La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que sean citados a declarar como investigados Felipe Benjumea y Manuel Sánchez, expresidente y exconsejero delegado de Abengoa respectivamente, por el uso de información privilegiada después de que estallara el escándalo de la empresa sevillana. De esta manera, informa a favor de que se admita a trámite una querella presentada contra Benjumea y Sánchez por administración desleal y uso de información privilegiada.

La querellas acusan a Benjumea de haber cobrado una indemnización de más de 11,4 millones de euros pese a ser el máximo responsable de la situación de insolvencia del grupo. Una querella, presentada por el letrado Felipe Izquierdo, acusa a la antigua cúpula de la compañía, en preconcurso de acreedores desde el pasado 26 de noviembre, por buscar su “propio beneficio y lucro personal” al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de “salvar a sus miles de inversores”.

La Fiscalía pide a los querellados que presten la fianza por las cantidades que cada uno ha cobrado como consecuencia de las indemnizaciones o clausulas de sus contratos. Es decir, que Benjumea devuelva 11,4 millones de euros y Sánchez, 4,4.

Buscaron su enriquecimiento en lugar de salvar a los inversores

Los bonistas señalan que Benjumea y Sánchez Ortega eran “conocedores de la auténtica realidad económica-financiera” de la empresa y que buscaron su enriquecimiento “en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”.

Así, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores, Benjumea se adjudicó una “exorbitante” indemnización por importe de 11.480.000 euros.

Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una “contraprestación post-contractual” de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de “bonus variable” que percibirá “a cuenta de 2015 hasta su salida”. Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó “fuertes posiciones bajistas” en relación con los valores de Abengoa.

La Fiscalía justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos en que este tribunal es el competente en materia de “defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.

Según recoge la Fiscalía, los hechos son en síntesis, que “en una gestión de las empresa que los querellantes califican de 'horrible', los querellados, máximos gestores de la empresa, han abandonado la misma poco antes de que se presente la situación concursal y han cobrado unas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias cuando conocían la auténtica realidad económico financiera de la empresa”.

Batería de pruebas

La Fiscalía pide a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que practique una serie diligencias solicitadas por los querellantes. Requiere a Abengoa que remita la información que le conste sobre los pagos al presidente por importe de 11,4 millones de euros en el año 2015 por parte de la empresa y los pagos del consejero delegado por importe de 4,4 millones de euros.

Además, solicita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores información sobre estos pagos así como sobre operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto, efectuados por el fondo Blackrock. Por último, pide que la auditoría Deloitte envíe el último informe sobre las cuentas de la compañía.

Noticias relacionadas