España le da la espalda a la infanta Cristina. Este miércoles, la hermana de Felipe VI ha alcanzado la quinta estación de ese particular vía crucis que comenzó en 2011 con el estallido del caso Nóos: Barcelona le ha retirado la medalla de oro de la ciudad que le concedió días antes de casarse allí con Iñaki Urdangarin en 1997, y con ella el tratamiento de “Excelentísima Señora”.
La revocación de la medalla ha sido particularmente humillante porque esta vez -el año pasado ya lo intentó el Ayuntamiento- PP y CiU votaron en contra, pero ahora todos los grupos municipales se han mostrado favorables con la sola abstención de PP y Ciudadanos. Para ella, según su entorno, se trata de un nuevo ejemplo de “injusta condena social previa a una judicial que puede no llegar nunca”.
Agravado por un “oportunismo político” que ha quedado patente en las incendiarias palabras del concejal de la CUP Josep Garganté, que ha tachado a la monarquía de “institución vergonzante” y ha llegado a recordar el estribillo de una canción popular que afirma en catalán: “Si el Rey quiere corona, corona le daremos; que venga a Barcelona y el cuello le cortaremos”.
La decisión del Ayuntamiento de Barcelona ha tenido lugar el mismo día en el que el rey ha recibido en La Zarzuela a dos líderes políticos con representación parlamentaria abiertamente republicanos: Alberto Garzón (IU) y Alexandra Fernández (En Marea).
Del museo de cera al ducado
Ni siquiera con Jordi Pujol han sido tan duros en el consistorio catalán, señala el entorno de la infanta. El expresidente de la Generalitat devolvió la medalla sin que nadie se la pidiera en 2014 después de confesar que había tenido una cuenta en el extranjero durante 34 años.
La primera estación de la infanta Cristina, una simple anécdota, tuvo lugar en diciembre de 2011, tres días después de que la Casa del Rey apartara a Urdangarin por su comportamiento “no ejemplar”: el museo de cera de Madrid colocó al único yerno de Juan Carlos I lejos del resto de la familia real frente a la sala de deporte y le quitó el chaqué.
En enero de 2013 se produjo un gesto serio de rechazo ciudadano: el Ayuntamiento de Palma decidió que la rambla dels Ducs de Palma de Mallorca pasaría a llamarse simplemente La Rambla, como había sido siempre y como había seguido denominándose popularmente durante los 15 años que llevó el nombre de los duques.
El consistorio aprovechó además para pedirle a Urdangarin que dejara de usar el título de duque, del que sólo era consorte, porque unos días antes se había filtrado a la prensa el embarazoso correo del marido de la infanta al secretario Carlos García Revenga en el que firmaba como “el duque em...Palma..do”.
La tercera estación, también en Baleares, cuelga de un hilo a la espera de una sentencia firme: la retirada de la medalla de oro de la Comunidad Autónoma que le dio en 1998, para mayor inri, el entonces presidente Jaume Matas, uno de los 18 imputados hoy en el caso Nóos.
La cuarta fue sin duda la más dolorosa: el 11 de junio de 2015, y tras tres años y medio de discusiones, Felipe VI dio un golpe sobre la mesa y le revocó el título de duquesa de Palma de Mallorca. La manera en que ocurrió resultó además poco elegante por parte de la infanta: después del anuncio de Zarzuela, doña Cristina filtró una carta personal de renuncia al título fechada diez días antes. La misiva no tenía matasellos, y lo peor es que la dejó aún peor ante la opinión pública.
SAR e infanta de España hasta la muerte
En su mano sigue quedando la posibilidad de renunciar a los derechos dinásticos (es la sexta aspirante a la Corona). Para obligarla a hacerlo, Felipe VI necesita constitucionalmente una Ley Orgánica que tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados. El 20 de diciembre de 2011, a través de Fernando Almansa, el rey Juan Carlos ya le pidió que renunciara.
Según su entorno, ella no lo hará “jamás” hasta que no haya sido condenada, si es que lo es alguna vez. De momento, antes del 9 de febrero, el tribunal que la juzga en Palma como cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública tiene que decidir si acepta la llamada doctrina Botín que la exonera porque sólo la acusa el sindicato Manos Limpias.
Las mismas fuentes de su entorno explican que, en el hipotético caso de que hubiera una sentencia condenatoria o de que continuara la moda de “condenarla de manera preventiva” como ha ocurrido este miércoles en Barcelona, a doña Cristina siempre le quedará el tratamiento de SAR (Su Alteza Real) y la condición de infanta de España como hija de rey.
Sólo mantiene la firma en documentos oficiales
Ser alteza real le da privilegios en el orden protocolario de ocasiones solemnes. La firma de “Cristina, Infanta de España” la mantiene sólo en documentos oficiales, como su carta de supuesta renuncia al ducado. Para el “día a día”, como su trabajo en la Caixa, utiliza la firma “Cristina de Borbón”.
Un caso similar es el de sus tías paternas, las infantas Pilar y Margarita, que renunciaron a sus derechos cuando contrajeron matrimonio fuera de la realeza. También, del recientemente fallecido infante don Carlos, primo hermano de Juan Carlos I.
En España hay un hospital que lleva el nombre de la infanta, así como una fragata y varios colegios y polideportivos. Doña Cristina sigue siendo también presidenta de honor vitalicia de fundaciones como el capítulo español de la Unesco o la fundación Anar (asistencia telefónica).