El PP liquida a su ejecutiva en Valencia y nombra a una gestora

El Partido Popular ha disuelto la estructura del partido en la ciudad de Valencia por las sospechas de corrupción que han llevado este viernes a decenas de concejales, asesores y miembros del partido a desfilar ante el cuartelillo de la Guardia Civil de un barrio de la capital del Turia.

La decisión la avanzó el jueves la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, al hablar de "día bochornoso y negro" el del pasado martes, cuando una operación dirigida por un juzgado de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la UCO de la Guardia Civil detuvo a 24 personas y realizó 33 registros en una macrorredada contra la corrupción nunca vista en la provincia.

Bonig anunció que disolverían el partido en la ciudad y nombrarían una gestora en el caso de que Alfonso Novo, el sucesor de Rita Barberá en el partido, continuara imputado (lo que ahora se denomina investigado) en la causa abierta por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Una causa que investiga una supuesta trama de financiación ilegal del partido y una red de cobro de comisiones por contrataciones públicas.

Novo todavía no ha sido citado a declarar ante el juez que instruye el caso, lo hará a en las próximas semanas. Pero la imagen de este viernes de decenas de concejales del PP del Ayuntamiento, exediles, asesores y otros miembros de los populares valencianos ha hecho inevitable adelantar la decisión y liquidar la cúpula local.

Ante el cuartel de la Guardia Civil han pasado concejales actuales como Lourdes Bernal o Alberto Menzoza. Todos ellos han sido citados por los agentes de la UCO en unas pesquisas para dilucidar si todos ellos participaron en el supuesto blanqueo de dinero mediante donaciones que alcanzaron los mil euros y que el partido les devolvería después en efectivo.

La concejala María Ángeles Ramón-Llin, que este jueves sustituyó a Novo como portavoz en el pleno municipal, admitió el pago de 1.000 euros, pero negó el blanqueo. Sin embargo, exasesores del PP en el consistorio han revelado que sí fueron objeto de presiones para que realizaran la donación de 1.000 euros que luego les devolverían al día siguiente con billetes de 500, ha informado Europa Press. Cuatro extrabajadores han admitido incluso que existían amenazas y presiones laborales para hacer el ‘donativo’.

La investigación sitúa en el centro de esta forma de operar a la secretaria del grupo popular, María del Carmen García Fuster, detenido el martes y a quien el juez dejó en libertad con cargos aunque el fiscal reclamó su ingreso en prisión. Además de la imputación de Novo y un asesor, resultó detenida en la operación otra persona de confianza de Barberá, la exconcejala, María José Alcón.