Borrón y cuenta nueva. O eso es lo que la dirección del PP pretende querer hacer con la ejecutiva del partido en la ciudad de Valencia, lo que durante años ha sido coto de Rita Barberá.
El presidente del Gobierno en funciones y presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha visto tan asfixiado por lo que la Operación Taula –la macrorredada contra la corrupción del partido en Valencia- puede costarle en sus intentos por formar gobierno que ha optado por cortar por lo sano y disolver a la cúpula de los populares de la capital del Turia.
Una verdadera operación de cirugía política contra la corrupción (inducida por la dirección regional de Isabel Bonig) que Rajoy ha evitado aplicar en Madrid tras el estallido de los casos Púnica, Gürtel, Bárcenas…
Los populares nombrarán una gestora
El PP ha decidido destituir a la cúpula del partido en Valencia y nombrará una gestora que tome las riendas de la formación después del cerco de la Operación Taula a concejales y asesores populares.
Era una medida que Bonig ya estudiaba pero, según afirmó el jueves, solo se tomaría en serio en el caso de que el sucesor de Barberá en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, mantuviera la condición de imputado (investigado) después de su declaración ante el juez.
Novo no ha declarado aún. Lo hará el próximo miércoles. El juez del juzgado de Instrucción 18 de Valencia le interrogará por un presunto delito de blanqueo de capitales, según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano, por ser una persona autorizada para disponer de la cuenta de la agrupación local del PP.
El sucesor de Barberá no fue detenido como sí ocurrió con la secretaria Carmen García Fuster, en libertad con cargos y para quien el fiscal pidió prisión. La razón por la que el PP ha adelantado la decisión de nombrar una gestora hay que buscarla en Valencia y también en Madrid.
En Valencia, por el paseíllo de este viernes de decenas de concejales, exconcejales y miembros de la formación ante la Guardia Civil para ser interrogados sobre si pudieron participar en una operación de blanqueo de dinero de presuntas mordidas mediante donaciones al partido.
Y en Madrid, por la presión que estas imágenes provocan en las negociaciones abiertas para conformar gobierno. Sobre la supuesta operación de blanqueo, son varios miembros del PP los que han admitido las donaciones de hasta mil euros antes de la última campaña electoral local, pero han negado que posteriormente ese dinero les fuera repuesto en efectivo.
Una investigación centrada en Imelsa
No obstante, algunos ex asesores del PP en el Ayuntamiento sí han revelado que fueron objeto de presiones y confirmado ese ‘modus operandi’. Un desfile ante el cuartel que acrecienta el “día negro” –en palabras de Bonig- que supuso la detención de 24 personas en la macrorredada del pasado martes.
La investigación judicial se centra en la empresa pública Imelsa (origen de la causa), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, la empresa pública Ciegsa de contrucción de centros educativos y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde 2003.
Este último caso de corrupción que ha estallado en Valencia, sumado al de la empresa pública Acuamed, hacen peligrar los intentos de Rajoy para mantenerse en la Moncloa. Su socio potencial, Ciudadanos, se lo hizo notar de forma inmediata. “Rajoy no puede abanderar la lucha contra la corrupción” y “las responsabilidades de Rajoy en un partido con tantos casos de corrupción pueden hacer más difícil un acuerdo”, fueron algunas de las frases de dirigentes de Ciudadanos para provocar un movimiento en las filas del PP.
La cirugía en Valencia se entiende como un intento de acallar las críticas sobre la inacción que Génova ha abanderado en otras ocasiones. “Este es un partido serio y está para pocas bromas, toma sus propias decisiones y nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer”, dijo el candidato del PP a la Moncloa este viernes.