La Audiencia Nacional va a investigar si cinco ayuntamientos catalanes han podido cometer un delito de rebelión, sedición, prevaricación desobediencia o uso indebido de fondos públicos por apoyar una moción a favor de la declaración independentista del Parlamento catalán declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
La Fiscalía ha enviado a varios juzgados centrales de instrucción de la Audiencia escritos solicitando la apertura de diligencias para investigar los consistorios de la Seu d’Urgell (Lérida), Celrá (Gerona), Igualada (Barcelona), San Cugat del Vallés (Barcelona) y Gerona. Varios juzgados ya han abierto diligencias y han requerido al ayuntamiento correspondiente la resolución adoptada, los informes del secretario e interventor, actas y demás documentación “obrante en el expediente objeto de las presentes diligencias relativa a las aprobación de mociones de apoyo a la declaración de independencia del Parlamento catalán”.
En su escrito, la Fiscalía de la Audiencia Nacional entiende que “resulta procedente” esclarecer los hechos después de que la Guardia Civil avisara de una moción aprobada por varios consistorios. A su juicio, “la adopción de nuevos acuerdos parlamentarios” de la misma naturaleza que la declaración del Parlamento, suspendido cautelarmente primero y este mismo miércoles anulado por el Tribunal Constitucional, “o la realización de actos de ejecución de ese mandato ilegal o de apoyo a mismo por arte de cualquier autoridad, corporación o funcionario público, o por particulares”, podría constituir varios delitos, como el de sedición o rebelión.
Imputación o libertad de expresión
Ahora los jueces deben analizar la documentación que se remita por parte de estos cinco ayuntamientos y decidir si se procede a la imputación de los alcaldes y resto de miembros que apoyaran la moción o si, de lo contrario, entienden que este movimiento debe enmarcarse dentro de la libertad de expresión.
Por ahora, los Juzgados únicamente han requerido la documentación y no se ha iniciado, por tanto, ningún proceso penal contra nadie en particular. A raíz de que el Tribunal Constitucional suspendiera la declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán, la Fiscalía, que dirige Javier Zaragoza, remitió un escrito a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado alertando de que en caso de ver cualquier movimiento en apoyo al independentismo catalán emitieran un informe con carácter de urgencia.
Para el Ministerio Público, la Audiencia Nacional debe investigar “actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o el propósito de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma e Cataluña”.
Además, el Ministerio Público sostiene que también deben ser perseguidos aquellos actos de conspiración, proposición y provocación para cometer los delitos de rebelión y sedición con el objeto de romper el Estado español.