La corrupción valenciana llevó a barracones a cientos de escolares

La Operación Taula, la macrorredada contra la corrupción del PP en Valencia desarrollada el pasado martes, se ha cruzado con otra investigación que había iniciado por su cuenta el nuevo gobierno autonómico y que justo este miércoles tenía previsto poner en conocimiento de la fiscalía. Se trata del expolio de dinero público registrado durante años en la construcción de unos 200 colegios e institutos en la Comunidad Valenciana y en el auge de las aulas provisionales (los llamados barracones). Una “auténtica estafa institucional” que ha sido cifrada en más de mil millones de euros en sobrecostes pagados por CIEGSA, la empresa pública creada en 2000 para la construcción de colegios y que el actual conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha rebautizado como una “Conselleria de Educación en B”.

La Guardia Civil irrumpió el martes en la sede de esta empresa y se hizo con todos los correos electrónicos, tanto corporativos como particulares, de Máximo Caturla, quien fue gerente de esta empresa pública entre 2004 y 2007. Caturla es uno de los 24 detenidos en la macrooperación contra la corrupción. Los agentes recabaron y se llevaron todas sus conversaciones vía mail como documentos para la investigación dirigida a probar si se cometió prevaricación, fraude, malversación de caudales, tráfico de influencias, soborno y blanqueo de capitales en la trama de corrupción para conseguir comisiones a cambio de adjudicaciones.

La denuncia que Esquerra Unida llevó al fiscal y que dio origen al caso Imelsa (germen de la trama de corrupción investigada) contenía grabaciones a Caturla durante su etapa en CIEGSA en las que se hablaba de su presunta participación en las mordidas, según explica Rosa Pérez, la diputada que denunció el escándalo. Un registro y una detención que agrava el saqueo de las arcas públicas para la construcción de los centros educativos valencianos y el despliegue de barracones por toda la Comunidad Valenciana.

LOS “PRECIOS ABULTADOS” EN LA ERA CATURLA

La Conselleria de Educación dio a conocer recientemente un informe elaborado por la Intervención de la Generalitat que sería la prueba de este saqueo. En dicho documento se han analizado los trece años de la empresa pública. En total, los costes de esta empresa creada para agilizar la construcción de colegios ascienden a 2.800 millones. Un gasto que se hizo sin ningún tipo de control por parte de la Generalitat y que ha llevado a detectar que las obras se realizaron con un sobrecoste medio del 36%. En cifras, la Intervención concluye que CIEGSA pagó el metro cuadrado de los colegios a 912 euros frente a los 670 euros que debían haber costado. “El metro de los colegios se pagaban como si fueran viviendas”, dijo el conceller de Educación, Vicent Marzà. Y de ahí los mil millones en sobrecostes.

Un derroche de dinero que, en palabras de los nuevos dirigentes el gobierno valenciano, ha mermado gravemente la posibilidad de construir más colegios y acabar con los eternos barracones que durante años han estado en el foco de las críticas de la comunidad educativa. La Generalitat ha gastado 92 millones de euros en aulas prefabricadas desde 2001. “Parece que se defendía un modelo de negocio en torno a los barracones”, apostilló Marzà. “Mientras se hacía negocio con los barracones vía Ciegsa, miles de familias y docentes eran engañados con promesas incumplidas sobre nuevas construcciones”, añadió ayer. Las aulas que debían haber sido provisionales se han eternizado dejando durante años a miles de escolares en barracones.

El desvío presupuestario

Las sospechas se han incrementado al cruzarse la Operación Taula con la investigación a CIEGSA. De hecho, los agentes de la UCO reclamaron y se llevaron junto a los mails una copia del informe de la Intervención que pone sobre la mesa los mil millones en sobrecostes. El papel que Caturla pudo tener en las presuntas mordidas se acrecienta al analizar su etapa al frente de la empresa pública (ahora en fase de liquidación).
Máximo Caturla dirigió la sociedad desde 2004 a 2007, justo los años en los que mayor desvío hubo entre el coste previsto de las obras (la licitación) y lo que finalmente se pagó. En estos años se adjudicaron obras por 440 millones de euros y se acabó pagando 565.

En total, un desvío presupuestario que ronda los 125 millones de euros y que llegó a superar el 40% cuando la media global es de un 19% más de diferencia entre lo licitado y lo pagado. Eso sin contar con los sobrecostes de las obras. El diputado y portavoz socialista en las Cortes Valenciana, Manolo Mata, vincula la etapa de Caturla con los años en los que la adjudicación de los colegios se realizó “a precios muy abultados”.

“Yo siempre decía que los precios de los colegios crecían y sin embargo cada vez había más barracones que se alquilaban a precios altísimos”, comenta Ana Noguera, exdiputada socialista en las Cortes que denunció durante años las presuntas irregularidades en CIEGSA. Noguera recuerda el extraño incendio que en 2005 afectó a una nave de la empresa pública en el que se destruyeron numerosos documentos.

DE CIEGSA A LA DIPUTACIÓN DE RUS

Máximo Caturla, que fue detenido el martes y que debe prestar aún declaración ante el juez que instruye el caso, dejó la empresa pública de construcción de colegios en 2007. Es uno a quien se le responsabiliza del agujero dejado. El expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, cabecilla de la trama de Imelsa, le eligió para ocupar una de las vicepresidencias en la corporación provincial y para que se hiciera cargo de la cartera de Hacienda en 2007. Las grabaciones en las que se le involucra con el caso Imelsa son de su etapa al frente de la empresa de construcción de colegios y en ellas se le relaciona presuntamente con las mordidas.