La Fiscalía se ha puesto manos a la obra para evitar que se cometa algún delito en Cataluña tras la moción aprobada por el Parlamento catalán que proclama el inicio de la "desconexión" con el resto de España, así como la desobediencia al Tribunal Constitucional y demás instituciones estatales. El departamento que dirige Javier Zaragoza ha ordenado a los Mossos que en caso de observar cualquier indicio de rebelión o sedición en Cataluña remita un informe urgente, que contenga todos los datos necesarios acerca de la ejecución, autoría y participación de quienes están instigando la independencia en Cataluña.

La instrucción de la Fiscalía no afecta a los diputados autonómicos, que están aforados y, por tanto, sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el encargado de, en todo caso, encausar al presidente y diputados que hagan cualquier actuación contraria a la ley en aras de conseguir la división de España. Sin embargo, la Audiencia Nacional sí es competente para investigar este tipo de delitos cometidos por funcionarios y particulares que no estén bajo el paraguas del aforamiento. 

El fiscal jefe es muy duro en su escrito. Avisa que en cuanto haya un mínimo indicio de incumplimiento de la ley, se informará al juzgado central de instrucción que esté de guardia en ese momento para que actúe. A su vez, la Policía tendrá que practicar de "forma inmediata" las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles.

Zaragoza advierte a los independentistas que el delito de sedición lleva aparejada una pena de hasta quince años de prisión. Los delitos que podrían cometerse en los movimientos que se efectúen a partir de ahora por parte de aquellos que defienden la independencia, a parte del de sedición, también estaría el de rebelión. "Cuando los actos constitutivos de ambos delitos vayan encaminados o dirigidos, como es el caso, a declarar la independencia de una parte del territorio nacional violando la legalidad constitucional y cambiando la organización territorial del Estado, deberán ser considerados como delito contra la forma de Gobierno", dice. A este delitos se les podría sumar, en su caso, los de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones, uso indebido de fondos públicos para la consecución "de tan ilegítimos fines" u otros previstos por la ley.

Pero todavía va más allá. No se perseguirá sólo a aquellos que materialmente lo cometan sino a quienes conspiren, los propongan y provoquen para que se cometan. Y para evitar que todo esto ocurra, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional recuerda que todos los cuerpos deben estar a disposición del juzgado.De ahí que remita este escrito no solo a los Mossos sino a la Guardia Civil y Policía, a través del secretario de Estado de Seguridad, delegada del Gobierno en Cataluña, comisario general de Información de Policía Nacional, jefe superior de Policía de Cataluña, general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, director general de la Policía de la Generalitat y comisario general de los Mossos d' Esquadra.

El Consejo de Estado contra la "insumisión"

La decisión de Zaragoza no es el único síntoma de que la maquinaria del Estado se ha puesto en marcha para apagar el fuego del desafío soberanista. El dictamen exprés del Consejo de Estado ya está en La Moncloa. Este texto es el paso previo para la impugnación del Constitucional y considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para ello. 

El informe subraya además que la resolución separatista "implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y su declarada insumisión a las instituciones del Estado". Según añade, niega el "orden constitucional vigente en su conjunto".

El Consejo de Estado también puntualiza que el TC debería impugnar la resolución en su conjunto y no "contra puntos concretos de la misma" puesto que "todos ellos guardan una clara interdependencia y responden a unos mismos criterios informadores".

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