La dificultad en los pactos anuncia ya cuatro meses de parálisis en el Congreso

Casi un mes después de las elecciones generales, la gobernabilidad de España continúa bloqueada. Los pactos para investir a un presidente del Gobierno se antojan cada día más complicados. Ninguna de las combinaciones aritméticamente posibles avanza por buen camino. De momento, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos no logran llegar a un acuerdo que garantice una legislatura estable. Y la principal consecuencia que se avecina es un período de al menos dos meses (el tiempo del que dispone el Congreso para elegir un presidente) de auténtica parálisis institucional, con un Ejecutivo en funciones y un Congreso de los Diputados que sí tiene capacidad legislativa pero sin efectos prácticos plausibles. Ese periodo podría alcanzar los cuatro meses si finalmente se convocan nuevas elecciones.

La gran coalición entre PP y PSOE es, al menos por ahora, la opción más improbable de todas las que están sobre la mesa. Aunque desde el partido comandado por Mariano Rajoy se apela a la necesidad de un pacto entre los dos grandes partidos, la respuesta de Pedro Sánchez y lo suyos siempre es la misma: “no al PP y no a Rajoy”. Ni siquiera con otro candidato del PP para ser presidente parece posible ahora mismo que el PSOE se sume a un acuerdo de este tipo.

La posibilidad que más ha reclamado el partido gobernante es la creación de un gobierno “de amplio espectro”, con el PSOE y Ciudadanos como sus aliados porque los tres partidos “coinciden en aspectos clave” como la defensa de la unidad de España frente al desafío de los independentistas catalanes. Tampoco parece que haya probabilidades de que este acuerdo salga adelante, dado que el PSOE también se niega a sumarse al mismo. Pero es cierto que estos tres partidos sí lograron ponerse de acuerdo para conformar la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos suman la mayoría con cinco sitios y el PSOE, con Patxi López, la presidencia.

El pacto de izquierdas se complica

Teniendo en cuenta que los dos partidos de centroderecha no tienen una mayoría suficiente para lograr una investidura (los 122 diputados del PP y los 40 de Ciudadanos suman 162 se quedan lejos de los 176 de la mayoría absoluta), la opción más posible dentro de la dificultad es que haya un acuerdo entre formaciones progresistas. Los 90 congresistas del PSOE, los 69 de Podemos y sus aliados y los dos de Unidad Popular solo suman 161, a quince de la mayoría absoluta, por lo que estos grupos necesitarían la ayuda de ERC (9) y/o Convergencia (8).

Para auspiciar un pacto entre formaciones ubicadas a la izquierda sería necesario, en primer término, que hubiera acuerdo entre Podemos y PSOE. Un acuerdo que ahora mismo parece cada día más lejano. El partido que encabeza Pablo Iglesias ha sido muy crítico con el pacto de la Mesa del Congreso entre PSOE, PP y Ciudadanos. Merced a dicho pacto, es más que complicado que Podemos y sus tres aliados territoriales puedan tener, como desean, grupos propios en el Congreso. Que los socialistas hayan prestado senadores para hacer un favor a ERC y Convergencia en la Cámara Alta también ha disgustado a los dirigentes de Podemos, que no entienden que el PSOE no haya tenido una deferencia similar con ellos en la Cámara Baja.

Es sabido, además, que la condición que pone Podemos de que se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña es precisamente la línea roja que no quiere ni puede cruzar el PSOE. Igualmente, otras condiciones exigidas por Pablo Iglesias -las reformas de la Constitución, la derogación de la reforma laboral, la aprobación de la ley de emergencia social…- tampoco parecen de fácil asunción para Pedro Sánchez. Así las cosas, el camino de la política española desembocaría en unas nuevas elecciones que, dados los plazos legales existentes, se celebrarían a principios de mayo.

¿Cómo se gobierna el país mientras tanto?

Mientras los partidos tratan de encajar el puzle electoral, el país vive una situación inédita en los últimos tiempos, si tal y como parece la negociación se estira hasta el límite del plazo legal para nombrar un presidente. Hay un Gobierno en funciones de la anterior legislatura y unos Presupuestos Generales en vigor, pero hay un nuevo Parlamento formalmente constituido.

La ley es clara. El Gobierno en funciones limita su tarea a despachar los asuntos del día y no puede intervenir “salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o razones de interés general”. Pero el Congreso recién conformado sí tiene capacidad legislativa. ¿Podría el nuevo Parlamento, por ejemplo, derogar la reforma laboral? Técnicamente, sí, pero es altamente improbable. Además, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado.

“La lógica indica que si el Parlamento reúne una mayoría, su primera decisión sea la de conformar un nuevo Gobierno y no ponerse a cambiar o tramitar leyes, ir a comisiones, etc”, dice el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras.

Una moción como en Cataluña

Sin embargo, De Carreras sí ve probable que el nuevo Congreso apruebe determinadas resoluciones o proposiciones no de ley. Es algo similar a lo que ocurrió en Cataluña. La polémica moción separatista de la desconexión, tumbada posteriormente por el Constitucional, se aprobó el 9 de noviembre del 2015 con un Gobierno en funciones y un nuevo Parlamento salido del 27S con mayoría absoluta separatista.

Por eso, según el catedrático, no sería raro que el Congreso se pronunciase sobre algunos asuntos importantes, como por ejemplo la iniciativa de Ciudadanos en defensa de la unidad nacional como respuesta a Cataluña, en plenos puntuales y una única votación necesaria.