Mas y Forcadell ya tienen el aviso del Constitucional

Continúa el pulso entre la 'maquinaria' del Estado y el desafío soberanista catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha notificado personalmente a Artur Mas las consecuencias de no acatar la suspensión de la moción separatista dictada este miércoles por el Constitucional.

Un grupo de secretarios judiciales, encabezados por el secretario de gobierno del alto tribunal catalán, se han desplazado este jueves al Parlament para entregar las notificaciones en mano a Mas, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la mesa.

El resto de las notificaciones se seguirán efectuando a lo largo de esta tarde al resto de los 21 cargos públicos a los que afecta, entre los que figuran también diputados de Ciutadans, PSC y CSQP y ministros del gobierno en funciones de la Generalitat.

Por otra parte, se siguen concretando las acciones del Estado para frenar al independentismo. El comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ya ha ordenado a todos los agentes del cuerpo que le remitan cualquier atestado sobre eventuales casos de sedición en Cataluña. Él se encargará personalmente de asumir "en todos los supuestos y sin excepción" las decisiones a adoptar.

Trapero hace llegar a los mossos una serie de directrices para "dar seguridad jurídica" al cuerpo tras recibir una escrito del fiscal jefe de la Audiencia Nacional que les ordena que elaboren informes o atestados y los remitan a los tribunales, si en el proceso independentista catalán se produjera un delito de sedición.

El Govern catalán sigue enrocado en su huida hacia adelante y anunció a última hora del miércoles que “tirará hacia adelante” con la declaración rupturista que se aprobó el pasado lunes en el Parlament. En una comparecencia para valorar la suspensión del Constitucional, la vicepresidenta del Govern en funciones, Neus Munté, aseguró que la prioridad de la Generalitat es "cumplir" con la resolución del Parlament. "La voluntad del Govern es tirar hacia adelante el contenido de la resolución", explicó Munté.

Munté también confirmó que seguirá adelante en la preparación y tramitación de las principales normas que se derivan de la moción rupturista: la de proceso constituyente, la de hacienda propia y la de seguridad social. Munté ha recordado que la moción vino precedida de un debate parlamentario y que fue aprobada por mayoría absoluta de la cámara. "Estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo el mandato de un Parlamento soberano", ha afirmado. Munté ha asegurado que el Govern seguirá adelante “en defensa de la democracia” y porque “echamos de menos un Estado que nos defienda”.

"Mordaza" del estado

La vicepresidenta en funciones ha cargado contra la estrategia del Gobierno de Rajoy de acudir a los tribunales para luchar contra el proceso soberanista. “El Estado utiliza la justicia para poner una mordaza a los anhelos de libertad y democracia de los ciudadanos”.

El Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles suspender automáticamente y por unanimidad el pronunciamiento secesionista. Además ha aceptado la petición del Gobierno de realizar una notificación personal, nominal y directa a los 21 cargos públicos identificados como responsables de que se cumpla estrictamente la paralización de la resolución impugnada.