El pacto con 5 acusados y la admisión de dos delitos por Matas cercan a Urdangarin

Comienza el tiempo de descuento para el juicio por el caso Nóos y con él los movimientos de fichas. Ante la amenaza de pasar una larga temporada en prisión, algunos de los acusados han optado por llegar a un acuerdo, reconocer los hechos y conseguir así una disminución de la pena.

El fiscal Pedro Horrach tiene encima de la mesa tres pactos y existe la posibilidad que otros tres acusados más reconozcan los hechos obteniendo de esa manera una atenuante que rebajaría una eventual condena. Uno de ellos es el propio ex presidente balear Jaume Matas, que pasaría por reconocer que hubo prevaricación y fraude, lo que dejaría a Iñaki Urdangarín al pie de los caballos. El cuñado del Rey está aún a tiempo de llegar a un acuerdo, que implicaría en todo caso su ingreso en un centro penitenciario por lo menos durante seis años.

El tribunal ha dado hasta el 9 de febrero para que se presenten los escritos. Es decir, hay un mes por delante para que se entreguen, firmados por los interesados, los pactos y los reconocimientos de hechos. Según fuentes del caso consultadas por EL ESPAÑOL, en este tiempo es muy probable que Matas reconozca parte de los hechos. En concreto, valora admitir que se puso de acuerdo con Urdangarín y su socio Diego Torres para concederles de forma ilícita convenios de colaboración con el Instituto Nóos por un total de 2,3 millones de euros.

Matas estaría dispuesto a admitir el delito de prevaricación, que no conlleva pena de prisión sino de inhabilitación, y el fraude a la administración, que lleva aparejado de uno a tres años de cárcel. Si reconoce los hechos, se le aplicaría un atenuante y, por consiguiente, se le impondría la pena mínima, un año de cárcel.

Sin embargo, Jaume Matas no está dispuesto a asumir la malversación, castigada con prisión de cuatro a ocho años. Es un delito que la Fiscalía Anticorrupción va a mantener en todo caso.

Si finalmente el ex presidente balear reconoce los dos primeros delitos, el tribunal sólo tendría que resolver si el acusado permitió que se concedieran dos convenios de colaboración por un precio muy superior al necesario. El primer paso que ha dado Matas ha sido entregar su palacete, por valor de 1,3 millones de euros, "a efectos de la reparación del daño". En su caso, el reconocimiento de una parte de los hechos imputados no formaría parte de un pacto con la Fiscalía sino que sería un acto unilateral que, eso sí, le permitiría beneficiarse de una rebaja de la pena.

Pactos con prisión

Otros dos acusados barajan durante este mes entregar un reconocimiento de los hechos para ver disminuida su condena, tal y como permite la ley. Se trata del ex asesor legal de la empresa pública Ibatur, que depende de la consejería de Turismo, Miguel Angel Bonet, quien se enfrenta a cinco años y medio de prisión por los delitos de falsedad documental por funcionario público y el delito de fraude a la administración; y el ex director de la Fundación Illesport de Baleares, Gonzalo Bernal, acusado de delitos continuado de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración. La petición total de pena para Bernal son ocho años de prisión.

Los acuerdos, en todo caso, conllevan pena de prisión. Además, en los últimos años y tratándose de casos de corrupción la Audiencia de Baleares está ordenando el ingreso en prisión incluso cuando la condena es inferior a los dos años (en ese umbral la ley permite suspender la entrada en la cárcel). Un ejemplo es el del propio Matas, que tuvo que ingresar en un centro penitenciario para cumplir 9 meses por tráfico de influencias.

Además, ninguno de estos pactos pueden darse totalmente por hechos de cara al tribunal dado que la acusación popular representada por Manos Limpias no va a firmar ningún pacto. Esto significa que aunque los acusados lleguen a acuerdos con la Fiscalía, la Sala tendrá encima de la mesa las acusaciones del sindicato. Al no renunciar, el juicio tendrá que continuar adelante, aunque quedaría muy reducido. Es decir, el fiscal, una vez que llega a un pacto y consigue que el acusado reconozca los hechos, renunciaría a toda la prueba testifical y pericial propuesta respecto de aquellos con los que haya pactado. Manos Limpias, representada por la letrada Virginia López-Negrete, no va a apoyar ningún pacto con Urdangarín, Torres, Matas ni ningún otro de los 15 acusados.

Hay tres acusados que están dispuestos a llegar a pactos: Marco Antonio Tejeiro, con una petición de dos años de cárcel; Juan Carlos Joaquín Alia Pina, que se enfrenta a cuatro años, y José Luis Ballester, que podría ser condenado a dos años.

Tanto Ballester como Alia participaron en la adjudicación al Instituto Nóos de un contrato de financiación de una oficina gestionada por Urdangarín y Torres para coordinar los actos del equipo ciclista Banesto. Habían conseguido el patrocinio del Gobierno balear por un importe de 20 millones de euros durante tres años.

Ballester, conocido como 'Pepote', ya reconoció en 2012, cuando declaró ante Castro como imputado, que Urdangarín acordó directamente con el ex presidente del Gobierno balear negocios por valor de casi 3 millones de euros que el Instituto Nóos realizó en Baleares de 2004 a 2007. Además, sostuvo que él hizo de intermediario entre el entonces jefe del Ejecutivo balear e Iñaki Urdangarín, con quien mantenía una relación amistosa desde que ambos eran deportistas de élite.

Por su parte, Tejeiro ya presentó un escrito de arrepentimiento ante el juez de Palma que ha instruido la causa, José Castro, pero éste no se la admitió, así que lo podrá presentar durante este mes. El contable de Nóos, cuñado de Torres, reconoció al fiscal, previo pacto, que Urdangarín y Torres desviaban a sus empresas privadas fondos públicos de los contratos adjudicados por los gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana. También detalló la contratación ficticia de trabajadores para pagar menos impuestos, así como la emisión de facturas por servicios no prestados.

Acuerdo abierto para Urdangarín

Ante este escenario, en el que varias personas reconocerían que el cuñado de Felipe VI montó junto a Torres una asociación sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos, a través de la cual recibieron fondos públicos por convenios ilícitos para después desviar parte de ese dinero a mercantiles de su propiedad, Urdangarín tiene difícil defensa.

El marido de la infanta Cristina de Borbón tiene también la opción de conseguir una atenuante de la pena. Ahora bien, un posible pacto con la Fiscalía Anticorrupción no se produciría sin antes reconocer su culpabilidad y devolver todo el dinero desviado.

Además, en todo caso el pacto pasaría por aceptar una pena de prisión de seis a diez años, lo que indefectiblemente conllevaría su ingreso en un centro penitenciario.

La cantidad de dinero que tienen que devolver entre todos los acusados es de 6,2 millones de euros. El palacete de Matas está valorado en algo más de un millón de euros. Dado que la responsabilidad es solidaria, si el yerno de Juan Carlos I quiere conseguir una rebaja de su pena tendría que conseguir el resto del dinero y luego esperar que otros acusados devuelvan su parte.

Si no se cumplen esas condiciones, Urdangarín se sentará en el banquillo de los acusados y se enfrentará a una petición de 20 años de cárcel, además de la multa económica.