Detenido Alfonso Rus, expresidente del PP de Valencia, en una redada anticorrupción

La Guardia Civil ha detenido este martes al expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del PP en esta provincia, Alfonso Rus, por una presunta trama de corrupción vinculada a la empresa pública Impulso Económico Local SA (IMELSA) que un juzgado valenciano lleva investigando desde 2014 a raíz de una denuncia de Esquerra Unida sobre presuntos cobros de comisiones.

Tras más de siete horas de registro, Rus ha salido de su domicilio custodiado por agentes de la UCO y funcionarios judiciales en la tarde de este martes entre gritos de "corrupto" y "ladrón".

Hasta el momento se ha producido una veintena de detenciones dentro de la llamada Operación Taula desde primera hora del martes a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en la que se habrían efectuado ya numerosas detenciones. 

Agentes de la Guardia Civil han registrado la sede del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, la empresa pública de la Generalitat encargada de la construcción de colegios (CIEGSA) y la Fundación Jaime II. También se han personado en un club de fútbol de Xàtiva del que Rus fue presidente. La Guardia Civil está registrando también la sede de la agencia de comunicación Engloba.

La operación ha sido dirigida por el juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa. Desde el Tribunal Superior de Justicia valenciano han apuntado que se trata de un despliegue contra una “trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas”.

Se trata de una macrorredada en la que han participado la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Hasta el momento se ha detenido a 24 personas en las tres provincias valencianas. En total, hay hasta 29 investigados (antes denominados imputados).

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, a instancia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ha acordado la suspensión de militancia de las personas detenidas en el curso de la operación policial. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana había emitido un comunicado anunciando "su cese en cualquier tipo de actividad" relacionada con la formación política, instando a su suspensión y a que se les abriese expediente.

Para valorar lo sucedido se ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno valenciano y líder de Compromís, Mónica Oltra, que ha criticado duramente al PP diciendo que "mientras unos trabajan, otros saquean". Y ha añadido que Rus "ya apuntaba maneras" tras el vídeo que se publicó suyo contando billetes. "Estamos hablando de unas organizaciones criminales que saqueaban las arcas públicas para financiar al Partido Popular, que está inhabilitada para gobernar ninguna institución".

Un total de 33 registros

Junto a Rus ha sido detenido el ex vicepresidente de la Diputación de Valencia y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, que fue además consejero delegado de CIEGSA, la empresa pública en la que se han detectado sobrecostes de mil millones de euros en la construcción de centros educativos. Caturla dimitió en mayo de su cargo en la Diputación tras verse involucrado en el caso Imelsa de cobro de comisiones. La operación también incluye el arresto de la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster.

Entre los investigados, según ha informado el TSJ, se encuentra María José Alcón, la exconcejala del PP en Valencia y mujer del vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, un exvicepresidente de la diputación y el ex alcalde de Moncada, José Medina. También quien fuera número dos de Rus, Emilio Llopis. David Serra es otro de los detenidos. El imputado en Gürtel fue vicesecretario regional del PP.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, también se encuentra entre los imputados y está citado a declarar. El mismo caso que el polémico asesor municipal Luis Salom. Su implicación está siendo objeto de comentarios en redes sociales por ser un asiduo de Twitter.

Según algunas fuentes la investigación apunta también a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y ahora senadora territorial. Del mismo modo se estudia la implicación de Gerardo Camps, actual diputado nacional del PP en Valencia y a David Serra, anteriormente diputado regional del mismo partido.

En total, se han realizado 33 registros en Castellón, Valencia y Alicante, entre los que están varios domicilios particulares de los investigados. También hay 150 vehículos de gama alta embargados y 252 cuentas corrientes bloqueadas

La investigación nació a partir de una denuncia interpuesta por el grupo Esquerra Unida ante la Fiscalía de Valencia por la posible gestión irregular de la empresa pública Imelsa. Su director, Marcos Benavent, que está imputado en la causa, declaró en mayo ante el juzgado. A su salida dijo que colaboraría con la justicia. “Va a salir mierda a punta pala”, aseguró. Desde entonces ha realizado varias declaraciones y el juzgado ha estado requiriendo abundante documentación a la Diputación de Valencia, donde el PP perdió el control en las pasadas elecciones.

EU denunció además posibles irregularidades en los contratos de varios proyectos de la corporación provincial como la instalación masiva de bombillas leeds y un plan de césped artificial.

Desde la apertura del caso, el juzgado ha realizado distintas diligencias que ha permitido descubrir, según ha indicado el TSJ, que el ámbito de actuación de la trama corrupta “era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial”.

En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La operación todavía sigue abierta.

La detención del también exalcade de Xàtiva, se remonta a 2014 a raíz de la denuncia de EU en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa. En ella se aludía que el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, pudo crear una empresa pantalla para el cobro de comisiones por trabajos cuya ejecución podría no haber realizado. En el marco de esta investigación trascendieron unas grabaciones en las que presuntamente se escuchaba a Rus contando dinero de lo que vendría a ser el cobro de una comisión.

En el momento de la denuncia de EU, la formación ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus.

Un vídeo contando billetes de comisiones

A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus, nacido en 1950, contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".

Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia.

También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación, donde estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015, como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia. Fue suspendido de militancia el pasado 2 de mayo cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat.

DAÑO "A MUCHA GENTE"

En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía. En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un "yonqui del dinero", describió su relación con Rus de "confianza profesional" y agregó que no compartía "muchas cosas" ni con él ni con el PP o con la forma de gobernar "a todos los niveles".

Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.

A raíz de la distinta documentación y discos duros que Benavent ha ido entregando ante el fiscal encargado del caso, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han ido personando en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el consistorio valenciano para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura.

Paralelamente a este procedimiento, un juzgado diferente, el número 6 de Valencia, mantiene abierta una causa contra Marcos Benavent tras la denuncia que le interpuso la Diputación de Valencia, cuando estaba presidida por Rus, por presuntos gastos injustificados y otras irregularidades.