Según la Fiscalía Anticorrupción, Urdangarin utilizó la imagen y posición social de su mujer para hacer sus negocios. Así en 2003 le pidió que apareciera como vocal en el Instituto Nóos cuando él cogió la presidencia, incluyendo también al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, como tesorero. Según el escrito de acusación del fiscal, tanto la infanta como su asesor eran "simples elementos decorativos". Aceptaron ser miembros, a petición de Urdangarin, para "dotar de apariencia exterior de solvencia a Nóos".

Sin embargo, el fiscal sostiene en su escrito de acusación que no intervinieron en la gestión ni desarrollaron labor alguna para el mismo. Los otros miembros de la asociación eran Torres como vicepresidente y su cuñado Miguel Tejeiro como secretario. Los cinco miembros nunca se reunieron, aunque este último confeccionó tres documentos en el que se reflejan tres asambleas extraordinarias, que nunca se produjeron. La infanta y García Revenga abandonaron Nóos en 2006 después de que la Casa Real convenciera a Urdangarin que debía salir de la asociación, al ver con desconfianza el hecho que obtuviera contratos públicos siendo miembro en ese momento de la Familia Real.

Además de meterla en Nóos, le pidió crear la mercantil Aizoon S.L., desde la cual él gestionaría sus trabajos de asesor. La presencia de la hermana del rey Felipe VI como socia de la mercantil "no es casual". Fue fruto de la petición expresa en dicho sentido de su cónyuge previamente asesorado en tal sentido por Miguel Tejeiro, como cobertura de bloqueo ante cualquier incidencia futura.

Después resultó que Urdangarin utilizaría esa sociedad para desviar parte de los fondos públicos obtenidos por el Instituto Nóos además de utilizar la sociedad para cobrar sus trabajos de asesoría y declararlos como Impuesto de Sociedades en vez de como IRPF, cometiendo así delitos fiscales en los ejercicios 2007 y 2008 y haciendo a su mujer cooperadora necesaria de esos dos delitos al ser propietaria al 50% de esa sociedad.

El instructor de la causa, José Castro, sí considera que la infanta era conocedora de los negocios ilícitos de su marido. A su juicio, y por lo que la ha sentado en el banquillo de los acusados, existen "sobrados indicios de que doña Cristina ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en Aizoon", una empresa pantalla que "no era una sencilla y entrañable sociedad familiar".

En el momento que se creó la mercantil en 2003, el notario que tramitó la escritura pública de constitución de Aizoon SL, recomendó a Tejeiro que en ella no participase Cristina de Borbón dada su posición institucional, evitando así riesgos futuros derivados de las previsibles oscilaciones societarias. Les propuso que el matrimonio efectuase capitulaciones matrimoniales adoptando el régimen de gananciales, con lo que se conseguía el mismo objetivo sin el lastre de ser accionista.

Sin embargo, Urdangarin hizo caso omiso de la recomendación, convencido de que la presencia de su mujer en la compañía serviría de "impunidad operativa" ante cualquier eventual incidencia ilícita que realizase bajo la cobertura de la mercantil. Así, Cristina de Borbón accedió a participar en la sociedad, "dada la garantía y confianza que le ofrecían su cónyuge y el asesor fiscal, sin ser consciente del objetivo último de su presencia", recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

Noticias relacionadas