El juez rechaza la libertad de Granados tras encontrar un millón en casa de sus suegros

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se acaba de oponer a dejar en libertad al ex número 3 de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, quien se encuentra en prisión desde octubre del pasado año cuando estalló el 'caso Púnica'. Según fuentes jurídicas, el magistrado ha valorado entre otras cosas que el ex consejero de Presidencia y ex alcalde de Valdemoro sigue escondiendo dinero.

Velasco ha tenido en cuenta para rechazar su petición de libertad que el pasado día 18 la Guardia Civil encontró cerca de un millón de euros en casa de sus suegros, Juan Alarcón y Catalina Castellanos, quienes también están imputados por un delito de blanqueo de capitales. El instructor sospecha que ese dinero en realidad puede ser del ex dirigente 'popular' y, por tanto, no puede quedar libre mientra existan sospechas de que sigue ocultando dinero obtenido por comisiones por adjudicaciones públicas.

De esta manera, Granados no tiene tanta suerte como su socio y amigo, el empresario David Marjaliza, quien tras ser detenido y enviado a prisión optó por colaborar con la Justicia y dar datos de toda la trama, cómo se pagaban esas comisiones, cómo se manipularon adjudicaciones y quien se benefició de ello. Así, el juez modificó su situación y de prisión incondicional pasó a una fianza de 100.000 euros para quedar en libertad.

La explicación sobre el dinero no convence

Por el contrario, a Granados se le complica la situación ahora que la Unidad Central Operativa encontró en el altillo del armario del dormitorio de sus suegros esa cantidad de dinero. Tras el hallazgo, fueron citados a declarar en calidad de imputados el pasado día 21 pero, según fuentes jurídicas, sus explicaciones sobre el origen del dinero no fue convincente.

Los investigadores sospechan que ese casi millón de euros puede provenir de actividad ilícitas del exsecretario general del PP de Madrid, como el cobro de comisiones a cambio de favores políticos. Según estas fuentes, Granados habría hecho llegar ese dinero a su mujer, Nieves Alarcón, también imputada en la causa, y ésta lo habría ocultado en el domicilio de sus padres para evitar ser localizados y, por tanto, incautados y bloqueados.

Lejos de reconocer los hechos, Granados defiende su inocencia. En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, denunciaba que su partido, el Partido Popular, le estaban utilizando para ganar voto y alegó que la 'Operación Púnica' “no existe”: “A la mayoría de los imputados no los conozco o son de otros partidos. ¿Qué tipo de organización criminal es ésa?”. Asimismo, reconoció que lo que más le “ha dolido” de su antigua jefa, Esperanza Aguirre, fueron sus declaraciones. “Me conoce bien y sabe que soy incapaz de quedarme con lo que no es mío. Ha mentido de manera indecente”, admitía Granados.

También lanzó un dardo contra la actual líder del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes: “Va a tener éxito como presidenta, pero no ha sido justa conmigo. En el PP ha habido personas que han sido más duras conmigo que las de otros partidos para ganar votos”.

La Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar a Granados y Marjaliza después de tener una notificación de la Justicia suiza de que ambos poseían una cuenta en un banco del país helvético con dinero de origen desconocido. A raíz de esta comunicación, se inició una investigación con la Guardia Civil.

El juez acordó intervenciones telefónicas y a raíz de estos 'pinchazos' y en tan sólo unos meses destaparon una amplia red de corrupción que llega desde ayuntamientos madrileños, la propia Comunidad, hasta municipios y provincias de otras comunidades autónomas, como León, Murcia o Valencia. Finalmente, el juez ordenó su detención en octubre de 2014 bajo la sospecha de haber amañado contratos públicos en su propio beneficio y formar parte de una organización criminal. El juez ya afirmaba en un auto que ex consejero de Presidencia madrileño a lo largo de su carrera política ha beneficiado a su amigo de la infancia, Marjaliza, y a otros empresarios en “materia de contratación pública y urbanismo”.