Génova 'abandona' a Barberá mientras los ediles pasan ante el juez

Hace sólo unos días se defendía su inocencia. Pero la dirección del Partido Popular quiere ahora que la exalcaldesa de Valencia y actual senadora, Rita Barberá, se explique tras quedar todo el grupo municipal en el ayuntamiento (salvo un edil independiente) a las puertas de declarar ante el juez como imputados en la trama sobre el presunto amaño de contratos en varias administraciones valencianas a cambio de comisiones ilegales y en la que también se investiga si el grupo municipal blanqueó dinero a través de donaciones al partido.

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha manifestado este lunes que es Barberá quien tiene que dar las “explicaciones correspondientes” sobre su papel en la trama. Ni la Guardia Civil ni el juez que instruye el caso ha tomado ninguna acción sobre la exalcaldesa, ahora senadora y como tal aforada ante el Tribunal Supremo. Barberá permanece atrincherada desde que estalló la causa. Sólo ha hablado a través de una entrevista en la cadena Cope en la que negó cualquier amaño de contrato, ni mordidas ni desviaciones de dinero. Maíllo ha instado a la senadora a salir a la palestra. “En el futuro comparecerá en otros medios”, dijo.

El vicesecretario de Organización, no obstante, reiteró el mensaje del jefe de Génova, Mariano Rajoy, al decir que no existe ninguna acusación formal sobre ella. Pero la investigación cada vez estrangula más al grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia que dirigió Barberá durante 24 años. Nueve de los diez concejales actuales (salvo el independiente) tendrán que declarar como investigados ante el juzgado de Instrucción 18 de Valencia.

Todos ellos ya han sido interrogados por la Guardia Civil en las pesquisas sobre el presunto blanqueo de dinero. De allí salieron con la citación para acudir a declarar ante el juez. Entre ellos, la concejala María Angels Ramón-Llín, que días atrás admitió las donaciones de mil euros para la última campaña electoral local, pero negó el blanqueo. Los investigadores creen que cerca de los 50 miembros (entre concejales, exconcejales, asesores…) siguieron órdenes de miembros del partido para donar cantidades de hasta mil euros que luego recibirían en efectivo. Cuatro exasesores del PP han admitido las presiones para realizar estos ‘donativos’.

Por el momento, el juez del caso ha citado oficialmente este miércoles como imputado a Alfonso Novo, portavoz y sucesor de la exalcaldesa, Rita Barberá. Novo fue imputado por el juzgado el mismo día que estalló la Operación Taula. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha informado de que el juzgado ha citado también para el miércoles a un asesor del grupo municipal del PP y a otra tercera persona.

Los tres serán interrogados como investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. También será citada (aún sin fecha) una cuarta persona que estaba autorizada para disponer de las cuentas de la agrupación local del PP en Valencia. Tras ellos deberán pasar los concejales y asesores que desde el viernes pasado han declarado ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil.

Capote a Barberá

Uno de los excargos que han pasado este lunes por el cuartel ha sido el exedil del PP Juan Vicente Jurado. A su salida ha querido descargar de responsabilidad a Barberá y ha asegurado que “quien movía los hilos” en los últimos años era Alfonso Grau, el vicealcalde que se siente en el banquillo de los acusados del caso Nóos y que está casado con María José Alcón, la exconcejala detenida el pasado martes en la operación Taula.

La imputación de toda la cúpula del PP en el Ayuntamiento de Valencia deja al partido en una situación insostenible. El pasado viernes, el partido decidía disolver la ejecutiva local y nombrar (todavía en trámite) una gestora que tomara las riendas de la formación. Alfonso Novo ha sido suspendido de militancia, no así el resto de su equipo. Desde los populares valencianos se ha optado por esperar al paseíllo judicial de los concejales para decidir qué hacer.

Reaparición de Benavent

También ha pasado este lunes ante el cuartel de la Guardia Civil el exgerente de la empresa pública Imelsa (germen del caso), Marcos Benavent, la persona que durante años grabó las conversaciones que evidenciarían el cobro de sobornos y mordidas a cambio de contratos que acabaron ante el juez tras una denuncia de Izquierda Unida. Benavent, también imputado en la causa, ha reafirmado su voluntad de seguir colaborando con la justicia.