Un 9 de noviembre de 2013 unas 60.000 personas –según apuntaron entonces los organizadores- salieron a la calle en la Comunidad Valenciana en protesta por la decisión del anterior gobierno valenciano de cerrar la televisión y la radio autonómicas. “Vamos a proceder al cierre de RTVV (…) Lo necesitamos para mantener la educación, sanidad y las políticas sociales”, había dicho 48 horas antes el expresidente Alberto Fabra.
Fue el inicio de un clamor popular contra el fundido a negro. La decisión convirtió a Canal 9 en la única televisión pública autonómica cerrada en España, dejó en la calle a 1.600 irritados trabajadores y al resto de la población sin un canal que hacía años que era ejemplo de manipulación política y foco de despilfarro y escándalos. El nuevo Parlamento valenciano, cuando se cumplen dos años de aquella decisión, ha dado el primer paso para recuperar las emisiones.
Trabajadores de RTVV en el plató de informativos de Canal 9 antes del 'apagón'
PSPV-PSOE, Compromís y Podemos aprobaron recientemente (con la abstención de PP y C’s) un proyecto de ley para derogar la aprobada por los populares y que implicó el cierre de Canal 9 y la prohibición de que la Comunidad Valenciana pueda tener medios de comunicación públicos. Es el primer escalón para reabrir un nuevo ente. Con el documento aprobado comienza un proceso de entre seis meses y un año en el que debe dibujarse lo que será el nuevo modelo de la radiotelevisión pública valenciana.
UNA PLANTILLA A LA ESPERA
El 5 de noviembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró nulo el despido de unos mil trabajadores de RTVV. Al día siguiente, Alberto Fabra comparecía públicamente para anunciar su cierre al alegar la imposibilidad de cumplir con el fallo y readmitir a los trabajadores. El 28 de noviembre se cerró la radio y un día después Canal 9 se fue a negro. Desde entonces, los extrabajadores del ente presionan para su reapertura y la recuperación de sus puestos.
El ERE está consumado, los trabajadores han cobrado sus indemnizaciones y la empresa está extinguida desde el pasado 30 de junio. Pero los despedidos tienen una salvaguarda: el documento del ERE establece que si se reabre el medio antes de junio de 2017, ellos tendrán prioridad en la contratación. Así que piden su reapertura cuanto antes. Desde la asociación profesional de la Unió de Periodistes Valencians se aboga no obstante por que la plantilla salga de unas pruebas abiertas a toda la población. La confección de la plantilla y su dimensión son dos de los grandes interrogantes de este proceso.
PRIMER PASO: EMISIONES EN PRUEBAS
El Consell tiene previsto, antes de la reapertura oficial, comenzar a emitir de forma provisional y en pruebas con contenidos enlatados. El próximo mes de enero podría aprobarse definitivamente el proyecto de ley que implica dos cosas. La primera, dar vía libre a la comisión parlamentaria que debe diseñar el modelo de medios públicos valencianos con una nueva ley que podría estar lista en seis meses.
La segunda, posibilitaría al gobierno valenciano –sin pasar por el Parlamento- acordar el inicio de emisiones en pruebas. Antes de llegar a este punto, los liquidadores de la antigua RTVV tienen dos meses para presentar un informe sobre los costes de esta operación. El PSPV prevé poder recuperar la señal para el próximo 9 de octubre. No hay un coste definido, pero los presupuestos de la Generalitat de 2016 han consignado 29 millones de euros en 2016 para la reapertura y otros 26 para cerrar la antigua RTVV.
¿POR QUÉ REABRIR CANAL 9?
El gobierno valenciano ha tomado como arma la reivindicación de un nuevo modelo de financiación autonómica hasta el punto de amenazar con demandar al Ejecutivo por negarse a dialogar sobre la infrafinanciación valenciana. Los Presupuestos de la Generalitat para el próximo año se han ‘cuadrado’ con una partida de 1.300 millones de euros que no son ingresos, sino lo que el presidente Puig reclama al Gobierno como compensación por la infrafinanciación. Los aprietos económicos son evidentes.
La propia propuesta de ley aprobada la pasada semana supedita los medios de comunicación públicos a que la “situación coyuntural lo permita”. Pero desde PSPV, Compromís y Podemos (los partidos que firmaron el ‘Pacto del Botánico’ que dio el gobierno a los dos primeros grupos) dan por segura la reapertura al ver necesario que “el pueblo valenciano pueda volver a gozar de unos servicios de comunicación audiovisual propios, públicos y en idioma valenciano”, en cumplimiento de la Constitución y del Estatuto de autonomía. Recuperar el sector audiovisual de la Comunidad, ahora prácticamente desmantelado, es otro de los objetivos.
DIMENSIÓN Y COSTE, LA GRAN INCÓGNITA
El proceso para revertir el fundido a negro comienza sin saber qué coste tendrá para las arcas públicas. Los socialistas afirman que la sostenibilidad del nuevo ente es fundamental, aunque admiten que no han definido cuántos trabajadores tendrá ni cuánto costará. La antigua RTVV ha dejado una deuda de 1.200 millones además de otras herencias como la investigación por el pago a la red de Gürtel de 7,4 millones para la cobertura de la visita del Papa (y que los técnicos valoraron en tres) y la reciente condena por abusos sexuales a trabajadoras del quien fue número dos del ente.
El PP defiende que el modelo debía ser el que ellos diseñaron antes del cierre. Es decir, tras el ERE que dejó el ente con una plantilla de 600 trabajadores. Los populares aprobaron en solitario en las Cortes, y a casi un mes de las elecciones, una ley que también permitía recuperar las emisiones pero siempre que no implicara un aumento de la deuda pública y el incumplimiento de los objetivos de déficit, entre otras cosas.
Los trabajadores se enteraro en directo del cierre de las emisiones
Desde el Comité de Empresa de la extinta RTVV apuestan por el ‘modelo gallego’ de televisión pública, lo que implicaría una plantilla de unas 800 personas y un presupuesto de unos cien millones. A los trabajadores habría que elegirlos exclusivamente de entre los despedidos.
Frente a esta propuesta está la de la Unió de Periodistes Valencians, la mayoritaria en la Comunidad Valenciana. Esta organización ha presentado una propuesta en la que la elección de la plantilla se haría por pruebas públicas abiertas a toda la población. Como el ERE (que está recurrido por una parte minoritaria de los trabajadores ante la Audiencia Nacional) fija que debe darse prioridad a los exempleados si se reabre antes del 30 de junio de 2017, proponen que se prime su contratación solo una vez superada esta prueba.
Las dos propuestas, la del comité de empresa y la de la organización de periodistas, fijan el valenciano como lengua exclusiva de las emisiones (C’s propone rebajarlo al 60%). La Unió, además, pide crear un organismo autónomo e independiente para velar por la independencia y la pluralidad. En el recuerdo permanecen episodios como el silencio informativo sobre el accidente de metro que costó la vida a 43 personas y otros 47 heridos, entre una larga ristra de ejemplos de manipulación.
¿QUIÉN DECIDIRÁ EL MODELO DEL NUEVO CANAL 9?
Será el fruto de una nueva ley de medios valencianos que se dibujará en una comisión parlamentaria en la que se consultará a los representantes de los usuarios de los medios audiovisuales, los representantes de los extrabajadores, de los empresarios del sector audiovisual, a las universidades y demás expertos.
El primer documento sobre el nuevo modelo es el que están definiendo las universidades valencianas y que se presentará en la segunda quincena de este mes. Pero para saber cuánto costará resucitar a Canal 9 habrá que esperar a conocer la auditoría que deben realizar los liquidadores de la extinta RTVV.