La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la querella presentada contra el ya expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el exconsejero delgado, Manuel Sánchez, por el uso de información privilegiada después de que estallara el escándalo de la empresa sevillana. Les da 24 horas para que devuelvan 11,5millones de euros y 4,5 millones de euros respectivamente, a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias.

De esta manera, la instructora acepta el informe de la Fiscalía que pedía se investigue a Benjumea por haber cobrado una indemnización de más de 11,4 millones de euros pese a ser el máximo responsable de la situación de insolvencia del grupo. El Ministerio Público informó a favor de admitir a trámite la querella presentada por el letrado Felipe Izquierdo, que acusa a la antigua cúpula de la compañía, en preconcurso de acreedores desde el pasado 26 de noviembre, por buscar su “propio beneficio y lucro personal” al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de “salvar a sus miles de inversores”.

En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 señala que aunque no es el momento procesal para imputar a Benjumea y Sánchez, dado que la investigación todavía no ha empezado, tampoco se puede excluir "su carácter delictivo ni la intervención en los hechos de los querellados". Añade que "naturalmente, no excluye la posibilidad de una verdadera imputación judicial tras la comprobación de la existencia de datos que avalen la realidad de los hechos imputados".

La magistrada imputará a los dos directivos una vez recopilados "aquellos datos que, indiciaria y provisionalmente, supongan la presunta participación de los querellados en la comisión de delito".

La resolución recoge la querella presentada por dos bonistas, que señalan que Benjumea y Sánchez Ortega eran “conocedores de la auténtica realidad económica-financiera” de la empresa y que buscaron su enriquecimiento “en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”.

Pide las operaciones de compraventa

Entre las diligencias acordadas, la jueza pide tanto a Abengoa como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que remita la información de que disponga sobre los pagos a Benjumea por importe de 11.448.000 euros en el año 2015 y por 4.480.000 euros a Sánchez Ortega. A la CNMV se le requiere, además, para que remita la información sobre operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto de 2015 efectuados por el fondo Blackrock.

En las diligencias acordadas también se pide al Juzgado de lo Mercantil 2 de Sevilla que aporte copia de la solicitud de pre-concurso de acreedores y documentos acompañados por Abengoa, así como a Deloitte que remita copia del último informe emitido sobre las cuentas y resultados de la compañía.

El auto considera que en este caso se dan los requisitos necesarios para determinar la competencia de la Audiencia Nacional, como son la grave repercusión en la economía nacional teniendo en cuenta las cantidades “que se imputan a los querellados como cobradas indebidamente”, así como el perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.

Según los querellantes, Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una “contraprestación post-contractual” de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de “bonus variable” que percibirá “a cuenta de 2015 hasta su salida”. Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó “fuertes posiciones bajistas” en relación con los valores de Abengoa.

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