Por qué la reforma laboral no logró los objetivos del Gobierno

Una mañana de febrero de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy quitó, BOE en mano, parte de las protecciones que cubrían a los trabajadores. No cabe mucha duda de los efectos. España ha empezado a crear empleo pero más precario. Facilitar el despido sirvió para lo que era: para facilitar el despido.

Los empresarios se quitaron de encima plantilla con derechos adquiridos y la han ido sustituyendo parcialmente por otra más barata. El empleo que se crea está hoy repartido en trocitos, con una clara ganancia neta de contratos de trabajo temporal frente a los indefinidos; se ha disparado el fenómeno de las horas extraordinarias no pagadas; se ha reducido el salario medio y España ha expulsado del mercado laboral a cientos de miles de personas menores de 40 años.

El cambio normativo, que afectó a las reglas de contratación, las de despido, las condiciones de trabajo y la negociación colectiva, no ha servido para que el Partido Popular empate las cifras ni siquiera en cantidad que se encontró al llegar. Tampoco se ha logrado otro de los grandes objetivos de la reforma: desjudicializar el mercado laboral; al contrario, se ha disparado la litigiosidad. A pesar de las dos sentencias del Tribunal Constitucional avalando los principales artículos de la reforma, los tribunales han ido limando e incluso modificando parte de su espíritu. Por otro lado, las sentencias del Constitucional fueron especialmente polémicas dado que su actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos, pagó durante años cuotas de militante del PP y fue uno de los inspiradores de la reforma laboral. 

Qué cambió la reforma laboral

La reforma laboral cambió jurídicamente a los trabajadores. De un día para otro pasaron a ser distintos por más que se pareciesen sus gestos al levantar la verja del bar cada mañana, subir al metro para ir a la oficina, ponerse el mono de la fábrica o enfundarse los guantes.

Hay varias claves de ese cambio. La autorización administrativa dejó de ser necesaria en los despidos colectivos y con ello un buen número de empresas dejaron de buscar el acuerdo con los representantes de los trabajadores. Se permitió suspender la aplicación de condiciones salariales y de jornada de los convenios (descuelgue) aunque fuese sin acuerdo mediante un proceso de arbitraje. Se generalizó el despido improcedente con indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades (frente a los 45 días y 42 mensualidades de la indemnización previa). Se eliminaron los salarios de tramitación, salvo readmisión por despido nulo o improcedente, quitando capacidad al trabajador de resistir el tiempo de un proceso judicial en caso de no estar de acuerdo con su despido. Se limitó a un año la permanencia de un convenio una vez denunciado o vencido si no había acuerdo entre las partes. Y se ideó un contrato para empresas de menos de 50 trabajadores (que suponen más del 99% del tejido empresarial español) que permitía contratar con un periodo de prueba de un año, el doble de lo establecido hasta ese momento para todas las empresas. Algunos efectos fueron inmediatos.

El despido colectivo sin acuerdo

Desde la reforma laboral, la empresa puede proponer un despido colectivo sin necesidad de autorización de la administración laboral. De pronto, en febrero de 2012, ya no había motivo para que el empresario buscase el acuerdo con los representantes de los trabajadores para facilitar el trámite ante la autoridad competente. Tampoco era ya necesaria autorización administrativa para acometer expedientes de suspensión de contratos o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

La reforma laboral fue un pistoletazo en un país sumido en el shock de haber alcanzado una tasa de paro del 22,56% (según la EPA del cuarto trimestre de 2011). En un país despojado del poder sobre su moneda por su pertenencia al euro y al que le dijeron que no le quedaba otra que buscar la devaluación interna, es decir, abaratar sus productos y servicios para exportar más a base de recortar costes, sobre todo laborales.

En 2012 hubo más destrucción de trabajo a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) que en 2009, el que había sido hasta entonces el peor año, en pleno estallido la burbuja inmobiliaria y financiera. Las empresas se lanzaron a iniciar la rotación de plantilla para sustituir la que tenía derechos adquiridos por otra más barata. Según las estadísticas del Ministerio de Empleo, en 2012 se vieron afectados por despidos colectivos 82.876 trabajadores, muy por encima de 2009 (63.476). La clave: si en 2009 el 88,4% de los trabajadores despedidos por esta vía lo fueron en el marco de expedientes pactados entre los representantes de la plantilla y la empresa; en 2012 la cifra de trabajadores despedidos en expedientes con acuerdo cayó hasta el 77,4%.

Los tribunales han enmendado la norma especialmente en este punto. Al ver que no necesitaban autorización, algunos expedientes se armaron de forma tan endeble que han sido calificados por expertos en derecho laboral como auténticas chapuzas. Coca-Cola, Air Europa, Telemadrid, Panrico son algunos de los nombres más conocidos de expedientes tumbados por los tribunales por haberse construido con una argumentación y/o un proceso (como no respetar el periodo de consultas) que se consideraron equivocados. En un principio, porque en el caso Panrico el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre de 2013. Pero hay más.

Hasta la reforma laboral, los trabajadores tenían que enfrentarse a los despidos colectivos en los tribunales de lo contencioso-administrativo, es decir, tenían enfrente a la Administración Pública, al tratarse de procesos que habían sido validados por un inspector. Al dejar de haber autorización, el conflicto pasó a los tribunales de lo social, que no tiene costes ni tampoco condenas en costas y en los que el litigio es con la empresa. Tampoco les afectaron las tasas aprobadas con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro puesto que el Supremo, en un Pleno no jurisdiccional que no ha sido revocado, así lo decidió. Los despidos colectivos se han acabado judicializando por este motivo más que nunca, con un coste extra para las empresas. 

Los descuelgues

Tener una caída en las ventas durante dos trimestres consecutivos, aunque se estuviese en beneficio, una variación organizativa o productiva, un cambio técnico, fueron situaciones incluidas en la norma como causa para dejar de aplicar temporalmente cláusulas del convenio colectivo en vigor (referidas a tiempo de trabajo y salario), los llamados descuelgues. En caso de no existir acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se habilitaba un arbitraje canalizado a través de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos u órganos similares de las Comunidades Autónomas.

En 2013, se descolgaron de sus convenios 2.179 empresas, lo que afectó a las condiciones de 159.550 trabajadores. En 2014 se redujo la cifra pero afectó a otras 1.831 empresas y 66.203 trabajadores.

La litigiosidad ha venido esta vez por otra vía. El Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales de primera instancia se han pronunciado en varias ocasiones contra resoluciones de la Comisión Consultiva, es decir, contra el arbitraje (Air Europa, Unipost o Air Nostrum son algunos ejemplos).

También se han judicializado otros artículos de la reforma como el que da un plazo de un año para alcanzar un acuerdo entre empresa y trabajadores cuando vence un convenio colectivo, plazo tras el cual queda anulado dicho convenio (antes se mantenía en vigor hasta que había acuerdo, lo que se conoce como ultractividad). El Supremo lo dejó claro el 22 de diciembre de 2014 al establecer que los contratos firmados estando el convenio en vigor habían contractualizado las condiciones de dicho convenio. No cabía considerar que dejaban de estar protegidos por el mismo los trabajadores una vez vencido el mismo. 

La devaluación salarial

Despidos colectivos de plantilla más cara, inaplicación de medidas salariales, pactos en favor de la reducción de salario y/o jornada para evitar la tijera. A pesar de los litigios, entre unas y otras medidas, las estadísticas de Hacienda (que son las más fiables por estar basadas en la recaudación del IRPF) muestran que la pretendida devaluación interna ha funcionado.

Hasta 2011, los salarios medios del sector privado no dejaron de crecer, entre otras cosas porque se suprimió la plantilla más barata y los que permanecieron hicieron subir la media. A partir del año de la reforma laboral, la media empezó a caer.

Según el último Informe Anual de Recaudación Tributaria, referido a los datos de 2014, el salario medio anual del trabajador español del sector privado se situó en 22.392 euros frente a los 23.193 de 2011.

Pero además hay otras muchas formas de rebajar el salario que no se reflejan directamente en esta estadística. Una de ellas es la reducción obligatoria de jornada complementada por las horas extraordinarias no remuneradas, un fenómeno que ha sufrido un verdadero boom en los últimos años, según la Encuesta de Población Activa.

La reforma laboral, en su versión original en forma de Real Decreto en febrero de 2012, admitió las horas extraordinarias incluso para contratos a tiempo parcial. Esta posibilidad fue suprimida en diciembre de 2013 pero hay algo que ha quedado patente y que se demuestra tanto en el uso que se hizo de esta medida en el tiempo que estuvo en vigor como en la evolución de las horas extra no remuneradas. En los tres primeros trimestres de 2015, las horas extra alcanzaron 19.069, un 16% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Todo esto demuestra que las empresas necesitan más fuerza de trabajo que la que tienen oficialmente contratada.

Además, durante la legislatura se ha destruido empleo a tiempo completo, mejor remunerado por hora, en favor del empleo a tiempo parcial. En concreto, se han destruido 402.100 empleos a tiempo completo, respecto a los que había a cierre de 2011 según la Encuesta de Población Activa; y se han creado 297.800 empleos a tiempo parcial. 

Qué pretendía la reforma laboral y qué logró

Esta realidad en la evolución salarial no convierte la reforma en un éxito. De hecho, con sólo pasear por los primeros párrafos del decreto de febrero de 2012, se puede ver cuál era la situación, cuáles los objetivos para enmendarla y compararlo con lo que finalmente ha ocurrido. 

1. Revertir la situación del empleo

La Ley: “La crisis económica que atraviesa España desde 2008 ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español. La gravedad de la crisis actual no tiene precedentes. España ha destruido más empleo y más rápidamente que las principales economías europeas. Los datos de la última Encuesta de Población Activa describen bien esta situación”.

Usando la misma estadística que utilizó el Gobierno desde el primer párrafo de su reforma laboral, es decir, la EPA, es obvio que el intento de revertir la situación que heredaron en el panorama laboral y de la que no se han cansado de echar mano en cada debate político no sólo no se ha logrado sino que España muestra hoy peores cifras que las que se encontró Rajoy al llegar a la Moncloa.

El Gobierno, metido en campaña, no va a usar las cifras que den la foto realista de lo ocurrido. Respecto a la EPA, el Ejecutivo prefiere tirar de número de desempleados, puesto que éste ha bajado con respecto a lo que se encontraron, en lugar de explicar a qué se debe esa reducción. La estadística refleja 436.500 desempleados menos a cierre del tercer trimestre de 2015 de los que había a finales de 2011. ¿Están esas personas trabajando? En absoluto. De hecho, hay 104.300 empleados menos que cuando llegó el PP al Gobierno. Lo que ocurre es que se ha disparado el número de personas que ya no sale en la foto.

La clave de esta aparente paradoja está en que la EPA sólo recoge la población activa, es decir aquellas personas en edad de trabajar que buscan o tienen empleo. No incluye ni a quienes han dejado de buscar trabajo de forma activa por desánimo ni a quienes se han ido a otros países en busca de una oportunidad laboral. La población activa ha caído en 540.800 personas durante la legislatura del PP. Rajoy, por tanto, no ha creado empleo neto durante sus cuatro años de gobierno

2. El empleo joven

La ley: “La destrucción de empleo ha sido más intensa en ciertos colectivos, especialmente los jóvenes, cuya tasa de paro entre los menores de 25 años alcanza casi el 50%. La incertidumbre a la hora de entrar en el mercado de trabajo, los reducidos sueldos iniciales y la situación económica general está provocando que muchos jóvenes bien formados abandonen el mercado de trabajo español y busquen oportunidades en el extranjero”.

El Gobierno erró el tiró con este objetivo como con ninguno. No sólo han disminuido los empleados menores de 25 años en lo que va de legislatura (-89.900), también lo han hecho y aún mucho más los jóvenes incluidos en la franja de edad siguiente, la de 25 a 29 años (-354.600), en la que hoy se integra buena parte de quienes tenían menos de 25 cuando llegó el PP. Y el drama continúa en las siguientes franjas de edad, de las que no debería olvidarse un Gobierno que ha tenido que tirar de la hucha de las pensiones como lo ha hecho el de Mariano Rajoy durante la legislatura porque las cotizaciones ya no dan abasto.

En total, España cuenta hoy con 873.100 empleados menos por debajo de 40 años que a finales de 2011. Un roto en los ingresos de la Seguridad Social que tardará mucho tiempo en coserse mientras la población envejece.

La falta de expectativas de futuro para las franjas de menor edad ha llevado aparejado otro hecho. A medida que disminuía el empleo, un mayor número de personas salía de la foto, dejaban de aparecer en la encuesta dentro de la población con edad de trabajar y que busca o tiene trabajo, es decir, la población activa.

Según estos datos, si el PP pretendía con su reforma que dejasen de fugarse a otros países los ciudadanos de las franjas inferiores de edad, nada más lejos de lo sucedido. El desánimo a la hora de seguir buscando empleo y el exilio laboral no sólo no remitieron sino que se dispararon. La población activa por debajo de 40 años se ha reducido en la legislatura en 1.453.300 personas.

3. El desempleo de larga duración

La Ley: “El desempleo de larga duración en España es también más elevado que en otros países y cuenta con un doble impacto negativo. Por un lado, el evidente sobre el colectivo de personas y, por otro, el impacto adicional sobre la productividad agregada de la economía”.

Algunos datos que aporta la EPA: en el último trimestre de 2011, el número de parados que habían tenido trabajo anteriormente y que llevaban dos años o más en paro era de 1.319.800 personas. A cierre del tercer trimestre de 2015, la cifra era de 1.977.000 personas.

La tendencia desde el último trimestre de 2014 es decreciente pero actualmente hay 657.200 personas más en esta situación de paro de larga duración que cuando llegó el PP al Gobierno. Si se mira por porcentaje, el cambio es aún más dramático. Si a finales de 2011, el porcentaje de parados de dos años o más sobre el total de parados con empleo anterior era del 27,2%, en el tercer trimestre de 2015 se había elevado hasta el 46,1%.

La estadística de la OCDE, que es la que mencionaba el Gobierno en su decreto ley, tampoco deja a España en buen lugar. En el año 2011, España ocupaba el puesto número 20 de los países de la organización internacional por porcentaje de parados de larga duración. Sólo tres años después, en 2014, había escalado hasta el decimoprimero.

4. Luchar contra la temporalidad

La Ley: “El ajuste (en el mercado laboral) ha sido especialmente grave para los trabajadores temporales. Mantenemos una tasa de temporalidad de casi el 25%, mucho más elevada que el resto de nuestros socios europeos. La temporalidad media en la UE27 es del 14%, once puntos inferior a la española”.

Uno de los grandes mitos de los defensores de la reforma laboral es que este país necesitaba una normativa que acabase con la dualidad del mercado de trabajo, la división entre quienes disfrutaban de un contrato indefinido y quienes estaban ligados a su empleo con un contrato temporal.

El argumento es que estos últimos eran los primeros en sufrir las reducciones de plantilla, sencillamente porque era más barato prescindir de ellos. Y en efecto así ha sido en muchas ocasiones. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria fueron los trabajadores con contratos temporales los que antes y en mayor proporción pasaron a engrosar las listas del paro. Pero acabar con la dualidad nunca se intentó mejorando los derechos de los trabajadores temporales (de hecho el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incluso eliminó el límite de encadenamiento de contratos de este tipo) sino mermando la protección de los que contaban con contratos indefinidos, es decir, facilitando y abaratando su despido.

¿Ha permitido este cambio que se reduzca la temporalidad? Tampoco. Según los datos de Eurostat, si a finales de 2011 España tenía una tasa de temporalidad del 24,8%, actualmente se sitúa en el 25,1%.

5. La Seguridad Social

La Ley: “La destrucción de empleo durante la última legislatura tiene efectos relevantes sobre el sistema de Seguridad Social. Desde diciembre de 2007, el número de afiliados ha disminuido en casi 2,5 millones (un 12,5%)”.

Esa foto fija que hacía la norma, ese grado de destrucción de empleo medido en función de los afiliados a la Seguridad Social, ¿se ha logrado revertir en esta legislatura que termina? No sólo no se ha revertido sino que, de nuevo, en línea con lo que muestra la EPA, los datos de afiliación a la Seguridad Social prueban que el Gobierno no ha logrado ni siquiera volver a la situación que se encontró al llegar.

Y ahora qué

Desde la segunda mitad de 2013 hubo un claro cambio de tendencia en la economía y con ella en el mercado laboral español. Se crea empleo, se reduce el paro, aumenta la afiliación, casi todos los medidores muestran una mejoría desde ese momento.

España se ha visto impulsada como nadie por vientos de cola externos, como son el petróleo barato, el euro débil y los bajos tipos exigidos a la deuda que no tienen nada que ver con decisiones de política nacional sino con el hecho de que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, optó desde verano de 2012 por una política monetaria expansiva y con que EEUU ha encontrado más petróleo en su territorio y la la OPEP no ha reducido su producción.

La gran pregunta es qué va a pasar con una economía que ya ha dado muestras de desaceleración en la segunda mitad de 2015 ante cualquier susto a nivel mundial. Qué va a ocurrirle a un país que ahora debe tanto como bienes y servicios produce al año, es decir, casi el 100% de su PIB. Y en lo que al empleo se refiere, si en esa situación las empresas vuelven a dudar de la evolución económica, cómo de fácil les va a resultar con las nuevas reglas desandar lo andado, teniendo en cuenta que la tasa de paro se sitúa aún en el 21,18% y que cualquier repunte sería letal.

La crisis ha dejado por el camino a un número muy alto de personas que actualmente carecen de cobertura. El porcentaje de prestaciones de desempleo que cubre a parados registrados está en mínimos, dado que el tiempo ha ido agotando el seguro. También se ha reducido la prestación contributiva media, entre otras cosas porque el Partido Popular redujo a mediados de 2012 dicha prestación de modo que ahora sólo se cobra el 50% de la base de cotización a partir del séptimo mes de paro, en lugar del 60% previo.