El 'clan Pujol' sigue insistiendo que el dinero oculto en Andorra no proviene de la corrupción catalana tal y como sospechan la Fiscalía Anticorrupción, el juez y la Policía. Desde que se conoció que la familia del expresidente catalán, Jordi Pujol, ocultaba dinero en el paraíso fiscal vecino, todos los miembros del clan han defiendo ante la Justicia y ante el Parlamento catalán que su dinero procede de una herencia del padre Florenci Pujol, que gestionó el hijo mayor del ex dirigente catalán.
Hasta la fecha, todos y cada uno de los hermanos Pujol Ferrusola, así como sus padres, habían asegurado que la herencia del abuelo Florenci se multiplicó por diez, hasta alcanzar los ocho millones de euros, por la gran capacidad financiera de Jordi Pujol Jr. Ahora, su defensa va más allá.
En un escrito, critica a los investigadores, que sospechan que ese dinero se multiplicó por la única razón de que la procedencia no era un legado familiar de 140 millones de pesetas, sino que es dinero que han ido consiguiendo por el cobro de comisiones ilegales a empresarios a cambios de adjudicaciones públicas en Cataluña. Y dice: “bastaría un rudimentario cálculo que atienda a las dos devaluaciones de la peseta –el depósito inicial era en dólares– y a un recordatorio sobre la rentabilidad del dinero en todos esos ejercicios para desvanecer esa sorprendente afirmación”.
De esta manera, su defensa se muestra en “abierta discrepancia” a la sospecha que tienen los investigadores sobre la procedencia “ilícita” del dinero escondido en Andorra, y que tanto los hijos de Pujol como la esposa de éste, Marta Ferrusola, regularizaron en julio de 2014 al fisco español. Quien nunca regularizó fue el propio Pujol i Soley porque siempre ha mantenido que jamás ha tenido dinero en el extranjero, extremo que también se encuentra ahora en entredicho en la investigación. Un manuscrito firmado por él y entregado al Andbank reconociendo que una de las cuentas de su hijo mayor realmente es suya, le pone en el punto de mira.
Es más, el ex presidente está citado a declarar en calidad de investigado junto a su mujer ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para preguntarle precisamente qué significa el manuscrito entregado a un banco andorrano en 2010 cuando todavía ostentaba un cargo público como presidente de la Generalitat.
La semana que viene también va a declarar Jordi Jr, ante el mismo juez que ya declararon sus hermanos Pere y Josep, después de que el magistrado ordenara el registro de sus domicilios y les citara como imputados.
Sacar el caso de la Audiencia Nacional
La familia Pujol no quiere que sea el juez De la Mata quien asuma la investigación de toda la familia. Hasta hace un mes, en la Audiencia Nacional se encontraba imputado Jordi Pujol Ferrusola por sus negocios sospechosos y posteriormente sus dos hermanos. Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona investigaba al matrimonio Pujol-Ferrusola y a varios de sus hijos, en una causa abierta a raíz de la regularización de sus fondos. Esta magistrada entendió recientemente que todas las sospechas de la familia Pujol debían investigarse en una misma causa y se lo remitió a De la Mata.
La defensa de la familia pretende que sea al revés y la causa se quede en Barcelona. Por esta razón ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona en el que explica que los delitos que se investigan a los miembros de la familia Pujol no cumple los requisitos que exige la ley para que sea competencia de la Audiencia Nacional.
A su juicio, los delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal y falsedad en documento mercantil por los que se investiga a los Pujol no están contemplados en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que regula la competencia de la Audiencia Nacional. Tampoco está dentro de su paraguas de actuación los delitos de “corrupción pública que brumosa y preñado de inconcreción se sugieren como eventuales generadores de los fondos investigados y como configuradores de la actividad delictiva precedente al blanqueo de capitales”, recoge el recurso.
“Ni atisbo” de indicios delictivos
Según la defensa, “no basta con que exista un segmento del hecho acontecido en el extranjero, sino que resulta necesario que todo el hecho se haya realizado en el extranjero, pues bastará actividad típica en España para que rija la ordinaria territorialidad y, en su consecuencia, la competencia del Juzgado de Instrucción común, y ello de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
Mantiene, por tanto, que no basta con que parte del delito se haya cometido en el extranjero sino que se ha tenido que cometer todo el hecho fuera del territorio nacional. Aún así, sostiene que a día de hoy no hay elementos de prueba “ni atisbo de indicios de tipicidad penal de blanqueo de capitales (no hay indicio ni remoto del delito antecedente) ni de delito fiscal (la antigüedad de los fondos conducen a la prescripción, amén de concurrir atipicidad sobrevenida por regularización)”.
Respecto al hecho de que sea el primero Juzgado que haya iniciado una investigación conexa con otro asunto el que debe quedarse con el caso, la defensa de los Pujol también rebate que la causa iniciada en la Audiencia Nacional sea la primera. Temporalmente, efectivamente fue el juez Pablo Ruz quien inició una investigación.
Sin embargo, el origen se trata de una denuncia “genética y difusa” de la ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, quien aseguró primero ante la Policía y luego ante el juez que había acompañado a Jordi Jr a Andorra con el maletero con mochilas con billetes de 500 euros. Pero a su juicio, la manifestación “difusa” de la denunciante no sirve para tener en cuenta como indicio suficiente para que la competencia recaiga en la Audiencia Nacional.