La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta cinco años de prisión para ocho policías que habrían recibido regalos de la mafia china liderada por Gao Ping a cambio de ofrecerles datos policiales y ayudarles en ciertos trámites. Les acusa de delitos de revelación de secretos, cohecho y tráfico de influencias.
Estos agentes han sido investigados dentro de una pieza separada del 'caso Emperador' por el que fueron detenidos varios miembros de una organización criminal liderada por ciudadanos chinos. Esta pieza ha dado muchas vueltas hasta que finalmente ha quedado concluida y lista para ser enjuiciada.
Entre los policías investigados apareció el comisario de Barajas, Carlos Salamanca, quien mantiene una relación de amistad con el juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción, Fernando Andreu. Por esta razón, el magistrado se apartó de la causa y la asumió su compañero Ismael Moreno.
Durante la instrucción, Salamanca consiguió que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivara su imputación, en contra del criterio de Moreno y de Anticorrupción. Una vez que este comisario quedó apartado de la causa, el asunto volvió a manos de Andreu, quien decidió archivar toda la pieza relativa a los policías. Sin embargo, en este caso la Audiencia no le dio la razón y le obligó a procesarles al considerar que existen suficientes indicios de que los agentes recibieron diversos regalos a cambio de llevar a cabo gestiones a favor del líder de la mafia china instalada en España, Gao Ping, y a su número dos Yongping Wu Liu.
La Sala resaltó que todos los imputados son altos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Brigada de Extranjería, alguno de ellos con cargo de comisario e inspector, así como otros miembros de la Policía Nacional, y funcionarios de la Policía Local de Fuenlabrada, localidad en cuyo polígono industrial Cobo Calleja radicaban las naves de Yongping. Estos policías estaban vinculados con este acusado, de nacionalidad china, “de forma tal que parece que movía la voluntad de los apelados en el sentido por ejemplo de disponer de las bases de datos policiales para poder obtener respecto de terceros, datos personales de estos sin autorización alguna”.
Tras esta resolución, Andreu acordó el procesamiento de todos ellos, abriendo así la fase para sentar en el banquillo de los acusados al inspector Federico Sánchez de Frutos, actualmente en segunda actividad y que fue jefe en la Brigada de Extranjería de Madrid; el comisario jefe de Extranjería de Madrid Ángel Luis Olmedo; al policía Blas Donoso Adán, que estuvo destinado en la Brigada de Extranjería de Fuenlabrada; al policía local de Fuenlabrada Mario José Selas; los agentes Manuel Patricio Rodríguez San Román, Óscar Francisco García y Miguel Ángel Gómez Gordo; y el guardia civil Pablo José Jiménez.
Anticorrupción se basa, entre otros datos, en varios documentos hallados en el despacho personal de Gao Ping y en donde se manifiestan las vinculaciones de los funcionarios policiales con éste y la consideración que tienen del mismo.