El País Vasco no es Cataluña y la mayoría de sus partidos políticos renuncian a mirarse en el espejo catalán. Sólo EH Bildu apuesta abiertamente en la comunidad autónoma vasca por seguir la senda unilateral hacia el independentismo promovida por el ya ex presidente de la Generalitat Artur Mas. El PNV de Íñigo Urkullu y Andoni Ortuzar, la formación que rige sus destinos desde el Gobierno, marca distancias con el proceso catalán y lo acaba de hacer de nuevo al presentar su hoja de ruta hacia un estatus político que supere el actual pero que no suponga una ruptura con el Estado. Además “se compromete” a actuar siempre dentro de la legalidad.
La ponencia parlamentaria de autogobierno ha obligado de nuevo a los partidos a fijar posiciones. Tras una primera fase de comparecencias de personalidades y expertos, el foro promovido por el PNV a comienzos de esta legislatura que enfoca su recta final –en otoño se convocarán nuevas elecciones- ha cerrado el plazo de la presentación de propuestas. Cada grupo ha presentado la suya y la intención es establecer un mínimo consenso de partida para trabajar a partir del próximo Parlamento en la articulación de una reforma estatutaria o consecución de nuevo estatus.
El documento no propone la independencia ni el estado libre asociado que propugnaba Ibarretxe, sino un estadio intermedio
El PNV se mueve con lentitud. Le interesa más ir seguro, poco a poco, que cumplir sus propios plazos, por lo que ha rebasado sin aparente problema las expectativas de una consulta en 2015 fijada en sus programas electorales. En su documento, de 70 páginas, distribuido a última hora de la tarde del martes, no propone la independencia ni el estado libre asociado que propugnaba Ibarretxe, sino un estadio intermedio que permita avanzar en el autogobierno y el reconocimiento nacional del País Vasco dentro de la estructura del Estado español.
Tampoco pone fechas, aunque propone que el texto que por mayoría absoluta aprueben las fuerzas parlamentarias vascas sea sometido a dos consultas ciudadanas, una “habilitante” y sin carácter vinculante negociada con el Estado antes de que el proyecto llegue a las Cortes y una posterior tras su tramitación y aprobación en el Parlamento español, de ratificación de lo acordado mediante referéndum.
En el escrito, en el que aboga por el reconocimiento de la nación vasca y el ejercicio del derecho a decidir de su población, su intención de proceder por los cauces legales se formaliza como un compromiso en su página 54. Se recoge textualmente: “EAJ-PNV se compromete a que el nuevo proyecto de reforma del autogobierno se plantee dentro de la legalidad, desarrollándose su proceso de acuerdo a los procedimientos legales”. Aunque añade que el Estado debe asumir la obligación de negociar: “En todo caso, la concreción de un nuevo acuerdo requerirá la voluntad política positiva del Estado que deberá reconocer la capacidad propositiva de nuestra comunidad política y tendrá en consecuencia que abrir la negociación exigida por el principio democrático”.
Reforma constitucional que incluya el derecho a decidir
El PNV defiende una reforma constitucional que incluya el derecho a decidir pero considera que la Disposición Adicional Primera de la actual Constitución, que recoge los Derechos Históricos del pueblo vasco, ofrece mimbres suficientes para profundizar en el autogobierno y “renovar el patrimonio competencial “ de Euskadi.
En este sentido apuesta por modificar la distribución competencial a favor de la comunidad autónoma, para la que reclama “un amplio elenco de competencias exclusivas”. Solicita potestad legislativa en todos los ámbitos no atribuidos al estado y “la titularidad competencial exclusiva sobre los servicios públicos (Educación, Sanidad, Seguridad Pública, etc), su gestión y prestación” para que dejen de estar sometidos a la legislación básica del Estado.
El partido de Ortuzar concibe un nuevo sistema de relaciones políticas entre el País Vasco y España que se inspire en el funcionamiento del Concierto Económico y acabe con la “total y absoluta subordinación de la comunidad de Euskadi al Estado”. Se trata de una especie de Concierto Político que asiente un modelo de relación bilateral bajo el principio de mutuo acuerdo entre ambas partes, “que evite modificaciones unilaterales” de los pactos alcanzados.
Reivindica además “una política eficaz de promoción del euskera” que posibilite “la igualdad” entre la lengua vasca y el castellano y la capacidad de representación de Euskadi en los ámbitos europeos e internacionales. Sobre las relaciones con Navarra e Iparralde, hace constar que la actualización del autogobierno debe reconocer los derechos a establecer vínculos políticos y relaciones internas a nivel municipal y territorial sin otras limitaciones que la voluntad de sus ciudadanos y las decisiones de sus instituciones.
El documento obvia las reclamaciones del PSE-EE al Gobierno vasco y no incluye un texto articulado con el argumento de que se trata de una propuesta abierta con la que busca el mayor consenso posible, aunque señala como “base mínima” de partida la “aceptación de un nuevo pacto político con el Estado que incorpore fórmulas más avanzadas de cosoberanía”.
EL SOBERANISMO “SOCIAL” DE EH BILDU
EH Bildu sí que se mira en Cataluña y reclama “la soberanía plena” como camino “para asegurar el bienestar” de los vascos y disponer de los “instrumentos necesarios” en Seguridad Social, SMI, empleo, lengua, economía… y todas las materias conocidas. Persigue una “vía vasca” hacia la independencia para la que llegó a presentar a finales de 2015 en el Parlamento una ley de consultas calcada a la aprobada por la Cámara catalana.
Durante la presentación de la propuesta elevada este martes a la ponencia de autogobierno su portavoz, Unai Urruzuno, ha acuñado el término de “soberanismo social” y denostado los males de la situación actual “de dependencia” de la comunidad autónoma respecto a España.
La coalición abertzale mantiene que el Estado español nunca va a reconocer la nación vasca y critica la estrategia de negociación y la bilateralidad por la que apuesta el PNV. “La única relación de igual a igual es de Estado a Estado, situándonos fuera del Estado español”, ha segurado Urruzuno, fijando “la voluntad popular” como único límite a las aspiraciones de la coalición abertzale. “Si este pueblo quiere ser dueño de su futuro tendrá que lograrlo por sí solo”, ha añadido.
COINCIDENCIAS PSE-EE Y PP
Los partidos constitucionalistas han abordado desde el principio la definición de un nuevo estatus político perseguida por el PNV con cierta resignación, ya que debido a su minoría en la Cámara se ven forzados a abordar las prioridades nacionalistas si no quieren verse excluidos del debate parlamentario.
PSE-EE, PP y UPyD – éste último con un único parlamentario– coinciden en dos principios fundamentales: toda reforma del Estatuto debe hacerse con un consenso político igual o superior al alcanzado por el texto actual de 1979 y cualquier nuevo marco debe conseguirse utilizando las reglas de juego democráticas y respetando la legalidad vigente.
UPyD se guarda para este miércoles la presentación de sus iniciativas, ya desveladas por socialistas y populares.
El texto del PSE y la comparecencia de presentación de su máxima dirigente, Idoia Mendia, muestran abiertamente su intención de participar en un debate al que se han visto arrastrados por el Gobierno de Urkullu y a quien han emplazado de forma reiterada a salir de la “indefinición” y mostrar sus cartas.
En las aportaciones socialistas, como en las del PP, la reivindicación del “éxito” del actual Estatuto es una constante, aunque el PSE-EE explora más las grietas y problemas del desarrollo competencial, con su alta dosis de conflictividad trasladada a los tribunales y su utilización como moneda de cambio en función de la coyuntura política. No obstante, la conclusión sobre sus bondades es clara: “La CAV gestiona más de 90 de cada cien euros que se recaudan en Euskadi”.
Este reconocimiento no impide que aboguen por “reformas estructurales en el actual modelo territorial”, para el que piden que cese la “desconfianza” de las instituciones estatales y la “deslealtad” de las autonómicas.
Sus soluciones pasan por la reforma previa de la Constitución y la adopción de un modelo federal, en consonancia con la Declaración de Granada aprobada por la dirección del PSOE. Consideran que las medidas contenidas en ella (clarificación del sistema de distribución competencial, reforma del Senado, reconocimiento de las singularidades de las distintas nacionalidades, principio de lealtad entre Estado y autonomías, nuevo régimen de financiación …) son la manera más eficaz de actualizar el Estatuto y de blindar las competencias vascas frente a las “invasiones” del Gobierno central.
"Huir del ejemplo de Cataluña como de la peste"
El PSE-EE no evita la discusión sobre el desarrollo incompleto del actual Estatuto y repasa las competencias pendientes de traspaso, deteniéndose en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Achaca a “problemas de interpretación” las diferencias existentes y plantea una alternativa de alto contenido técnico que de entrada preserva la unidad de la caja única de las cotizaciones.
La propuesta del PP vasco es menos detallada que la de los socialistas. Considera que “no hay líneas rojas” y que es posible “retocar” tanto la Constitución como “reformar” el Estatuto, pero tiene claro que el País Vasco “tiene que huir del ejemplo de Cataluña como de la peste”, así como del Plan Ibarretxe, igualmente nocivo a su entender por la “resta política y la división que generó”, según las últimas manifestaciones realizadas por su portavoz parlamentario, Borja Sémper.
Éste pone en valor la Constitución y el Estatuto de Gernika, como garantes del Concierto Económico y de uno de los niveles de autogobierno “más amplios del mundo”. Puestos a hablar de reformas incide en herramientas que “eviten duplicidades” entre Administraciones y estima como prioritarias modificaciones “hacia adentro” de la comunidad autónoma para acabar con las “tensiones centralizadoras” del Gobierno vasco.
El PP propone una mejor distribución de los recursos financieros, concentrados en el Ejecutivo, en favor de Diputaciones y Ayuntamientos y la aprobación de una Ley Municipal, aunque ambas cuestiones abordadas en estos momentos por el Parlamento no exigen una reforma estatutaria.