Cinco hombres y cuatro mujeres juzgarán a partir de este martes el asesinato de Isabel Carrasco. Los nueve fueron interrogados por el fiscal y por los letrados de las acusaciones y de las tres acusadas, que querían evitar cualquier prejuicio o animadversión.
En el banquillo se sientan la autora confesa Montserrat González, su hija Triana y la policía municipal Raquel Gago, que entregó el revólver al día siguiente del crimen en la comisaría de León. El fiscal solicita la misma pena para las tres: 20 años por asesinato y tres más por tenencia ilícita de armas.
Llegada a la Audiencia Proivincial de León de las presuntas asesinas de Isabel Carrasco
El letrado de Montserrat y Triana aspira a reducir la pena de la primera y a salvar a la segunda por motivos psicológicos. El abogado de Gago logró su libertad condicional en enero del año pasado y piensa que ahora puede lograr su absolución.
El juicio durará un mes y será un trago incómodo para quienes ahora dirigen el PP de León, que maniobraron durante años contra la fallecida y mantuvieron una relación de amistad con la autora del crimen y con su hija durante sus años en la Diputación.
La estrategia de la defensa de Montserrat y Triana pasa por diseccionar la gestión de Carrasco como líder del partido y como presidenta de la Diputación de León. El jurado escuchará los testimonios de empresarios locales y también de empleados de la institución. Pero no los de su predecesor Javier García Prieto y su sucesor Juan Martínez Majo, solicitados por la defensa pero excluidos por el magistrado que preside el tribunal.
La ausencia de Martínez Majo y García Prieto no es un asunto menor. Ambos fueron dos de los tres grandes enemigos de Carrasco en el Partido Popular de León. El tercero es Antonio Silván, que era amigo de las acusadas y que hoy ejerce como alcalde de la ciudad.
Hija de un ferroviario y de un ama de casa, Isabel Carrasco nació en un pueblo de menos de 500 habitantes en agosto de 1954. Se graduó como jurista en Valladolid y con apenas 25 años se convirtió en inspectora de Hacienda al aprobar a la primera una oposición.
Su primer cargo político se lo dio José María Aznar, que la nombró en 1987 delegada en León del Gobierno regional. Así fue como trabó relación con otros dirigentes del partido antes de volver a retomar su carrera de inspectora de Hacienda, esta vez como jefa de la unidad que investigaba a las grandes empresas de la región.
Juan José Lucas nombró a Carrasco consejera de Economía y Hacienda en 1995. Un cargo que ejerció con mano de hierro hasta 2003, cuando Juan Vicente Herrera decidió arrebatarle esa parcela de poder.
Desde entonces Carrasco centró su ambición en el PP de León, cuya presidencia asumió en 2004 en un congreso sin oposición. En apenas tres años se hizo con el control del partido, colocó a un hombre de confianza como candidato a alcalde y desalojó a su rival García Prieto de la presidencia de la Diputación.
El origen del rencor
La sede de la Diputación de León está ubicada en el palacio de los Guzmanes: un edificio renacentista construido por Rodrigo Gil de Hontañón a mediados del siglo XVI. El retrato de Carrasco que pintó el artista leonés Modesto Llamas es el único rastro que queda de la presidenta en el lugar que fue el símbolo de su poder.
La ‘operación Púnica’ se llevó por delante a su sucesor y hombre de confianza, Marcos Martínez Barazón, que fue arrestado en octubre de 2014 pero arrasó unos meses después en las elecciones y todavía hoy ejerce como alcalde de Cuadros, un pueblo pegado al lugar natal de la presidenta de la Diputación.
Unos meses antes de que Carrasco asumiera el cargo, Triana Martínez empezó a trabajar para la Diputación. El pleno de la institución provincial creó en 2006 una plaza de ingeniera de telecomunicaciones. La excusa era el lío originado por la llegada de la TDT y el apagón analógico. Pero el objetivo era colocar a una joven militante que tenía relación con personas influyentes del PP.
El sueldo de Triana rondaba los 34.000 euros brutos y su puesto no dependía de Carrasco. Pero la nueva presidenta adoptó a la joven con naturalidad. Le encargaba informes y la requería a menudo para recados personales, como contratar el ADSL de su domicilio a unos metros del Parador.
Unos meses después del crimen, Triana se quejó de que Carrasco ignoraba sus informes y asignaba contratos públicos a dedo con empresas que cobraban 25.000 euros por servicios que apenas valían 4.000. Pero durante sus años al servicio de Carrasco nunca la denunció por sus manejos. Tampoco por las prebendas de la empresa informática en la que trabajaba el novio de la presidenta, que facturó con la Diputación cientos de miles de euros y que era propiedad de la alcaldesa de un pueblo de la montaña de León.
La Diputación convocó una oposición en 2009 para cubrir la plaza de Triana y la joven asegura que el empleo habría sido para ella si no fuera porque un día se negó a mantener relaciones sexuales con la presidenta de la Diputación.
Es un extremo que nadie ha confirmado y que nadie podrá demostrar en el juicio que ahora comienza en la Audiencia Provincial. Por eso la defensa centrará su estrategia en presentar a Carrasco como una mujer que lanzó un ataque frontal contra Triana y que gestionó de forma despótica la institución provincial.
El grupo socialista denunció por ejemplo en 2010 que la presidenta se había gastado más de un millón de euros en una reforma de su despacho y de la planta noble de la Diputación. Su portavoz Matías Llorente la llamaba a menudo “la reina del palacio” y decía que ella misma había elegido los muebles en varios establecimientos de la ciudad.
Al contrario que los ayuntamientos de León o Ponferrada, la Diputación de León ha estado en manos del PP desde mediados de los años 80 y ha generado escándalos de los que aún se habla en la ciudad.
En 2008 la institución cubrió 40 plazas de auxiliar de administrativo en una convocatoria en la que sacaron sobresalientes decenas de familiares y amigos de personas vinculadas al Partido Popular. El juzgado de León anuló la oposición en abril de 2011 pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la sentencia y dio carpetazo a un proceso en el que fue imputada la presidenta de la Diputación.
Los pleitos se dispararon durante los años de Carrasco, que se vio obligada a ampliar una línea de crédito en 400.000 euros para pagar unas 90 minutas de abogados que llevaban los procesos judiciales que afectaban a la institución.
El fraude de las dietas
Ningún caso se centró tanto en Carrasco como el de los llamados kilometrajes de Caja España, en el que la presidenta fue imputada tres meses antes de su muerte. El presidente de la institución financiera certificó que Carrasco llegó en su coche oficial a los consejos de Caja España mientras cobraba miles de euros en dietas por asistir.
Según el libro ‘El crimen de León’, publicado por las periodistas Ángela Domínguez e Isabel Bajo, Carrasco se embolsó hasta 200.000 euros de la entidad financiera, cuya quiebra requirió unos 1.531 millones de euros en ayudas del Estado unos meses después.
Carrasco llegó a tener hasta 12 cargos que incluían la presidencia de varios consorcios y empresas públicas de la provincia, que no siempre le reportaban ingresos pero sí cierto poder a la hora de contratar a su personal.
Unos meses antes de su muerte, el socialista Matías Llorente hizo una enigmática pregunta en uno de los plenos. “Quisiera que la presidenta informara por qué razón desde hace unos meses se ha dispuesto un agente de seguridad privada ante la puerta de su despacho. ¿Tenemos algún problema o alguna amenaza de seguridad o de atentado?”.
“Se quedó lívida y se calló”, diría Llorente unos meses después.
Al día siguiente de su intervención, Llorente recibió la llamada del lugarteniente de la presidenta, que le dijo que habían tenido algún problema de vigilancia y habían querido reforzarla. Unos días después, Carrasco le dio entre dientes una versión diferente en un acto público. “Dos locas me están amargando la vida”, explicó.