientras la Junta, satisfecha con el archivo judicial porque se reconoce la "legalidad y el rigor" del proceso de adjudicación y porque se desbloquea una inversión de 300 millones en una mina que va a generar 1.300 empleos, anunció que sus servicios jurídicos están analizando todo lo que se ha dicho para tomar medidas.
En el PSOE hablan de "daño irreparable"
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, apreció que hay dirigentes políticos, en especial los populares, que "se han excedido" a la hora de "enfangar" y "encanallar" la vida política, lo que ha generado un "daño irreparable" a funcionarios y dirigentes políticos, pero también a la Junta, ya que incluso se puso en riesgo tanto este proyecto, como su imagen internacional como destino de inversiones industriales.
De acuerdo con ese principio de reparación, la directora general de Industria, Energía y Minas, que fue cesada al conocerse su imputación el pasado 4 de agosto, hoy mismo el Consejo de Gobierno la ha vuelto a nombrar en este cargo. Su puesto se dejó siempre vacante porque en la Junta estaban convencidos de la "limpieza" del procedimiento y por la "plena confianza" en su gestión. Su retorno coincide con el inicio de los trabajos por parte de la compañía, que quiere recuperar los seis meses de retraso que acumula por la investigación judicial, algo que puede hacer después de la Junta el pasado viernes diera por resuelta la paralización cautelar y entregara los terrenos al grupo ganador.
Aunque desde el Ejecutivo andaluz y el PSOE se haya pedido a la oposición que se retracte públicamente, PP, Podemos e IU han hecho caso omiso. Las tres formaciones, lejos de rectificar, han insistido en que hubo irregularidades y que fue un procedimiento "opaco" o, directamente una "chapuza”, en el que se respetaron los criterios de adjudicación y baremación. El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, consideró que no es nuevo que en la Junta no se hagan las cosas bien y ante un caso como este que "erosiona y da mala imagen" de la Junta, cuestionó por qué Díaz no ha salido a dar las explicaciones oportunas. Ciudadanos tan sólo ha pedido que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que "el empleo y la economía empiecen a moverse en la zona" (tiene un 32% de paro).